En pleno debate en nuestro país sobre la subida de impuestos, DIARIOJURIDICO ha querido conocer las opiniones sobre el marco legal en el que nos movemos. Para ello ha entrevistado a Enrique López de Ceballos, counsel del area fiscal del despacho Allen & Overy. Bajo su punto de vista “es imprescindible que la política fiscal sea consensuada y estable en el tiempo, de forma que facilite la inversión tanto nacional como extranjera.”Desde su experiencia lo que más valora un inversor internacional es la estabilidad y la seguridad jurídica de un país, de cara a decantarse por invertir. Y añade, “La verdad es que resulta difícil de entender que el plazo general de prescripción tributaria sea de cuatro años y la prescripción de delitos fiscales se extienda desde los cinco hasta los diez años con el nuevo Código Penal”.

Enrique López de Ceballo es el nuevo Counsel del Departamento de Derecho Fiscal de Allen & Overy Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Tributación-Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros (CEF). Cuenta con más de 12 años de experiencia en asesoramiento fiscal y tributario tanto a nivel nacional, como en operaciones de carácter internacional, incluyendo asesoramiento fiscal a Empresa Familiar y a grandes patrimonios; en transacciones inmobiliarias; a instituciones financieras, aseguradoras y empresas de servicios de inversión; asesoramiento fiscal recurrente a entidades; asesoramiento contencioso tributario; y diseño de productos financieros y esquemas de retribución para empleados.

En sus 3 años en Allen & Overy, Enrique ha participado en importantes operaciones, tales como la adquisición de USP Hospitales por Barclays y The Royal Bank of Scotland, la adquisición de Obras Subterráneas (OSSA) por parte de Mercapital, o la constitución de una joint venture entre Plenium Partners y HgCapital para la adquisición de proyectos de energías renovables en España, entre los que destaca el portfolio de AIG-FP en España

¿Podría explicarnos en primer lugar cuál es el papel de un Counsel, como usted en el área fiscal de Allen & Overy?

El área fiscal de Allen & Overy en España está dirigida por el Socio Carlos Albiñana y mi papel como Counsel y número dos del área es, además de colaborar con él en la organización y gestión de la misma, atender a las necesidades de nuestros clientes y colaborar con equipos multidisciplinares de otras áreas y oficinas. La filosofía de esta firma hace que desde el Socio Director hasta el abogado más joven, todos estemos volcados con nuestros clientes, con independencia de nuestra posición jerárquica.

En un contexto como el que vivimos, de recesión, ¿qué medidas cree que debe impulsar cualquier país de la UE para activar la economía desde el punto de vista fiscal?

Existen dos posturas claramente diferenciadas al respecto. Por un lado está una doctrina más intervencionista que aboga por una mayor recaudación por parte de las administraciones públicas. Por otro lado, existe una doctrina más liberalizadora que pretende una reducción de la presión fiscal con el objetivo de promover la inversión para generar empleo y riqueza. En este sentido, si bien existen personas o colectivos mucho más autorizados para opinar al respecto, desde nuestra cercanía a las grandes empresas y entidades financieras españolas e internacionales, en Allen & Overy entendemos que es imprescindible que la política fiscal sea consensuada y estable en el tiempo, de forma que facilite la inversión tanto nacional como extranjera.

Allen & Overy realiza numerosas operaciones donde la fiscalidad es importante, hay algún retrato robot en todas ellas; se ha notado la recesión en su incremento.

Más que basadas en aspectos fiscales, las operaciones en las que participa Allen & Overy son complejas de ejecución; ya sea desde un punto de vista financiero, regulatorio o de otro tipo y con un importante componente internacional, en las que pretendemos que la fiscalidad no sea un obstáculo, siempre en el marco de las alternativas que el ordenamiento jurídico nos permite. Reconocemos, en cualquier caso, que una fiscalidad adversa puede hacer que una operación sea inviable. Por ello, el área fiscal de Allen & Overy se involucra en las mismas y colabora con el resto de áreas y, en su caso, oficinas de la firma, desde su diseño hasta su ejecución final.

¿Cómo valoran nuestra fiscalidad los inversores extranjeros que llegan a nuestro país, qué es lo que más les llama la atención?

Como decíamos anteriormente, lo que más valora un inversor internacional es la estabilidad y la seguridad jurídica, la cual debe emanar no sólo del legislador, sino también de los órganos de control tributario y de los tribunales. Por otro lado, la importante red de convenios para evitar la doble imposición que tiene España, unido a regímenes como el de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros, la ha convertido en un destino atractivo para la inversión extranjera y para la centralización de inversiones en terceros países. Por supuesto, aunque quedan muchas cosas por hacer, ya que otras jurisdicciones nos llevan la delantera en cuanto que disponen de una fiscalidad más novedosa o favorable en algunas materias, pensamos que vamos por el buen camino.

Sobre los cambios tan frecuentes a nivel legislativo en el sistema tributario español, ¿cree que es necesario tanto cambio normativo? ¿Hay una excesiva regulación en este campo?

No creo que haya una excesiva regulación y, de hecho, en países de nuestro entorno ésta es mucho más extensa y compleja. Hay que tener en cuenta que el derecho tributario debe ser dinámico si bien, y siento repetirme, es imprescindible que haya una estabilidad en las bases y principios básicos del mismo y que no se caiga en la tentación de parchearlo. Debería seguirse una línea constante a largo plazo en la que la fiscalidad sea un pilar más de la política económica de España y que, con los lógicos matices o pequeñas diferencias que cada gobierno pueda introducir, se transmita esa estabilidad y seguridad jurídica que señalábamos anteriormente.

¿Qué valoración puede hacer del aumento en el anteproyecto del futuro Código Penal de la prescripción de los delitos fiscales de cinco a diez años en nuestro país? ¿cómo está regulado en otros países este tema?

La verdad es que resulta difícil de entender que el plazo general de prescripción tributaria sea de cuatro años y la prescripción de delitos fiscales se extienda desde los cinco hasta los diez años. Más allá de la inseguridad jurídica y la incertidumbre que esto pueda generar, es fundamental que la figura del delito fiscal sea aplicada sólo en supuestos en los que se aprecie de forma clara la posible existencia de dolo por parte de los obligados tributarios y no como una espada de Damocles en cada comprobación tributaria, que pueda ser utilizada como instrumento de negociación.

¿Cuál cree que es la mejor fórmula para luchar contra el fraude fiscal y especialmente con el blanqueo de capitales? ¿Qué opinión le merece la colaboración europea en este sentido?

Ambos son problemas generalizados a nivel mundial y, si bien el blanqueo de capitales suele ir acompañado del fraude fiscal, este último puede ser autónomo. Con respecto al blanqueo de capitales, hay que destacar la reforma legal aprobada recientemente y la imprescindible colaboración internacional, especialmente de los paraísos fiscales, y la Unión Europea. Por lo que se refiere al fraude fiscal, no hay recetas mágicas, aunque es evidente que con incrementos de presión fiscal se incrementa también el fraude y la economía sumergida.

Respecto de la posible modificación de impuestos, suspendido ya el de Patrimonio, ¿cree que seria necesario una reforma del IVA para evitar que sea un foco de fraude organizado?

El IVA es un impuesto armonizado por la Unión Europea, por lo que poco se puede hacer al respecto, más allá del debate sobre la conveniencia o no de la subida de sus tipos de gravamen. Lo que sí es importante, tanto en el IVA como en otros tributos, es reducir al mínimo posible las obligaciones burocráticas de los contribuyentes, para facilitar su cumplimiento y, de paso, la lucha contra el fraude.

En un momento como el actual, ¿es bueno que las Comunidades Autónomas españolas estudien lanzar nuevos impuestos para recaudar?

Lo que demandan los operadores económicos es la reducción de la presión fiscal, para ayudar a la recuperación económica. Por otro lado, si queremos que España juegue un papel relevante en los mercados internacionales habría que tener muy presente que a los inversores extranjeros les cuesta entender que dentro de un país pueda haber diferentes regulaciones que compliquen su implantación en el mismo.

Por último ¿cree que la clave de la mejora de la economía de nuestro país se encuentra en la flexibilización laboral y menos impuestos para las PYMES?

Sinceramente, creo que sería presuntuoso por mi parte señalar la clave para algo que ocupa a todos los grandes economistas de España. En todo caso, creo que es indudable que en un país en el que las PYMES son las grandes creadoras de empleo y riqueza, la flexibilización y reducción impositiva contribuirían a alcanzar ese gran objetivo de todos que es la recuperación económica.

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