La información fue brindada por la Guardia Civil y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en un comunicado.
Esto demuestra el «ritmo vertiginoso» que tenían estas operaciones en las que todos los intervinientes ganaban dinero, el mismo que de forma simultánea perdía la Hacienda Pública. El fraude se cometía mediante la evasión del devengo que se genera como consecuencia de la liquidación del IVA que genera el comercio de bonos de emisión de gases de efecto invernadero.
La red estaba formada por unas 40 personas que establecieron una cadena internacional de sociedades que abrían cuentas de negociación de derechos de CO2 en diversos registros, principalmente en el de Dinamarca.
La organización adquiría una partida y a través de las plataformas en el mercado realizaba en el mismo día la venta y la recompra de los derechos. Cada vez que los derechos eran comprados por la primera sociedad española, denominada en argot «trucha» ésta bajaba el precio y añadía una cuota de IVA que nunca ingresaba.
De esta forma los derechos de CO2 volvían a tener un precio muy competitivo (por debajo del precio de mercado) y podían fácilmente volver a colocarse a grandes operadores españoles del sector y luego a sociedades en otros Estados.
En numerosas ocasiones la re-exportación se producía a través del mercado francés, conocido como Bluenext, y de operadores del mercado inglés como Ice Clear.
La AEAT inició las averiguaciones después de que las autoridades fiscales de Francia, Reino Unido y Holanda advirtieran de la posibilidad de que los mercados internacionales de derechos de emisión de CO2, conocidos como «carbon allowances», hubieran sido objeto de un importante ataque por parte de grupos de delincuencia organizada.
Una vez verificada la situación en España se comprobó que la situación era igualmente preocupante, y las averiguaciones culminaron con la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que finalmente se presentó en el Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional.
