Por Bernardo M. Cremades, abogado del Ilustre Colegio de Madrid.

En el último Consejo de Ministros se anuncia por el Gobierno la remisión de tres proyectos de ley a las Cortes. Una nueva Ley de Mediación, una reforma de la Ley de Arbitraje y una complementaria de las dos anteriores por la que se modifica la Ley Orgánica del poder Judicial para adaptar las competencias de los juzgados y tribunales en estas materias.

La Ley de Mediación responde a una iniciativa de la Unión Europea para potenciar dicha forma alternativa de solución de conflictos, especialmente en asuntos civiles y mercantiles, quedando excluida la mediación laboral, penal y en materia de consumo. El sometimiento a mediación será voluntario excepto en los procesos de reclamación de cantidades inferiores a 6.000 €, en los que se exigirá haber iniciado el proceso a través de una sesión informativa gratuita como requisito previo para acudir a los tribunales. Nadie estará obligado a concluir un acuerdo ni a mantenerse en el procedimiento de mediación. La solicitud de inicio de la mediación, además, interrumpe la prescripción o caducidad de las acciones judiciales. El procedimiento garantizará la confidencialidad y la imparcialidad del mediador, sin que éste pueda imponer solución o medida concreta alguna. El plazo máximo para la mediación será de dos meses ampliable a otro más.

La introducción de la mediación en España viene complementada con el Estatuto de la persona mediadora. Ésta debe reunir las siguientes condiciones para ejercer como tal: tener un seguro de responsabilidad civil y estar inscrito en un registro público y de información gratuita para los ciudadanos.

La Ley de Enjuiciamiento Civil Española conoció ya la mediación como requisito previo indispensable para acudir a la jurisdicción ordinaria. Se convirtió en un mero trámite formal previo a la interposición de la demanda judicial. El éxito de la introducción de la mediación en España radica precisamente en el fomento y educación de la función mediadora. Sólo con buenos mediadores la finalidad legislativa cumplirá su misión.

Por otro lado, la Ley de Arbitraje vigente aprobada en el año 2003 adolecía de defectos importantes, que ya fueron denunciados en su día por los expertos en materia de arbitraje y que no fueron tenidos en cuenta. Entre otros, se indicó en su día que la competencia de los Juzgados de Primera Instancia para el exequátur de los laudos arbitrales extranjeros o internacionales corría el peligro de disparidad doctrinal si no se establecía un cauce para el control y unificación de doctrina al respecto. Igualmente se denunció en su momento que la anulación de los laudos, cuya competencia se atribuía a las Audiencias Provinciales, debía tener también un criterio de unificación doctrinal. Se entendió en su momento que primaba el criterio de descongestionar la competencia exclusiva de ambos temas en la Sala Primera del Tribunal Supremo. En los pocos años de vigencia de la ley hemos asistido a un verdadero caos jurisprudencial en la materia. Hoy se pretende resolver la difícil situación judicial del exequátur en España concentrando la competencia en los Tribunales Superiores de Justicia. Nada se dice sobre la problemática planteada por la anulación de los laudos arbitrales. El trámite parlamentario de esta ley tendrá también que introducir, sin duda por vía de recurso ante el Tribunal Supremo, la unificación de la doctrina en la materia en los diferentes Tribunales Superiores de Justicia. Veremos si se articula el recurso de casación, que en la práctica se convertiría en una segunda instancia, o si por el contrario la intervención del Tribunal Supremo es a los solos efectos de unificar doctrina sin repercusión en la ejecutoria de la decisión, interviniendo el Tribunal Supremo en su caso exclusivamente en interés de la ley.

La Ley de Arbitraje se pretende igualmente reformar para que el nombramiento de los árbitros que las partes no han podido realizar de común acuerdo se realice no por los Juzgados de Primera Instancia sino también por los Tribunales Superiores de Justicia, de forma que esta labor jurisdiccional de apoyo al arbitraje se realice con mayores garantías de cómo viene en la actualidad funcionando.

La reforma, según se nos dice, también aborda una ampliación del arbitraje a un nuevo campo como es el de “las controversias administrativas” de carácter jurídico que se susciten entre organismos de la Administración del Estado. Se crea a tal efecto una comisión delegada para la resolución de controversias administrativas, evitando así que se traslada al ámbito jurisdiccional conflictos intraadministrativos que pueden ser resueltos mediante un sistema alternativo de resolución de controversias específico.

Cuando conozcamos el proyecto que se remita al Parlamento, cuando veamos las mejoras y peoras que todo proyecto de ley lleva consigo, especialmente en los que la abundancia de abogados entre los Diputados y Senadores llevan a modificaciones a veces alejadas de la práctica, sólo entonces podremos emitir un juicio definitivo sobre las reformas que se pretenden introducir.

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