El Tribunal de Madrid revoca la aprobación definitiva de un nuevo sector residencial, denominado SAU 21, al estimar el recurso interpuesto por los ecologistas contra dicho acuerdo adoptado en 2005 por la Comunidad de Madrid en 2005. Los magistrados entienden que el Decreto regional de protección acústica es de aplicación.

Ecologistas en Acción mostró su satisfacción ante el fallo judicial. No obstante, alertó de “las graves irregularidades” que se vienen cometiendo en la Dirección General de Urbanismo donde, a su juicio, “sin escrúpulos, se aprueban actuaciones urbanísticas que no sólo afectan al medio ambiente sino también a la salud de las personas”.

En la resolución, el TSJM argumenta que la Comunidad de Madrid se ha apartado “sin justificación ni cobertura legal” de los criterios defendidos con anterioridad determinando que se tuvieran por subsanadas las deficiencias de que adolecía el SAU 21.

Según la organización, la autorización para construir las viviendas se aplazó hasta en dos ocasiones. Este sector se sitúa en una zona donde se superan los niveles de ruido permitidos, para uso residencial, en el Decreto de protección de contaminación acústica de la Comunidad de Madrid.

Este Decreto es más restrictivo que la Ley del Ruido estatal. Mientras que la Ley del Ruido establece máximos de 65 decibelios diurnos y 55 decibelios nocturnos, el Decreto de la Comunidad de Madrid restringe el uso residencial a zonas donde no se superen los 55 decibelios diurnos y los 45 nocturnos. Todo ello para garantizar la salud de los ciudadanos.

Ecolistas en Acción explicó que, en 2005, poco después de llegar al gobierno Esperanza Aguirre y ocupar la Dirección General de Urbanismo Enrique Porto Rey, el sector, se aprobó definitivamente. Para ello se argumentó que el Decreto de protección de contaminación acústica de la Comunidad de Madrid no era de aplicación, siéndolo sólo la Ley de Ruido estatal. Así la nueva Dirección General de Urbanismo daba por subsanadas las deficiencias manifestadas en los informes emitidos, en años anteriores.

De esta forma, según la organización, se pretendía dar vía libre a la urbanización de 233 hectáreas y a la construcción de 8.800 viviendas que podrían llegar a albergar a 28.160 habitantes a sabiendas que la calidad de vida de los futuros residentes se vería mermada por el ruido producido por el sobrevuelo de los aviones del aeropuerto de Barajas.

Se da la circunstancia que los promotores son Reyal, Realia y Fadesa. Enrique Porto Rey había trabajado para esta última empresa antes de ser nombrado Director General. Además, el plan parcial del sector lo había redactado Plarquin Consultores, la consultora de la que Porto Rey era propietario y a la que siguió vinculado tras su nombramiento.

Ante esta situación y teniendo en cuenta que los terrenos del SAU 21 tienen importantes valores ambientales, Ecologistas en Acción, recurrió la aprobación definitiva, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Ahora, mediante sentencia de fecha 29 de mayo de 2009, notificada el 4 de septiembre, se anula la aprobación definitiva del ámbito del SAU 21.

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