14/05/2010 consejo general del poder judicial CGPJ.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha premiado, en sus premios 'Calidad de la Justicia 2012', a la Direcció General de Modernizació de la Administración de Justicia de la Generalitat de Cata

El Tribunal de Cuentas considera que es necesario que el Consejo General del Poder judicial (CGPJ) modifique el actual modelo de financiación con ayudas públicas de las asociaciones judiciales con el fin de que “se eviten los riesgos de sobrefinanciación” detectados en los últimos ejercicios, Así, Informe de Fiscalización del CGPJ, correspondiente a 2010, bajo la presidencia de Carlos Dívar, que el organismo acaba de remitir a las Cortes el Tribunal de Cuentas.

Las ayudas abonadas a las asociaciones judiciales en 2010 totalizaron los 738.426 euros, oscilando la participación de cada una de ellas entre cerca de 210.000 euros y 139.000 euros, según su representatividad en el colectivo. De esta cantidad, 670.540 euros se destinaron a los gastos de funcionamiento y 67.866 euros a financiar las actividades de formación, impulsadas por las asociaciones judiciales en el programa que gestionaba el Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial.

Tres de las asociaciones obtuvieron por un lado ayudas para financiar actividades formativas por 35.526 euros, que además recibieron otros 1.872 euros de ayuda para gastos de funcionamiento, lo que supuso que las mismas actividades se financiaron por dos vías distintas al mismo tiempo.

Sin publicación el BOE

La convocatoria de las ayudas del año 2010 se realizó mediante el acuerdo de Pleno del 22 de julio de 2010, y en ella se establecía que se regirían por las bases de 2004. La convocatoria recogía el importe máximo (670.540 euros), el periodo subvencionable (entre el 1 de diciembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2010) y la aplicación presupuestaria (08.1.13.111M483), indicando que todas las referencias que contuvieran las bases a dicho año se entenderían referidas a 2010.

Sin embargo, según denuncia el Tribunal de Cuentas, las bases de 2004, al igual que las convocatorias anuales de las ayudas aprobadas en los años posteriores, incluida la de 2010 y la concesión de las ayudas, no fueron publicadas en el BOE, lo que no se ajusta a lo previsto en los artículos 17.1, 23 y 18 de la LGS, respectivamente. El servicio jurídico del CGPJ consideró que se trataba de subvenciones nominativas59. Estas ayudas se incluyeron en los PGE en el concepto 483 “A las asociaciones judiciales”, de manera que no se identificaba expresamente a las asociaciones judiciales beneficiarias.

Sin embargo, las actuales bases reguladoras, así como las convocatorias anuales y las ayudas concedidas desde 2011 sí se publicaron en el BOE.

Además, las bases mantuvieron la justificación de las ayudas mediante relación certificada y estados contables, a pesar del informe de la Intervención en el que se indicaba que de la LGS se deduce la obligatoriedad de justificar el empleo de los fondos recibidos con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente.

Sin firma

Según el informe, las cuentas anuales presentadas por las asociaciones judiciales que sirvieron como justificación de las ayudas no estaban firmadas por los responsables de las mismas ni se acreditaban que hubieran sido formuladas por sus órganos gestores, requisitos exigidos en las normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en su normativa contable.

Los porcentajes en los que se financiaron los gastos de funcionamiento de las Asociaciones, de acuerdo con los datos obtenidos del Informe de Gerencia sobre la justificación de las ayudas, aprobado por el acuerdo del Pleno del CGPJ de 30 de junio de 2011, oscilaron entre el 99,37 y el 77,01%.

Sobrefinanciación

Estos porcentajes de financiación son criticados por el Tribunal de Cuentas en su informe. El organismo advierte que para el cálculo de los porcentajes de financiación no se tuvo en cuenta el resto de los ingresos obtenidos por estas asociaciones ni el resto de los gastos.

En 2010, estas obtuvieron otros ingresos que, en concurrencia con las subvenciones de la Cúpula Judicial, produjeron un superávit presupuestario. Esta situación -explica el organismo fiscalizador- deriva del modelo de financiación con cargo a fondos públicos de las asociaciones judiciales establecido por el CGPJ, en virtud del cual la actividad asociativa ordinaria ha estado financiada con carácter global, prácticamente en su integridad, con cargo a subvenciones y ayudas públicas, con independencia de sus otros ingresos y recursos como, por ejemplo, las cuotas de asociados.

“Consecuentemente, dada la situación de superávit indicada, podría haberse producido un exceso de financiación, vedado en el artículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones (LGS), salvo que las asociaciones hubieran acreditado ante el Consejo, y este hubiera comprobado haber destinado sus restantes ingresos y recursos a otros fines distintos de sus gastos corrientes y de funcionamiento, en la parte que excediera de las ayudas otorgadas”, concluye el informe.

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