La facturación empresarial entra en una etapa de mayor control técnico y administrativo. No es un cambio menor ni una simple actualización de programas. Afecta a la forma en que empresas, autónomos y asesorías emiten facturas, registran operaciones, corrigen errores y conservan la información fiscal.
El origen de este nuevo escenario está en dos grandes normas: la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal y la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas. Una se centra en impedir la manipulación de los registros de facturación. La otra impulsa la factura electrónica obligatoria en las relaciones entre empresas y profesionales.
El reglamento de verifactu desarrolla los requisitos técnicos que deberán cumplir los sistemas informáticos de facturación. La finalidad es que cada factura emitida pueda ser comprobada con seguridad y que el software no permita modificaciones ocultas.
Lo que sabemos sobre la Ley Antifraude
La Ley Antifraude es un cambio importante porque desplaza parte del control fiscal hacia los programas utilizados por los negocios. Ya no basta con que una factura exista. También debe haber sido generada por un sistema fiable, capaz de conservar el registro y demostrar que no ha sido alterado sin constancia.
La ley crea y crece entrada en vigor completa este proceso con la implantación progresiva de la factura electrónica obligatoria entre empresas y autónomos. Esta medida pretende mejorar la transparencia de las operaciones B2B, reducir la morosidad y facilitar el seguimiento de los pagos comerciales.
El mensaje de fondo es bastante claro: la Administración quiere que las operaciones económicas sean más verificables. Para las empresas, esto significa revisar rutinas que quizá funcionaban por costumbre, pero que no siempre estaban preparadas para un entorno digital regulado. Facturar dejará de ser solo emitir un documento; implicará cumplir una cadena de requisitos técnicos, fiscales y documentales.
Registros correctos y facturas seguras
VeriFactu está vinculado al uso de sistemas de facturación certificados o adaptados a los requisitos antifraude. Estos programas deberán garantizar que cada registro se genera correctamente, se conserva de forma segura y no puede ser modificado sin dejar rastro. En la práctica, será necesario trabajar con soluciones informáticas preparadas para cumplir con la normativa.
Esto afectará tanto a sociedades como a autónomos. Las empresas deberán hablar con sus proveedores tecnológicos, comprobar calendarios de actualización y asegurarse de que el sistema utilizado no se queda fuera del marco legal. También será conveniente revisar permisos de usuario, procesos de rectificación y formas de archivo.
Fechas que debes conocer
Las fechas principales que debes conocer son varias.
En primer lugar, está el 1 de enero de 2027, cuando sociedades anónimas y sociedades limitadas estarán ya obligadas a usar software de facturación certificado y adaptado a VeriFactu.
Otra fecha importante es el 1 de julio de 2027, cuando la obligación se trasladará a autónomos, sociedades civiles y el resto de empresas.
Por último, para el verano del 2027 está previsto que la factura electrónica sea obligatoria para empresas con facturación anual superior a 8 millones de euros, pendiente de Orden Ministerial. Y para el verano 2028 para el resto de empresas y autónomos con menor facturación.
Factura electrónica obligatoria: un cambio de procedimiento
La nueva obligación exige trabajar con formatos electrónicos estructurados, capaces de ser tratados por sistemas informáticos y compatibles con los requisitos que establezca el desarrollo reglamentario.
La factura electrónica también busca combatir la morosidad. Al facilitar el seguimiento de las facturas emitidas y recibidas, será más sencillo comprobar plazos, vencimientos y situaciones de pago. Para muchas pymes, esto puede convertirse en una mejora real de control interno, aunque al principio exija adaptación y cierta disciplina administrativa.
Obligaciones distintas, un mismo cambio de fondo
VeriFactu y factura electrónica obligatoria pertenecen al mismo proceso de modernización, pero no son lo mismo. VeriFactu se refiere al software que registra las operaciones. La factura electrónica obligatoria se refiere al formato y a la gestión de las facturas entre empresas y profesionales.
Esta diferencia conviene tenerla clara para evitar errores. Una empresa puede pensar que al contratar un programa adaptado a VeriFactu ya cumple con todo, pero todavía tendrá que prepararse para emitir y recibir facturas electrónicas cuando le corresponda. También puede ocurrir lo contrario: trabajar con facturas electrónicas sin tener bien resuelta la parte del software de facturación.
Cómo prepararse antes de que llegue la obligación
La preparación no debería empezar cuando la fecha esté encima. Lo razonable es revisar el sistema actual, detectar carencias y decidir con tiempo qué cambios serán necesarios. Algunas actuaciones básicas pueden evitar problemas posteriores como confirmar si el programa de facturación estará adaptado a VeriFactu, revisar cómo se emiten, anulan o rectifican facturas, actualizar los datos fiscales de clientes y proveedores o preparar al personal que gestiona facturación, cobros y contabilidad. La adaptación tecnológica y administrativa requiere planificación. Quienes revisen sus herramientas con tiempo podrán elegir mejor, formar a sus equipos y reducir errores.
