No es tarea sencilla encontrar sustento legal para defender la existencia del derecho a la objeción de conciencia del abogado. Tampoco ayuda el hecho de que no exista en nuestra Norma Suprema un reconocimiento de tal derecho más allá del ejercicio militar (artículo 30 CE), hasta tal punto que el Tribunal Supremo haya tenido que declarar que no existe en nuestro país un derecho a la objeción de conciencia de alcance general (STS, de 11 de febrero de 2009). Pero cuando a este vacío jurídico se suma el cerco de la relación laboral, canalizado a través del poder de dirección del empresario, solo un aventurado podría adentrarse en la búsqueda de un derecho de tales características en el ejercicio de la abogacía.

Lo cierto es que, aunque no exista en nuestro Ordenamiento un reconocimiento expreso de la objeción de conciencia que tenga alcance general, el Tribunal Constitucional sí ha establecido que el mismo forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa (SSTC 53/1985 y 145/2015). Así, la aplicabilidad directa de los derechos fundamentales permite extraer su existencia (de facto) como consecuencia lógica y necesaria de las libertades que reconoce el artículo 16 de la Constitución Española. Objetar en conciencia comporta, de este modo, renunciar a acatar una norma u obligación en base a una convicción de orden religioso, ético, moral, humanitario, filosófico u otras de la misma naturaleza, con el fin de evitar un agravio sobre la propia libertad ideológica y religiosa.

Ahora bien, el ejercicio del fundamental derecho a la libertad ideológica y religiosa reviste una especial complejidad respecto del abogado, limitado por la función pública que desempeña, al prestar un servicio esencial para la efectiva satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, es significativo el hecho de que nuestro Ordenamiento reconoce el derecho de todo abogado a actuar, en todo momento, conforme a los principios, valores y normas éticas que rigen la profesión de abogado (artículo 5 del Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre). La ética propia del abogado que aboga, en suma, está sujeta al buen ejercicio de su profesión, de acuerdo con los principios deontológicos y la lex artis. Por tanto, en ningún caso la libertad ideológica o religiosa puede justificar una actuación del letrado que sea contraria a dichos valores y pueda provocar indefensión en el justiciable.

En contrapunto, el abogado sí ostenta en todo caso un derecho a actuar conforme a los valores éticos y deontológicos propios de la profesión. Se trata de un derecho oponible incluso frente al titular del despacho, quien no puede transgredir el ámbito de independencia del abogado, ni obligarle a adoptar conductas contrarias a la deontología profesional. Tal y como ha declarado la Sentencia del Tribunal de Justicia de Cataluña, de 20 de junio de 2016, en las profesiones liberales -como la abogacía- la nota de dependencia se encuentra “muy atenuada e incluso puede desaparecer a la vista de las exigencias deontológicas y profesionales”. Y es que el poder de dirección y organización del empresario (titular del despacho) se encuentra supeditado al buen ejercicio de la profesión de abogado, y, por tanto, ampara al abogado por cuenta ajena a reivindicar la ética deontológica cuando el mandato del superior jerárquico es contrario a la misma.

Pero incluso en el punto anterior no puede afirmarse que estemos hablando de un supuesto derecho a la objeción de conciencia, soportado por la libertad ideológica del abogado, puesto que lo que realmente subyace es el derecho a la defensa letrada que constitucionaliza el artículo 24.2 CE.

Cuestión singular es la obligación de asumir aquellos asuntos que encomienda el titular del despacho. Si bien el ejercicio por cuenta propia no plantea especiales problemas morales para quien goza de independencia en la aceptación del encargo, los escrúpulos de conciencia sí pueden poner a prueba la moral de quien presta sus servicios en un despacho profesional. El principio general lo establece el artículo 24 del Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, que preceptúa como infracción laboral la “negativa infundada a asumir los asuntos encomendados por el titular del despacho”. El poder de dirección propio del empresario, de este modo, reduce a una negativa “fundada” la disposición del abogado sobre los asuntos encomendados.

En este sentido, es forzoso recordar que la jurisprudencia constitucional de nuestro país ha establecido que los derechos fundamentales del trabajador han de hacerse compatibles con las obligaciones y deberes que nacen a partir del contrato de trabajo (SSTC 11/1981 y 177/1988), de tal manera que, aunque la relación laboral no patrocina la renunciabilidad sobre los derechos fundamentales del empleado, sí se admite la renuncia temporal a su ejercicio. Y parece plausible admitir que el abogado que decide insertarse en el ámbito de organización de un despacho profesional admite subordinarse respecto de los asuntos que le encomiende el titular del mismo. Con esta base, es aún más ardua la tarea de pretender “fundar” la negativa a asumir el asunto encomendado por el titular del despacho en los propios escrúpulos ideológicos o religiosos del abogado. No solo el derecho a la defensa letrada al que el artículo 24.2 CE dota de carácter fundamental, sino también el poder de dirección y organización del empleador, limitan la anterior posibilidad.

Con todo ello, aunque no del todo descartable, es muy limitada la oposición de motivos ideológicos o religiosos en el ejercicio de la abogacía en un despacho profesional. Parece que el único resquicio de oposición es la reivindicación de la ética que le es propia a la profesión de abogado, y no tanto la del propio profesional como ciudadano humano en sí mismo. La función pública que este tiene encomendada obliga a que se le presuponga una mayor impermeabilidad respecto de su más personal ideología (que no respecto de la ética que informa de la profesión), y reduce a una sombra cualquier forma de objeción de conciencia que podamos encontrar.

Decía nuestro antecesor, Ángel Ossorio y Gallardo, que en el “abogado la rectitud en la conciencia es mil veces más importante que el tesoro de los conocimientos”. Y es que, aunque no pueda sustentarse un derecho general a la objeción de conciencia en nuestra profesión, desde luego sí puede y debe reivindicarse un ejercicio recto en la conciencia del mismo, siempre armonizado con la función pública que representa.

  • Autor: Jesús Vidán
  • Labe Abogados y Consultores

 

 

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