Por    Manuel Cobo del Rosal. Dr. Honoris Causa Iuris, Mult.

Lo ocurrido con los fátuos viajes del presidente del Tribunal Constitucional y la anterior presidenta, no tienen nombre ni explicación de ninguna clase, y menos, benévola. Que dichos empleados públicos hayan gastado lo que para algunos es una pequeña fortuna, es algo ética, ilegal y constitucionalmente estremecedor.

Con toda ingenuidad, incluso abogados con más de medio siglo de ejercicio y en la cumbre académica vamos a llamar a la puerta de un Tribunal lento, que ahora se revela como una especie de agencia de turismo a países exóticos, donde no pintan nada, más que su puro deleite, los componentes de dicho Tribunal. Y, encima, como auténticos somormujos, calladitos, sin decir palabra y nos enteramos de la itinerancia de sus presidentes a través de un medio bastante serio y veraz como es el diario ABC de Madrid.

Desde ese medio le han solicitado, que yo sepa, y también desde otras instancias, que den la cara y expliquen en qué y para qué han tenido que llevar a cabo desplazamientos de más de 50.000 kilómetros, con todo el coste que para las arcas públicas significa, sobre todo, la primera clase y los hoteles de gran lujo, en lugar de dedicarse a estudiar, que falta les hace, y a no confirmar decisiones condenatorias sin prueba de ninguna clase.

Pero, estos señores y señoras, ¿para qué se creen que están ellos en el Tribunal Constitucional?, ¿para que se diviertan y lo pasen bien y que lo que no han querido o no han podido costearse a su cargo, se lo financiemos los ciudadanos españoles con sus impuestos, y mientras ellos disfrutando, que la vida son dos días? Pero, ¿qué se han creído qué son esos empleados públicos? ¿Por qué aprovechan la menor o mayor impunidad que pueda atribuirle una legislación ingénua y confiada para someter a saqueo los epígrafes presupuestarios que con todo rigor constitucional, financiero y, si se me apura, hasta jurídico-penal debieran llevar a cabo? ¿Qué se han creído?, ¿qué todo el monte es orégano?

No, en absoluto, España no debe ser nunca un Estado bananero, sino un verdadero Estado social y democrático de Derecho, expresión de lo que dijera mi colega, el profesor Tierno Galván, de una “sociedad avanzada”, tal y como se incorporó al Preámbulo de la propia Constitución. Tienen que dar cuenta, no ante sí y para sí, sino ante las instituciones que para ese control existen y están creadas por el Texto constitucional o, al menos, ante la ciudadanía, ante la escandalizada opinión pública. Se creen los voceros de la Constitución. Pues no son voceros de nadie ni de nada, sino de su cegato corporativismo y oscurantismo y su falta de valentía no haciendo resplandecer la justicia, a lo que constitucionalmente están obligados.

Pero, tiempo al tiempo. El precedente de Carlos Dívar fue una sombra de lo que será esto. Dívar, forzado por las circunstancias, dimitió y se marchó a su casa, por la puerta falsa, a cobrar su pensión como mero funcionario judicial. Aquí, cuando llegue el momento de la rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas del Reino de España, si antes nadie ejerce las acciones legales correspondientes, como se está rumoreando, tendrán que pasar por mayores vergüenzas que las que pasó el defenestrado e irrepetible Dívar.

El abuso del poder, el abuso de una posición formal de superioridad y la comisión de injusticias inexplicadas e inexplicables, como son las cuentas hasta ahora, pensando que ya se olvidarán y no estando en una dictadura, no les va a librar de las responsabilidades a las que están sometidos por su actuación manifiestamente ilegal y que constituye un auténtico bochorno para un órgano del Estado al que la Ley le denomina, nada más y nada menos, máximo intérprete de la Constitución. Descuartizada como está España y sangrando por doquier, con un despilfarro económico que está pagando la sociedad, y muy especialmente los seis millones de parados que viven limosnera y mendicantemente, estos pésimos e ilegales ejemplos no tienen perdón de Dios y no deben tenerlo tampoco de la Ley. Ni de nadie.

Los pasos elefantiásicos de la Administración son lentos e inoportunos, y esto explotará, con todo su fragor, cuando menos se espere. Más pronto de lo que se creen. Pero, claro, ellos deben estar diciendo: “que me quiten lo bailao”. Lo “bailao” en este caso es una danza tétrica e impía a cuenta del desgarrado y arruinado pueblo español, por ciudadanos en los que se ha puesto la máxima confianza pensando que tenían un mínimo de decoro y de honestidad.

Pero, a estas personas, no se les puede exigir justicia en sus resoluciones, porque están muy ocupadas en Rumanía, Colombia, Puerto Rico, Rusia, Alemania, República Dominicana, México, Turquía y, cómo no, París. Por no citar otros destinos todavía más exóticos en los que, supuestamente, el presidente Pascual Sala estuvo representado. ¿Por quién? Silencio. ¿Para qué? Silencio también. Cuyo coste, silencio igualmente. Como se ha dicho en el editorial de un prestigioso diario madrileño: “en tiempos de crisis, el dinero público debe ser utilizado con un criterio restrictivo y es preciso que cada viaje oficial se justifique objetivamente, caso por caso. Por ello, Pascual Sala está obligado a informar con todo tipo de detalles en lugar de dar la callada por respuesta”.

Dar la callada por respuesta es una actitud de desprecio hacia el pueblo español y que provoca que un grupo de abogados, como parece que ha sucedido ya, entre en liza y le saquen los colores por tan escandalosa actuación en la disposición desenfrenada de su afición turística y viajera. ¿Es sólo un problema de falta de categoría -que no tendrían si no es a través de su cargo- o es que no saben frenarse ante la tentación de tener disposición sobre un paquete de euros? ¿Es sólo falta de categoría o es simplemente una manifiesta infracción de la Ley, en beneficio propio, con todo lo que ello puede comportar? Es mejor no aventurar para no llorar más de pena por la IUSTITIA que debiera imperar en la interpretación y aplicación del Derecho.

El panorama es vergonzoso, desde luego, y, sin duda, desolador.

Con Franco –había sólo Tribunal Supremo-, o la discreción era máxima o es que no sucedían estas cosas. Tertium non datur.

 

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