por María Álvarez Caro. Abogada y periodista, doctorando en Universidad San Pablo CEU

Es frecuente escuchar que el Derecho camina por detrás de las nuevas tecnologías y son éstas las que van marcando, en algunos órdenes, por dónde debe ir el primero. Internet y las redes sociales son unas óptimas herramientas en el ámbito empresarial y fuente de oportunidades. Sin embargo, la Red también entraña riesgos y retos, al existir aún algunas lagunas jurídicas en lo que respecta a Internet y a la privacidad.

El carácter universal y global de Internet, el fácil acceso y el hecho de que sea un lugar en el que se alojan nuestros datos de forma permanente hace que sea un foro donde puede ponerse en jaque la privacidad. Ello ha llevado a que se venga a hablar de un nuevo derecho, todavía no reconocido como tal, el denominado “derecho al olvido”.

El pasado 25 de enero la Comisión Europea aprobó la propuesta del futuro Reglamento de Protección de Datos, recogiendo en el artículo 17 de su articulado el denominado derecho al olvido. El debate surgido en torno al derecho al olvido (“The Right to oblivion” o “The Right to be forgotten”) es notorio. No obstante, surgen dudas sobre un posible y efectivo reconocimiento en países como Estados Unidos, donde existe una clara primacía de la libertad de expresión e información (free speech and free press). En la colisión con otros derechos fundamentales, la jurisprudencia en EE.UU se ha venido mayoritariamente decantando por dar prevalencia a la libertad de expresión reconocida en la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU (First Amendment). Sin embargo, en Europa nuestra tradición jurídica es más protectora con la privacidad del individuo frente a las “invasiones” o “agresiones” a la misma procedentes tanto de otros individuos como de la autoridad. En concreto, la legislación española es una de las más estrictas y protectoras en materia de privacidad.

Ello hace que empresas como Google operen en Europa con más restricciones con respecto a la privacidad que en EE.UU. Esta diferencia de régimen jurídico dificulta a día de hoy la existencia de un marco regulador unitario, único y global en materia de privacidad. En EE.UU, las empresas compiten con una mayor libertad y menores obstáculos o restricciones en materia de privacidad. La necesidad de mejorar el marco regulador es algo que se pone de manifiesto si tenemos en cuenta que para los inversores (angel investors y empresas de capital riesgo) el marco regulador es un factor más decisivo a la hora de invertir en un país determinado que el hecho de que el país en cuestión atraviese una crisis económica o sea próspero. A fin de cuentas, el marco regulador afecta directamente a la economía y, por ello, en lo que respecta a la privacidad, se debe regular buscando un punto de equilibrio entre la defensa de los derechos individuales de las personas y el necesario crecimiento económico de un país.

Con la propuesta de Reglamento de la UE, la Directiva 95/46/CE será sustituida por un Reglamento directamente aplicable en todos los Estados miembros. A través de esta reforma, se pretende dar un paso hacia adelante en la armonización de la normativa europea en protección de datos, acabando así con la fragmentación existente en cada uno de los 27 Estados miembros que, a día de hoy, aplican y ejecutan la legislación en materia de protección de datos de forma diferente. Asimismo, la Audiencia Nacional en España tiene pendientes de resolver conflictos entre la Agencia de Protección de Datos y Google, de momento pendientes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con sede en Luxemburgo resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas. ¿Tiene Google un establecimiento permanente en España a efectos de la aplicación de la Directiva 95/46/CE? ¿Los motores de búsqueda entran en el tratamiento de los datos? Estas son sólo algunas de las preguntas a las que Luxemburgo deberá resolver.

La privacidad no debe ser vista como un obstáculo a la innovación y crecimiento, sino que debe verse precisamente como factor impulsor del desarrollo económico. Esta es una de las conclusiones que se alcanzaron en el seminario “Privacidad, innovación y crecimiento económico: el marco regulador de la privacidad como factor de estímulo de la economía digital”, organizado el pasado 8 de noviembre por la Cátedra Google/ Universidad San Pablo CEU sobre Privacidad, Sociedad e Innovación, cuyo titular es el catedrático de Derecho administrativo y ex director de la Agencia de Protección de Datos, José Luis Piñar. Esta cátedra, que fue presentada en junio en un acto al que asistió el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y que acaba de celebrar su primer seminario, se erige como centro de reflexión de referencia internacional sobre la protección de datos, la privacidad y la innovación.

Precisamente en este foro de expertos se puso de manifiesto la necesidad de establecer un marco jurídico uniforme y adaptar la legislación a la realidad de Internet. Parece ser que aunque comúnmente se diga que el Derecho camina por detrás de la tecnología, en un estado óptimo de la situación, Derecho y Tecnología deberían andar al unísono, a una misma velocidad.

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