Nadie diría que las paredes de esta firma aguantan ya cuarenta años de experiencia profesional. Abdon Pedrajas Abogados es un bufete de abogados que reivindica la formación como uno de los pilares del crecimiento de su firma. Constituida sobre 28 profesionales repartidos en sus oficinas de Madrid y Barcelona, para Antonio Pedrajas, su socio director «seguimos imprimiendo un carácter personal a toda la actividad del Despacho; desde la selección, la formación, el desarrollo de sus profesionales. Con ello tratamos de asegurarnos perfiles comprometidos con el ejercicio de la abogacía lo que, a la postre, se traduce en un asesoramiento de calidad y altamente especializado».

Antonio Pedrajas es Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU. Master en Asesoría Jurídica Laboral por el Centro de Estudio Garrigues y Doctorado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Complutense de Madrid. Gracias a su cualificación es ponente habitual en mesas redondas, conferencias y eventos relacionados con el mundo del trabajo y de la Seguridad Social. Además es miembro de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas; de la European Employement Lawyer Association, mientro de la Asociación Española del Derecho del Trabajo y Experto en auditorías laborales, contratación y Seguridad Social Internacional

¿Podría hacernos una valoración de la trayectoria de su firma en estos más de cuarenta años de existencia? ¿Hay algunas fechas claves en el desarrollo del Despacho?

Con 28 letrados, 24 de ellos en Madrid y 4 en el despacho de Barcelona, hacemos del ejercicio de la abogacía una experiencia profesional basada en la formación constante. La tradición docente de su fundador, Abdón Pedrajas, como Catedrático de Derecho del Trabajo, no es ajena a esta filosofía, que no entiende la especialización si no en el marco de una auténtica ambición de conocimientos multidisciplinares. Por eso, aunque el Despacho se dedica fundamentalmente al Derecho del Trabajo, se parte de una concepción integral del Derecho, asumiendo que es imposible ser un buen laboralista sin una sólida formación jurídica (en los campos del derecho constitucional, civil y administrativo). La misma concepción es igualmente válida para el Derecho Tributario que es la otra área de especialización.

Ello determina que actualmente el Despacho sea una referencia nacional, ofreciendo un alto nivel de especialización y calidad en cuestiones laborales y de Seguridad Social, al que, con frecuencia, acuden otros Despachos y Consultoras.

Recientemente, hay 3 momentos destacables en el desarrollo de nuestra organización:

En primer lugar, la incorporación de Tomás Sala-Franco, también Catedrático de Derecho del Trabajo, como responsable de Formación sin responsabilidades contenciosas que le resten dedicación, quien dirige a través de iniciativas sistematizadas de formación y gestión del conocimiento, las actividades internas y externas desarrolladas por el Despacho.

Igualmente notable fue la apertura de un área de Derecho Tributario, actualmente integrada por 5 abogados. El Despacho, sin abogar por convertirse en una organización multidisciplinar, buscaba consolidar núcleos de prestación de servicios con idénticos niveles de solidez, profesionalidad y rigor. Nuestra cartera de clientes se compone fundamentalmente de empresas, que con frecuencia nos solicitaban un asesoramiento integral en materia fiscal-laboral. En esa demanda nosotros vimos una oportunidad y nos decidimos a la apertura del área. Hoy, casi 4 años después, estamos muy satisfechos de haber tomado esa decisión.

Por último, la apertura de nuestra sede de Barcelona la que, por cierto, cumplió años (3er aniversario), el pasado 1 de abril. Por nuestro tamaño de bufete de mediana dimensión, estas decisiones son siempre muy meditadas. Buscamos un crecimiento constante, pero razonable y asumible, que nos permita no descuidar nuestras señas de identidad. Por eso, en el caso de Barcelona, lo mimamos todo; la selección de profesionales, la ubicación física, las instalaciones, los medios de trabajo, etc. Eso nos ha permitido ofrecer una mayor calidad en el asesoramiento a nuestros clientes tradicionales con presente en todo el territorio nacional, así como empezar a consolidar una cartera local, de empresas catalanas, que demandan tener cerca de sus asesores.

En un momento de recesión como el que vivimos, ¿qué planes de crecimiento tiene su firma de cara a este año 2009? ¿Cuál es el valor diferenciador que ofrece ABDÓN PEDRAJAS ABOGADOS respecto a otros despachos?

Nosotros nos fijamos siempre unos objetivos razonables de crecimiento, que sean abarcables por los profesionales que integramos la organización. Claro, a nadie se le escapa que en tiempos de recesión económica, la conflictividad laboral aumenta notablemente, y con ello la demanda de asesoramiento jurídico laboral. Por ejemplo, con datos estadísticos en la mano, las demandas de despido han aumento más de un 60% en la Comunidad de Madrid en lo que va de año.

En todo caso, estando cerca el cierre del segundo trimestre, nosotros estamos muy satisfechos del desarrollo del ejercicio. No sólo por los datos de facturación, en los que nos movemos en cifra de crecimiento notables, sino debido a la confirmación de otros proyectos que habíamos puesto en marcha. Así, por ejemplo, recientemente hemos suscritos convenios con la administración para el desarrollo de actividades pro bono, hemos firmado acuerdos con importantes instituciones formativas que nos permitirán seguir desarrollando interesantes actividades o hemos aumentado de manera importante nuestra intervención en asuntos de derecho deportivo, área en la que el Despacho cuenta con destacados profesionales.

A nivel humano, recientemente hemos incorporado 4 nuevos abogados, 2 en Madrid y 2 en Barcelona, que se incorporarán a partir del 1 de julio. También estamos analizando la posibilidad de abrir una nueva sede en Valencia, aunque con seguridad que no sería antes del 2010.

Nosotros seguimos imprimiendo un carácter personal a toda la actividad del Despacho; desde la selección, la formación, el desarrollo de sus profesionales. Con ello tratamos de asegurarnos perfiles comprometidos con el ejercicio de la abogacía lo que, a la postre, se traduce en un asesoramiento de calidad y altamente especializado.

¿Qué opinión tiene del auge del movimiento asociativo en el derecho laboral? ¿Cuál es su vinculación a ASNALA y FORELAB?

Muy positiva aunque, en comparación con otros países de nuestro entorno, todavía nos queda mucho por recorrer.

Hasta fechas recientes las asociaciones existentes en España estaban más vinculadas al mundo académico-universitario, que al del foro. Ello implicaba, naturalmente, que las cuestiones laborales se abordasen desde una óptica estrictamente científica /académica, sin atender a otros aspectos tales como el acceso a la profesión, el funcionamiento de la justicia o, simplemente, problemas de índole procesal, frente a debates de contenido material.

Primero con ASNALA y ahora con FORELAB, se están dando pasos importantes para paliar este déficit. Probablemente debido a que son asociaciones que conjugan ambas vertientes, la estrictamente académica, y la del foro. Más allá de la posibilidad de relacionarte con otros compañeros, lo cierto es que son verdaderos puentes para trasladar opiniones, compartir experiencias formativas, publicar, organizar eventos, etc. Incluso, cada vez más, debido a la alta cualificación de los profesionales que las integran, comparten reflexiones y experiencias con la administración, siendo una de las claves para mejorar el funcionamiento de la justicia.

Personalmente, soy miembro de la Junta Directiva Nacional de ASNALA, socio de FORELAB, así como de la EELA.

En este momento de recesión económica, ¿cómo cree que debería ser la reforma laboral que debe hacerse, tiene algún paralelismo con la efectuada en el año 1994?

Con la fuerte temporalidad del mercado laboral y con una cifras de desempleo que superan los 4 millones y medio de trabajadores, creo que el esfuerzo debe centrarse en hacer más atractiva la contratación estable. Cuando se tiene un 30 % de temporales los cuales, además, llevan toda su vida laboral encadenando contratos más o menos legales, está claro que estamos ante una situación patológica que, en tiempo de crisis, disparan las listas del paro.

Comprendo que corresponde al Gobierno fijar las bases de la nueva reforma, incluso llegando a legislar unilateralmente en defecto de acuerdo. Sin embargo, haciendo memoria, el balance de la concertación social o, si se prefiere, el diálogo social tripartito es altamente positivo. Esa fue la clave la última gran reforma de 1994 y creo que lo debería ser de la actual.

Hasta la fecha las posturas de los agentes sociales están bastante alejadas. Situando el coste del despido como piedra angular del debate, se están desatendiendo otras alternativas que, con seguridad, darían una mayor flexibilidad al empresario, sin tener la sensación de tener que soportar la superprotección indemnizatoria derivada de un despido improcedente. Nada o bien poco se debate respecto a posibles medidas de descuelgue salarial, de movilidad geográfica o modificación sustancial de las condiciones de trabajo, de reducción del absentismo, de dilación o reducción de cuotas patronales a la Seguridad Social, sobre formación continua, etc. Esos deberían ser los verdaderos puntos a debatir, modificando procedimientos legales tortuosos y llenos de lagunas (artículos 39, 40 y 41 ET), que en la práctica, hacen más rentable al empresario optar por la extinción indemnizada, que pasar por un procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo, curiosamente, basando en idénticas causas justificativas (económicas, técnicas, organizativas o de producción), que las amortizaciones de puestos individuales (despido objeto) o colectivas (ERES).

¿Cuál cree que debe ser el papel de lo sindicatos en esta hipotética reforma? ¿Y de las empresas de trabajo temporal?

Los sindicatos son un agente social necesario en el diálogo social. Los acuerdos alcanzados en el intercambio de ideas gobierno-agentes sociales, normalmente se traducen en leyes o reglamentos estables. En todo caso, se trata de debatir y de importar experiencias vivas de otros países de nuestro entorno.

También se está intentando sacar adelante una reforma de las empresas de trabajo temporal, de forma que se conviertan en verdaderas agencias privadas de empleo y puedan intermediar en los puestos de trabajo indefinidos en colaboración con los servicios públicos de empleo.

Algunos expertos señala que en estos momentos la legislación laboral española se centra más en la empresa que en el trabajador, es esto cierto y so lo es, es lógico?

Considero que no es del todo preciso. De hecho, al margen de la reforma laboral de mínimos del año 2006, han existido diversos intentos de reformar cuestiones como el control de la incapacidad temporal, extensiones de programas de fomento de empleo, reformas laborales derivadas de la entrada en vigor de la ley concursal, todas ellas referidas a aspectos más ligados a la gestión empresarial.

Por el contrario, con mayor o menor éxito, se han aprobado normas con una mayor intencionalidad como la de violencia de género, la de igualdad o del trabajo autónomo, con su reciente reglamento de desarrollo.

Lo que predican algunos expertos, no sin razón, es que se legisle pensando en los puestos de trabajo y no tanto en los propios trabajadores. A la postre, es lo que dotaría a nuestro mercado de trabajo de una mayor estabilidad.

¿Qué aspectos habría que modificar de la negociación colectiva a su juicio? ¿Cree que habría que fomentar el empleo en vez de abaratar el despido en estos momentos?

La actual regulación de materias como la concurrencia de convenios colectivos, de reserva de materias, de desarticulación de la negación, hacen que se negocie por inercia, reproduciéndose una y otra vez los mismos textos convencionales. Por mi experiencia, en gran medida las mesas de negociación se reducen a debatir cuestiones salariales y de clasificación profesional.

Abogo por una simplificación del sistema, donde los convenios colectivos establezcan mínimos de derecho necesario que garanticen derechos y fijen obligaciones de las partes, dando un mayor protagonismo a las empresas y sus representantes de los trabajadores para la negociación de materiales que pertenecen a su núcleo duro de actividad.

¿Hasta que punto sería efectiva una legislación laboral para las PYMES, hasta ahora inexistente en nuestro país?

Establecer un marco normativo completo para las PYMES, sería excesivo. Sin embargo, tal y como sucede en materia tributaria, sería importante que la legislación en materia de Seguridad Social contemplase la idiosincrasia de estas empresas.

La realidad de las PYMES, que emplean a un gran porcentaje de la población activa española, hace que las medidas de fomento de empleo de la contratación indefinida, de bonificación de cuotas de seguridad social, de control de absentismo o, dicho de otra manera, del uso masivo de las bajas médicas, sean insuficientes. En muchos casos pueden determinar la supervivencia del negocio, por lo que abundar en estos puntos serían importante.

¿Cómo cree que ha evolucionado en nuestro país la profesión del abogado laboralista? ¿Cuál sería ahora el retrato robot del jurista que quiera dedicarse a esta rama del derecho?

En los tiempos que corren, podría afirmarse que estamos ante una profesión anticrisis, cuyas áreas están en auge en todos los despachos de abogados.

Al margen de la coyuntura, en el Despacho abogamos por un profesional con conocimientos multidisciplinares. Sin dejar su carácter litigante, el Bufete no solo asume asuntos contenciosos, sino que actúa también situándose en la parte dura del derecho, que es el asesoramiento. La prevención exige un tipo de abogado distinto al mero litigante, un abogado que necesariamente debe conocer también el derecho sustantivo mientras que el abogado exclusivamente litigante se apoya más en el derecho procesal, en el derecho probatorio. Sin menospreciar los hechos, hay que conocer el mundo del derecho para luego pasar al mundo de los hechos.

Este perfil de profesional “integral”, se manifiesta también en la necesidad de tener un claro enfoque internacional, siendo imprescindible potenciar los idiomas.

Por último, dénos su opinión sobre el problema de la justicia para agilizarla de forma conveniente.

Propongo 3 medidas que, combinadas, serían positivas.

Por un lado, se echan de menos algunas reformas de la Ley de Procedimiento Laboral. Materias históricas como los procedimiento de regulación de empleo o las sanciones por todo tipo de infracciones de orden social, siguen atribuidas al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Motivos de especialización y celeridad, aconsejarían afrontar de una vez esta reforma.

También sería interesante fomentar los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos. El trámite de conciliación administrativo obligatorio se concibe en la actualidad como un requisito de mero trámite para el acceso a los tribunales, sin que se desarrollasen las competencias mediadoras que inicialmente quisieron atribuirse a los letrados conciliadores. En conflictos colectivos, encontramos algunas excepciones como el SIMA pero, sobre todo, habría que desarrollar estos sistemas de mediación en conflictos individuales.

Por último, es imperativo dotar a la administración de justicia de unos medios tecnológicos acordes. Agilizar los sistemas de notificaciones o citaciones a través de medios informáticos o garantizar que los juzgados disponen de todos los medios necesarios para que pueda desarrollarse la prueba, sería importante. Todavía hoy las suspensiones están a la orden del día debido a la carencia de medios de reproducción de sonido, imagen o palabra. Con todo, la jurisdicción social funciona de manera relativa ágil en comparación con otros órdenes jurisdiccionales.

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