Es evidente que la abogacía española se apresta a vivir una etapa histórica en su desarrollo como lo avalan la entrada en vigor de tres nuevas disposiciones que se aprestan a regular su profesión: Ley de Acceso, la Ley de Sociedades Profesionales y la Ley que regula la relación laboral de carácter especial de los abogados. Detrás de estas disposiciones y del futuro Estatuto de la Abogacía, próximo a su aprobación, se encuentra el loable deseo de modernizar una profesión, la del letrado con una notable función social. Para Enrique Sanz Fernández-Lomana, Consejero electivo del Consejo General de la Abogacía desde febrero de 2009”la percepción que tiene el ciudadano del abogado está mejorando paulatinamente, según el último Barómetro externo encargado por el CGAE en el año 2008, la evaluación que hacía la ciudadanía del conjunto de los abogados ofrecía una puntuación media del 6,4 sobre diez, que se incrementa a 6,5 cuando los entrevistados son personas que han acudido alguna vez a un despacho de abogados”

Enrique Sanz es Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Abogado con mas de 30 años de ejercicio profesional, repartido en su ejercicio en los Colegios de Valladolid, Madrid, Palencia y Salamanca. Miembro de distintas juntas de Gobierno del Colegio de Valladolid y Decano desde el año 2000 a 2008. En su condición de Decano ha formado parte del Consejo General de la Abogacía entre los años 2000 a 2008.

También en el Consejo de la Abogacía ha sido Adjunto al Presidente del Consejo General de la Abogacía desde el año 2002 a 2007.Vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española y Presidente de la Comisión para la elaboración de un nuevo Estatuto General de la Abogacía entre los años 2007 y 2008. Ha sido Presidente del Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Castilla y León durante el año 2001.

Nuestro entrevistado ha sido miembro de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid. Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid habiendo sido Vicepresidente de su Consejo Rector. Director del Área Jurídica y Fiscal del Master en Administración y Dirección de Empresas impartido por el CEU SAN PABLO CASTILLA Y LEÓN. Ponente en las Jornadas de Juntas de Gobierno de Colegios de Abogados celebradas en Valencia en el año 2001 y en el Congreso General de la Abogacía Española celebrado en Zaragoza en el año 2007. Coordinador General del Foro por la Justicia y Representante en el CGAE en las Comisión Interdisciplinar constituida con el Consejo General de Colegios de Economistas de España (Registro de Economistas Forenses) y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles para la reforma de los Aranceles de la Administración Concursal, además de Vocal de la Junta de Gobierno de la Mutualidad General de la Abogacía Española.

Después de ocho años vinculado al Consejo de la Abogacía, primero como decano del Colegio de Valladolid y ahora como consejero electivo, ¿podría decirnos como han evolucionado en estos años los retos que afronta el abogado en la actualidad?

Los últimos ocho años han sido trascendentales para la Abogacía, que está afrontando una profunda trasformación. Se han aprobado tres leyes de gran calado para nuestra profesión, como son la Ley de Acceso, la Ley de Sociedades Profesionales y la Ley que regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que van impulsar una mejora del ejercicio de la Abogacía, a progresar en la calidad de los servicios, a conseguir una Abogacía mas eficaz, en definitiva, a modernizar la profesión. De otra parte, la Abogacía, consciente de la función social que tiene encomendada, viene incrementando en los últimos tiempos, de forma absolutamente altruista en muchos casos, su labor de asistencia a los colectivos más desfavorecidos, potenciando así su posición como garante del derecho de defensa.

Usted ha sido presidente de la Comisión que va redactar un nuevo Estatuto de la Abogacía, ¿en qué estado se encuentra esta cuestión y qué rasgos básicos puede adelantarnos de este documento?

La Comisión que yo he presidido hasta finales del pasado año, elaboró un anteproyecto de Estatuto que, como documento de trabajo, se presentó al Pleno del CGAE donde se encuentra actualmente en periodo de estudio de las aportaciones efectuadas por los consejeros. Los objetivos prioritarios del nuevo Estatuto persiguen la incorporación al mismo de las reformas legales a las que antes aludía, a fin de adaptar dicha norma a los nuevos tiempos y fundamentalmente a las necesidades de la Abogacía en el siglo XXI, manteniendo los principios que son inherentes a nuestra función, pero actualizando algunos patrones de comportamiento que se han quedado manifiestamente obsoletos.

Le preocupa que organizaciones como Scevola denuncien el deterioro de la imagen del letrado a nivel social ¿Cómo puede mejorarse esa impresión en concreto?

Lo que me preocuparía, en su caso, no es tanto la denuncia en si misma, como que realmente la imagen del abogado fuera percibida negativamente por la sociedad. Y el resultado de los estudios de opinión nos ofrecen un escenario absolutamente distinto al que plantea “Scevola”, pues en el último Barómetro externo encargado por el CGAE en el año 2008, la evaluación que hacía la ciudadanía del conjunto de los abogados ofrecía una puntuación media del 6,4 sobre diez, que se incrementa a 6,5 cuando los entrevistados son personas que han acudido alguna vez a un despacho de abogados, es decir, que hablan con conocimiento de causa, estos, que mejoran sustancialmente los obtenidos en el anterior Barómetro del año 2006 y que demuestran un esfuerzo de los abogados para adaptarse cada vez más a las necesidades de los clientes, para avanzar en la calidad de los servicios que prestan.

Lo mismo podemos decir de los abogados de oficio. Tal como recoge el II Informe del Observatorio de Justicia Gratuita CGAE-LA LEY, los usuarios de la justicia gratuita tienen una alta valoración de los letrados que les atienden y del trabajo que realizan, aunque se haga casi siempre en condiciones difíciles y con infinidad de problemas, ajenos al abogado, que influyen en su labor.

Ocurre, quizá, que los abogados tenemos un alto grado de autoexigencia y en ocasiones tenemos sobre nosotros mismos una opinión mas desfavorable de la que tiene la ciudadanía, los usuarios de los servicios jurídicos, como lo acreditan las encuestas que mencionaba, realizadas, por cierto, por una de las empresas demoscópicas mas reconocidas de nuestro país.

¿Cómo cree que percibe el abogado la labor de instituciones como el Consejo de la Abogacía? ¿Cree que se puede mejorar la participación de los letrados en sus respectivos Colegios de Abogados?

El Consejo General de la Abogacía, durante muchos años, ha sido el “gran desconocido” para la generalidad de los abogados, que ignoraban el intenso trabajo que con gran discreción se lleva a cabo en esta institución e, incluso, no están al tanto de muchos de los logros conseguidos, aun cuando tales mejoras sean palpables en el día a día de cada abogado. Es necesario mejorar la política de comunicación y creo que, paulatinamente, se va consiguiendo, lo que está permitiendo que los abogados tomen conocimiento de la relevante labor que desarrolla el CGAE, y así se desprende del resultado de los sucesivos Barómetros de Opinión realizados entre los propios abogados, en los que la valoración que efectúan va incrementándose año a año.

Acciones como la Caravana de los Derechos Humanos, que ha recorrido España a lo largo de 2007 y 2008, y otras como el Cómic de los Derechos Humanos, o las que están en marcha este año, bajo el lema “Yo también tengo derechos” para conmemorar el 50 aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño, están acercando al labor del Consejo y de los Colegios de Abogados a los ciudadanos. Creo que hemos mejorado mucho en este sentido, aunque nunca es suficiente.

Por lo que se refiere a la participación de los abogados en la vida colegial, creo que es uno de los retos más importantes de quienes están al frente de los Colegios. En este sentido creo que debe fomentarse la incorporación de los colegiales al diseño y la organización de las actividades, para ofrecer aquellas que sean más atractivas para un mayor número de abogados, y debe incentivarse la participación en las Comisiones de apoyo a los órganos de gobierno en las que participen cuantos más colegiales mejor. También las Agrupaciones de Abogados Jóvenes pueden hacer una importante labor en este sentido.

La Abogacía sigue siendo una profesión masiva, ¿cómo valora la nueva Ley de Acceso a la profesión recientemente aprobada, cree que podrá mejorar la calidad e imagen de la Abogacía en los próximos años? ¿Por qué no se ha tenido en cuenta la pasantía como fórmula de incorporarse a la Abogacía?

Lo importante era tener una Ley de Acceso y eso ya se consiguió, ahora el objetivo es que inicie su vigencia en el año 2011. La Ley de Acceso no pretende, en absoluto, cercenar la entrada a ningún licenciado en Derecho que pretenda ejercer la Abogacía, y por lo tanto no es una herramienta que tenga como objetivo, en si misma, evitar la masificación. El objetivo fundamental de la Ley es que quienes accedan a la Abogacía hayan acreditado previamente, y de forma objetiva, una preparación suficiente para dar un servicio de calidad a sus clientes y, en este sentido, en la medida que se consiga esto, es evidente que se ofrecerá un servicio mas eficaz y que ello mejorará la imagen de los abogados. Es preciso, todavía, esperar a que se apruebe su desarrollo reglamentario, que tiene que regular algunas zonas de sombra que no están suficientemente claras en la Ley. De otra parte, aun cuando no se ha regulado la pasantía como forma exclusiva de acceso a la profesión, lo cierto es que la Ley establece un periodo de prácticas en despachos que van a completar el programa de formación, incorporando los métodos de aprendizaje tradicionales de la pasantía, que tan buenos resultados dio siempre.

Otro dato que llama la atención es que según los datos consultados cerca del 40% de los jóvenes que inician la carrera de letrado tienden al abandono en los cinco primeros años de ejercicio…

Posiblemente esto tenga mucho que ver con el sistema actual de acceso. Muchos licenciados que no encuentran su desarrollo profesional en otros ámbitos del derecho, optan por incorporarse a un Colegio de Abogados para probar suerte en esta profesión, no tanto por vocación, como por eliminación de otras salidas profesionales, aparentemente mas complejas. Naturalmente, cuando pasan los primeros años y no consiguen encauzar su futuro, se encuentran con una competencia feroz, y comprueban el tremendo esfuerzo que el ejercicio de la Abogacía exige, terminan desilusionados su aventura profesional y abandonan el despacho. Es posible que en algunos casos salgan forzados por la dificultad de encontrar un hueco en el mercado de los servicios jurídicos, pero en otros muchos el abandono de la profesión viene impuesto por la falta de vocación.

¿Cómo puede mejorarse el Turno de Oficio a nivel procedimental y solventarse los problemas existentes en la actualidad de cobro de los letrados que trabajan en él?

Mi experiencia personal, como decano del Colegio de Valladolid hasta hace unos meses, es que la tramitación de la justicia gratuita se lleva a cabo con un alto nivel de eficiencia, bien es verdad que con un gran esfuerzo de trabajo a cargo del personal del Colegio y de la Comisión del Turno de Oficio, integrada por abogados que colaboran en la tramitación y resolución de los expedientes. En cuanto a las otras cuestiones que me plantea, creo que las Administraciones competentes tienen que asumir que el trabajo desarrollado por los abogados tiene que ser justamente compensado, y que para ello deben efectuar una dotación presupuestaria suficiente, para pagar dignamente a los abogados y para que los colegios puedan desarrollar programas de formación que mejoren los servicios prestados.

Desde el Observatorio de Justicia Gratuita, al que antes me he referido, y que ya es un referente para cualquiera que quiera conocer la situación real de este servicio, un Grupo de Expertos formado por representantes de todos los operadores jurídicos y en el que los abogados somos minoría, se hacen llegar cada año a las Administraciones Públicas y a los propios Colegios de Abogados medidas que pueden mejorar la calidad del Turno y la propia justicia gratuita. Me consta que en el III Informe, que está en proceso de elaboración, se abordarán, entre otros problemas, el de la crisis económica, su incidencia en los presupuestos destinados a la justicia gratuita por las Administraciones públicas y los problemas, lamentablemente muy frecuentes, de los abogados para cobrar a tiempo un trabajo que ya de por sí está insuficientemente remunerado.

Hoy por hoy gran parte de los letrados emplean ya la firma electrónica en su quehacer diario, ¿considera que la irrupción de esta tecnología puede generar una nueva forma de ejercer la Abogacía?

Las nuevas tecnologías constituyen una herramienta fundamental para los despachos. Yo no creo que la firma electrónica vaya a fomentar una nueva forma de ejercicio de la Abogacía, pero tengo muy claro que va a facilitar el trabajo, aportando un plus de confidencialidad y de seguridad jurídica en las relaciones con nuestros clientes, o entre los propios abogados y, por lo tanto, permitiendo que la utilización del correo electrónico y de internet se generalice para todo tipo de actividades. De ahí la importancia del Proyecto Tecnológico del CGAE que ha puesto a disposición de todos los abogados una firma electrónica propia. En concreto, el Consejo está trabajando en el desarrollo del portal wwww.justiciagratuita.es, ya accesible, desde el que se pueden hacer telemáticamente una serie de trámites que hoy por hoy lastran seriamente el desarrollo de este servicio. Otra vez más, el Consejo es punta de lanza en la modernización de la justicia, muy por delante de otras Administraciones.

¿Cómo coordinador del Foro por la Justicia, podría hacernos un balance de su actividad y de cómo se están incorporando sus propuestas a la mejora de la justicia?

El Foro por la Justicia se constituyó hace ya casi cinco años a iniciativa del CGAE, y en él participan un importante número de instituciones y colectivos, cuyo interés común es la mejora de la justicia, bajo principios de eficiencia y calidad. Desde entonces, organizados en comisiones, se ha trabajado, sin prisa pero sin pausa, en la formulación de propuestas al Ministerio de Justicia que provienen de quienes diariamente están en contacto con los juzgados, cada uno desde su cometido, y están en condiciones de detectar las disfunciones de este servicio público, algunas de gran calado y que requieren estudios mas profundos, pero otras, aunque puedan parecer insignificantes, no le quepa duda que su corrección mejoraría la imagen tan negativa que los españoles tenemos de la justicia y ayudarían a su mejora sin un gran esfuerzo normativo. Todas las propuestas elaboradas en el seno del Foro y aprobadas por el Pleno han sido presentadas al Ministerio de Justicia, como documento de trabajo para que sean tenidas en cuenta en las reformas legales promovidas por ese Ministerio, y algunas de ellas ya han sido incorporadas al Ordenamiento Jurídico.

Desde esta perspectiva, ¿podría darnos su opinión sobre cómo mejorar nuestra justicia como servicio público?

Para mejorar la justicia es preciso, en primer lugar, voluntad política para llevarla a cabo, y no he detectado yo ese ánimo en ninguno de los gobiernos de los últimos ocho años, sean del Partido Popular o del Partido Socialista. Además es preciso dotar al servicio público de la justicia de presupuesto suficiente para resolver las grandes carencias que tiene de orden material, en medios, personal, en formación. Junto a ello, creo que es necesario modernizar su organización, adecuar la oficina judicial a los tiempos que vivimos, eliminar trabas, agilizar su funcionamiento. En definitiva llevar a la administración de justicia los patrones de funcionamiento que son habituales en otros servicios públicos. Pero, insisto, por encima de todo no solo es necesario que pueda hacerse, sino que quiera hacerse de una vez por todas, y sobre esto último tengo mis dudas.

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