«Los hechos tanto por su montante, cuya cuantía global se desconoce con exactitud, cuanto por su dinámica comisiva, no permiten afirmar una complejidad, ni en su investigación, ni una trascendencia económica», concluye el auto dictado por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal el pasado 30 de junio, que rechaza la cuestión de competencia planteada por la juez de primera instancia.

El Supremo considera que aunque exista «un posible delito de estafa encuadrado bajo el término defraudación y otros conexos (delitos de estafa, relativos al mercado, apropiación indebida y delito societario)» su trámite no corresponde a la Audiencia Nacional porque el perjuicio patrimonial no afectó a «una generalidad de personas».

La titular del Juzgado de Instrucción Número 39 de Madrid, Belén Sánchez, tendrá que seguir tramitando esta querella presentada por la Asociación Activa, contra el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, el consejero y vicepresidente tercero del banco, Matías Rodríguez Inciarte, y otros responsables de la entidad por la congelación de los reembolsos del fondo de inversión Santander Banif Inmobiliario.

El pasado mes de marzo, la juez admitió a trámite la querella, a la vez que planteó la cuestión de competencia ante el Supremo, y abrió diligencias previas, que le llevaron a solicitar documentación al Banco Santander, a su filial Banif y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entre otros.

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