Derecho y Tecnología han dejado de ser incompatibles para convertirse en una de las actividades principales de los despachos de abogados. Una firma como ECIJA, creada hace doce años como «boutique» especializada en TMT, es ahora la primera Firma Legal del mercado español en los sectores de Tecnología de la Información, Medios y Telecomunicaciones (TMT) y Propiedad Intelectual. ECIJA es actualmente uno de los 10 despachos más grandes de nuestro país y la primera Firma en el sector de Seguridad de la Información.

Alejandro Touriño es uno de sus especialistas más reputados en Propiedad Intelectual y Derecho de la Información. Bajo su punto de vista el conflicto provocado por la Ley Sinde con los internautas, es algo ya conocido y que debe reconvertirse de alguna forma. “El problema tiene más fondo del que parece. Igual que cuando viajas a un país nórdico no ves un papel en el suelo, debemos trabajar el lado cultural de este asunto y educar a las futuras generaciones en el buen uso de la Red. Es preciso que la Propiedad Intelectual sea entendida como un patrimonio de cada uno de los individuos”.

Alejandro Touriño es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela; Master en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado cursos de postgrado en instituciones españolas e internacionales como la University of Brighton, la WIPO Academy o el Instituto de Empresa, en materias relacionadas con el Derecho Comparado, la Propiedad Intelectual y el Derecho del Entretenimiento.

Inició su carrera profesional en la boutique especializada en Nuevas Tecnologías Jiménez & de Mulder Abogados, miembro de la alianza europea de Nuevas Tecnologías “Euro IT Counsel”. En la actualidad ejerce su actividad profesional como Asociado Senior de ECIJA, asesorando en materias como Derechos al Honor, Intimidad y Propia Imagen, Propiedad Intelectual e Industrial, contratación de Software, Nombres de Dominio o Derecho del Entretenimiento, entre otras.

Es ponente habitual en jornadas y conferencias de contenido vinculado a su área de trabajo y colaborador en revistas y prensa especializada (Economist & Jurist, Diario Jurídico, La Tribuna del Derecho, Legal Today, PC Actual, etcétera), habiendo publicado diversos artículos sobre Derechos de Imagen, Derecho en Internet, Nombres de Dominio y aspectos jurídicos del desarrollo y uso de las tecnologías de la información.

¿Cómo está organizada esta área de Litigation and Forensic Services de la que usted forma parte?

ECIJA se fundamenta en tres pilares básicos; uno legal, otro de cumplimiento normativo y otro de desarrollo del software necesario para que ese cumplimiento normativo sea posible. Dentro de la parte legal, el área de Litigation and Forensic a la que pertenezco nace como respuesta a las necesidades específicas de nuestros clientes; es la evolución lógica del Departamento Procesal, al hilo de la irrupción de las nuevas tecnologías en los negocios. Precisamente, desde la incorporación de Javier López como Responsable del Área, se ha aplicado con más intensidad la filosofía de la firma de aunar Derecho y Tecnología.

Respondemos de esta forma a las demandas de nuestros clientes, la mayor parte de ellos procedentes del sector tecnológico y audiovisual. Nos ocupamos principalmente de reclamaciones vinculadas con los Derechos al Honor, la Intimidad y la Propia Imagen, cuestiones relativas a la Propiedad Intelectual e Industrial y, en general, de cualquier cuestión que en nuestra área de especialización pueda llegar a Tribunales. En este contexto, cobra sentido el servicio de SOC (Security Operation Centre), por medio del cual damos respuesta jurídica y técnica a los problemas en el ámbito de Internet que nos plantean nuestros clientes.

La irrupción de las nuevas tecnologías, tanto como materia legal a estudiar como herramienta para el abogado, ¿puede modificar la forma de ejercer esta profesión?

Desde luego, así lo hemos entendido en nuestra firma. Si hace unos años era un valor diferencial de los despachos ofrecer este asesoramiento en materia legal, la irrupción de Internet, especialmente, obliga a los despachos a dar este servicio y a contar con profesionales duchos en la materia. Se trata de dar una solución integrada a los clientes en materia legal y tecnológica.

¿Cómo ve un abogado de su expertise la pugna entre el legislador e Internet, hay alguna fórmula para poder legislar de forma flexible la Red?

Es algo lógico que el Derecho vaya por detrás de la sociedad de la información. Pero no solamente es lógico sino que, entiendo, es algo necesario; el derecho debe dar respuesta a los problemas que se dan en la sociedad, no a los que puedan darse en el futuro, lo contrario sería una suerte de proto-Derecho que podría daría lugar a situaciones no deseadas. Así ha venido aconteciendo desde el Derecho Romano. El papel del legislador es el resolver los conflictos que la sociedad vaya generando. Por eso crear una legislación anticipada para ciertos temas sería peligroso.

Por otro lado, si bien es cierto que no hay un regulación específica de Internet, las diversas leyes sectoriales existentes van solventando las cuestiones que surgen en la Red. En cualquier caso, es evidente que se requerirá una mejora específica con el tiempo.

Los expertos que conocen Internet hablan de la autorregulación como el mejor método para que la Red solucione sus conflictos, ¿es posible la autogestión?

Es complicado llegar a ese tipo de soluciones. La principal característica de Internet es su aterritorialidad. Los conceptos tradicionales de jurisdicción y ley aplicable han quedado obsoletos y cada prestador de servicios de la sociedad de la información se acoge a una ley aplicable en función, muchas veces, de sus intereses. Empresas o prestadores de servicio que operan en España no se someten de forma íntegra a la legislación española, eso crea muchos conflictos y disparidad en la aplicación de las leyes. De ahí que se demande en estos casos concretos la autorregulación de los propios prestadores de servicios foráneos. Es el caso, por ejemplo, de Facebook, sometido a la jurisdicción norteamericana y al que se reclama desde muchos sectores el cumplimiento de la normativa aplicable a los usuarios a los que se dirige.

Aunque acaba de celebrarse recientemente por el Parlamento el Dia de Internet Segura, ¿es lógico plantearse que la Red pueda ser segura algún dia?

Hoy en día hablar de Internet seguro es más un deseo que una realidad clara. Por eso en ECIJA aunamos fuerzas legales y técnicas. Para ello, además de abogados, contamos con un nutrido equipo de hackers éticos, profesionales certificados que pueden decir a nuestros clientes de qué forma son vulnerables sus sistemas y así aplicar las contramedidas adecuadas. Esta actuación nuestra tiene una vertiente tecnológica al principio y luego más jurídica, de cara a actuar legalmente si fuera necesario contra esos posibles infractores. Como puede verse, además del cumplimiento normativo se trata de proteger al cliente de cualquier vulnerabilidad que se detecte.

En tiempos de crisis las empresas se reestructuran por razones de mercado y hay riesgos de pérdida mayores de información que en otros estados diferentes. En alguno de nuestros programas formativos también abordamos estas cuestiones y cómo desarrollar medidas preventivas si fuera necesario. Y es que no siempre el problema es externo sino que incluso puede estar dentro de la propia compañía.

Es curiosa la paradoja: una sociedad más conectada y comunicada en teoría y sin embargo crece el deseo del individuo de proteger su intimidad y honor.

En mi opinión éste es un conflicto del individuo consigo mismo. A veces exigimos a Internet un grado de privacidad que ni tan siquiera mantenemos en el mundo físico. En la sociedad tecnológica en la que nos encontramos, conocer las barreras de privacidad que nos ofrece cada una de las páginas que visitamos y la aplicación del sentido común son dos elementos fundamentales para conocer los riesgos a los que nos enfrentamos. En los diversos programas formativos que nuestro despacho organiza pretendemos recalcar estos aspectos. Pretendemos erradicar la figura del “huérfano digital”, esto es, aquel sujeto que utiliza las TIC sin conocer las consecuencias que de ello se pueden derivar.

De todas formas, en este contexto legal, la prueba electrónica sigue siendo cuestionada por la judicatura.

Es evidente que sigue siendo una asignatura pendiente, es cuestión de tiempo. Hace unos años la protocolización notarial parecía algo del futuro y hoy es algo plenamente aceptado en la Justicia. Lo mismo sucederá con las evidencias electrónicas. Son un tipo de prueba que no está regulada como tal en la LEC, son en realidad una prueba a caballo entre la prueba pericial y la documental y que permiten aportar en juicio una prueba en soporte electrónico con la garantía de su total inalterabilidad.

Hasta la fecha cuesta bastante que los magistrados asimilen este nuevo concepto. Por motivos culturales el sector judicial está poco próximo a las nuevas tecnologías. Entiendo que las nuevas generaciones de magistrados serán más receptivos a estas cuestiones.

Otro debate que la red genera es el propiciado entre el derecho a la intimidad y la libertad de información.

La verdad es que no es posible encontrar una solución generalizada a esta cuestión. Aunque pueda hablarse con carácter general de una prevalencia de la libertad de información sobre el derecho a la intimidad, no nos queda más remedio que acudir a la ponderación casuística para dar una solución individualizada. Es necesario analizar el supuesto concreto al que nos enfrentamos y valorarlo a la luz de la extensísima jurisprudencia que se ha ido aplicando en estos supuestos y que marca la línea de actuación.

En este sentido hemos tenido importantes novedades últimamente, principalmente respecto al uso de cámaras ocultas en reportajes de investigación. Recientemente, en un asunto que llevamos en el Despacho (asunto Rosa María Fornés), el Tribunal Supremo dictó una Sentencia que ha cambiado bastante el panorama. Donde se venía entendiendo que prevalecía la libertad de información por concurrir interés general, ánimo informativo y veracidad, el Tribunal Supremo entendió, no obstante, que no era suficiente y apreció que se había producido una vulneración al derecho a la intimidad. Frente a esta Sentencia hemos interpuesto Recurso de Amparo y estamos a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

Otro fenómeno imparable son las redes sociales, ¿en qué contexto legal se mueven en la actualidad?

Las Redes Sociales son el máximo exponente de lo que los expertos llaman web 2.0; donde se ha alterado el concepto tradicional de creación. Ahora el creador no es únicamente el titular de la página web, sino también los usuarios que aportan sus contenidos, a los cuales es preciso otorgar protección. Al propio responsable de la página se le unen los usuarios que pueden aportar sus contenidos en lo que se ha llamado periodismo ciudadano. Ahí está el valor añadido de esta nueva concepción.

Las redes sociales se mueven en el contexto de una múltiple legislación. Principalmente, la LSSI, que establece el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios; la LOPD (Ley Organica de Protección de Datos) que regula el tratamiento de los datos personales de los individuos; la Ley de Propiedad Intelectual, que regula esos derechos derivados de la creación; además de la Ley de protección jurídica al Honor, la Intimidad y la Propia Imagen, que regulan estas tres esferas del individuo, tan importantes en la Red.

De toda esta legislación que cita, ¿cuál es la que más exige a las propias redes sociales?

Es complicado contestar a esta pregunta porque estas normativas son muy recurrentes en las redes sociales. Podemos encontrarnos con conflictos relacionados con la propiedad intelectual, cuando se suben contenidos que no corresponden a la persona que supuestamente hizo esa aportación. Existen también conflictos con las cuestiones concretas de honor e imagen sobre todo relacionado con comentarios que exceden la libertad de expresión y molestan a personas físicas y jurídicas. Y, por supuesto, existe bastante problemática con respecto del uso inconsentido por terceros de datos de carácter personal.

¿Cuál es su opinión del conflicto generado desde la ya llamada Ley Sinde entre creadores y la industria?

El conflicto que ahora está de plena actualidad no es nuevo. De lo que poca gente parece ser consciente es del perjuicio que se deriva para los creadores con el modelo actual de vulneración indiscriminada e impune de la propiedad intelectual.

Creo que ha llegado el momento que se acabe el “todo gratis”; que dejen de violarse los derechos de los creadores de manera impune. La llamada Ley Sinde, que no deja de ser una disposición final en el Proyecto de Economia Sostenible intenta atajar estos problemas pero de forma, en mi opinión, equivocada.

El problema tiene más fondo del que parece. Igual que cuando viajas a un país nórdico y no ves un papel en el suelo, debemos trabajar el lado cultural de este asunto y educar a las futuras generaciones en el buen uso de la Red. Es preciso que la Propiedad Intelectual sea entendida como un patrimonio de cada uno de los individuos.

Yendo más al detalle de esta disposición, coincido en el comentario del socio director de nuestro despacho, Álvaro Écija, expresado en un artículo de opinión en un medio de difusión general, cuando hablaba de un error en el enfoque de esta norma.

En este contexto, ¿coincide con la opinión de otros colegas suyos que abogan por una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual?

Ésta es una cuestión que me preocupa, no hablamos de una norma demasiado antigua, la Ley de Propiedad Intelectual tiene poco más de 10 años. Creo que cualquier reforma hay que abordarla desde el consenso. Más que reformarla en su totalidad entiendo que ha de ser actualizada en determinados aspectos, aunque es evidente que la evolución de la red ha hecho que algunos de sus apartados hayan quedado obsoletos.

Hay dos concepciones de Propiedad Intelectual; la anglosajona que sólo reconoce los derechos patrimoniales del autor y el modelo continental heredado de la Revolución Francesa que, además de reconocer los citados derechos patrimoniales, ofrece un lugar a los morales, intransferibles y consustanciales al propio creador (autoría de la obra, retirada de la misma por convicciones morales o intelectuales…).

En este contexto el creador siempre tiene que estar cercano de su asesor legal. Escribir una novela o abordar una creación audiovisual no generan demasiados problemas de por sí, la cuestión viene cuando queremos explotar esas obras. En ese momento entra en juego el llamado “chain of title” o cadena de derechos, que debe ser tenido en cuenta para que el titular último pueda explotar la obra en el mercado.

El trabajo de una firma como la nuestra en este ámbito se centra en la configuración de la máxima protección de los derechos de nuestros clientes.

Da la sensación que la propia propiedad intelectual de los medios de comunicación es una de las más indefensas. Cualquiera puede utilizar material que no es suyo y crear un medio online.

Hasta la modificación operada en la Ley de Propiedad Intelectual por la ley de 2006 que implementaba una Directiva europea del 2001 en materia de derechos de autor, hay que reconocer que los titulares de contenidos estaban bastante desprotegidos frente a este tipo de conductas. La citada modificación del articulo 32 de la Ley de Propiedad intelectual ha hecho que se reforzasen los derechos de los propietarios de contenidos. Con la nueva redacción, el artículo exige la necesidad de contar con la autorización del autor para la difusión comercial de sus contenidos.

Las Sentencias del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid de 2009 en el caso de AEDE y otros contra Documentación de Medios SA, empresa de Press Clipping o la de Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2007 que estima la demanda presentada por Unidad Editorial y Mundinteractivos contra Periodista Digital por actividades ilícitas de press clipping parece que han cambiado este panorama que comentamos.

De todas formas, aún no queda claro quien es el propietario de esos contenidos, la empresa editora o el profesional que realiza el artículo que se le pide.

Es una cuestión complicada, si bien la propia Ley de Propiedad Intelectual, por su carácter continental, concibe como autor a la persona física, el propio artículo 8 de la citada ley le confiere al editor los derechos de explotación sobre la obra que se crea. Por dar más contundencia a los comentarios que le hago sobre este asunto, la propia jurisprudencia sobre estos temas deja claro que el autor a estos efectos es el editor del medio.

De todas formas, hablamos de de un caso claro el que me comenta de cesión de derechos. Habrá que ver en qué términos está establecido la relación entre el autor y la editorial que explota esos contenidos. En cualquier caso, el autor siempre tendrá el derecho de retirada por convicciones morales, término acuñado en la Ley de Propiedad Intelectual, previa indemnización por los perjuicios que la misma pueda generar.

Con sentencias como las antes citadas, ¿se puede hablar del fin del Press Clipping y de los agregadores de contenidos?

Es evidente que el modelo de negocio tendrá que cambiar. No creo que desaparezcan estas iniciativas pero sí el concepto de gratuidad del mismo. De esta forma el titular de un medio podrá llegar a acuerdos con diferentes clientes de cara a la reproducción de los contenidos por una cantidad pactada entre ambas partes

Hablar de creadores supone hacerlo del informe que la CNC ha hecho sobre las entidades de gestión; un informe que habla de romper un monopolio que ya dura muchos años.

Todo tiene su base en la Ley Omnibus, que viene a reafirmar la liberalización de los servicios en Europa. En ese mismo contexto, el informe de la CNC no ha hecho sino describir una situación respecto de las entidades de gestión que se viene denunciando desde muchos sectores desde hace algún tiempo.

En estas conclusiones se pide que las entidades de gestión dejen de funcionar como un monopolio al uso y se permita que los creadores elijan su propia entidad de gestión. Creo que ha llegado el momento que las entidades de gestión cambien su funcionamiento y abandonen esa vieja concepción de recaudadores medievales, en la que se han anclado.

Por último, desde su quehacer diario, cómo ve las medidas que se quieren desarrollar para mejorar nuestra justicia y sea el servicio público que se espera que sea?

En ECIJA, por la propia variedad de las materias a las que hacemos frente, sufrimos a diario el problema de demora general de la justicia. Ciudades como Madrid tiene sus juzgados saturados; en pequeñas poblaciones los juzgados, por norma, funcionan mejor. Esta situación de retraso de los procedimientos hace que el demandado se sienta cómodo por la propia demora de los juzgados, mientras que el demandante ve cómo su pretensión no acaba de resolverse.

La solución a este problema no pueda venir sino de una mayor dotación de medios y de una mayor especialización del personal que conforma la administración de justicia.

4 Comentarios

  1. Las Sentencias del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid de 2009 en el caso de AEDE y otros contra Documentación de Medios SA, empresa de Press Clipping o la de Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2007 que estima la demanda presentada por Unidad Editorial y Mundinteractivos contra Periodista Digital por actividades ilícitas de press clipping parece que han cambiado este panorama que comentamos.

    Esta sentencia a la que hace mención está recurrida en la Audiencia Provincial de Madrid.
    El objetivo más importante para los periodistas es el reconocimiento definitivo e indiscutible de sus derechos de autor, recientemente la Comisión Europea ha hecho públicas las recomendaciones para un mercado único europeo de propiedad intelectual y manifiesta expresamente al periodista como autor y califica a los medios de canales de difusión de los trabajos de los periodistas.
    Carmen Santos Arrarte
    Documentación de Medios S.A.

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