Desarrollar actividades que impulsen soluciones extrajudiciales con el CGPJ que sirvan para que jueces y abogados colaboren de forma estrecha en temas de responsabilidad social; El desarrollo del Observatorio de la Inmigración en colaboración con el Colegio de Abogados de Nápoles; el asesoramiento de sus derechos a mayores; el estudio de la situación de los menores inmigrantes sin papeles en nuestro país o la concesión de ayudas a abogados que realizan tareas de voluntariado son parte de las actividades del Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía, departamento adscrito al Colegio de Abogados de Madrid y que ahora cumple su primer año de actividad. Para Ester Ortin, abogada y directora Ejecutiva del Centro, primero y único en su género a nivel Colegial: “Es evidente que los abogados llevamos sirviendo a la sociedad muchos años preocupados por garantizar el Estado de derecho. Quizás ha sido muy silenciosa esta labor y poco reconocida. Ha llegado el momento que se difunda nuestro compromiso con la sociedad”. A medio plazo esta entidad lanzará un Sello de Certificación en Responsabilidad Social para aquellos despachos que quieran acreditar su actividad e impulsará una Fundación de cara a desarrollar otras actividades de mayor peso específico en colaboración con otras entidades.
Ester Ortín licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona. Ejerce en Derecho de Familia, Derecho Civil y mediación familiar. Diplomada en Derecho Canónico. Diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona desde 2005 a 2008. Es miembro del Consejo editorial de “Difusión Jurídica y Temas de actualidad S.A” y pertenece al Consejo Asesor de Economist&Jurist. Docente en el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE). Y en la actualidad, es Directora Ejecutiva del Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
¿Cómo podría explicar las actividades del Centro, primero y único en su género vinculado a un Colegio de Abogados?
Pretendemos hacer algo más en responsabilidad social corporativa y en ayuda social que canalice el compromiso del abogado con la sociedad. La iniciativa surge hace un año impulsada desde la Junta de Gobierno por el actual Decano, Antonio Hernández Gil. Los abogados llevamos sirviendo a la sociedad muchos años preocupados por garantizar el Estado de derecho. Quizás ha sido muy silenciosa esta labor y poco reconocida. Este es el motivo de coordinar estas actividades desde este Centro que ahora cumple su primer año
A este respecto tengo que comentar que los II Encuentros en Madrid que se celebraron en el Colegio el pasado 23 y 24 de octubre con asistencia de abogados, colegios y asociaciones de abogados de los cinco continentes se hizo un llamamiento a la adhesión de la Declaración de Madrid de Responsabilidad Social de la Abogacía a la que se han adherido, a fecha de hoy, más de 200 abogados a título personal y 58 instituciones. Ese llamamiento sigue abierto a todos los colegiados a nivel nacional e internacional
¿Qué balance puede hacer de este primer año de actividad?
La verdad que en este primer año se han planificado y desarrollado diferentes actividades. Nos ha sorprendido la gran acogida que han tenido a todos los niveles.
Se ha puesto en marcha un Banco de Voluntarios para realizar iniciativas de abogados interesados en desarrollar actividades de voluntariado. En el que ya han solicitado su inscripción casi un centenar de letrados.
Mantenemos una colaboración activa con el área de RSC de las grandes firmas de abogados de nuestro país. Y por otro lado, hemos observado que hay muchos ciudadanos que se encuentran en riesgo de exclusión y fuera de los circuitos de la justicia gratuita, pese a que éste es un derecho reconocido. Este es uno de los frentes de trabajo de nuestro Centro. Queremos que nuestra actividad impulse acciones pro bono como complemento a las actividades de justicia gratuita que ya existen y garantizas por la Constitución.
¿Cómo está estructurado este Centro dentro del Colegio de Abogados de Madrid?
Es un área de nueva creación, un departamento más del Colegio. En la actualidad este Centro de Responsabilidad Social cuenta con una partida presupuestaria de 350.000 euros anual con la que desarrolla todas sus actividades. La estructura queda configurada por un Presidente que es el propio Decano del Colegio, una Secretaria General que colabora en el área de pro bono, cuatro Diputados de la Junta de Gobierno del Colegio y la Directora Ejecutiva que soy yo.
Cuando ese abogado conecta con el Centro, ¿qué es lo que más le llama la atención?
Especialmente ve que hay muchas actividades en las que puede participar y que le da la oportunidad de presentar proyectos de la abogacía pro bono como hacen otros compañeros suyos.
Es el caso del programa puesto en marcha con la Consejeria de Familia de la Comunidad de Madrid bajo el nombre de “Conoce tus derechos” que explica de forma sencilla los derechos más básicos al colectivo de mayores, sobre todo en temas de sucesiones o posible incapacitación. También hemos comprobado una gran participación en otro programa que impulsamos la Consejería de Inmigración. Iniciativa dirigida a que los inmigrantes se integren mejor conociendo nuestra legislación y sus derechos.
¿Cómo puede desarrollar un despacho de abogados cualquiera su política de RSC?
Es evidente que debe tener una sensibilidad hacia determinados temas y querer reforzar su compromiso con la sociedad. Nosotros como Centro podemos orientarles y animarles a que desarrollen determinados proyectos. Una vez diseñada la idea de lo que se quiere hacer es fundamental aplicarla y vincularse de forma práctica a iniciativas concretas.
En un momento de crisis como el que vivimos, ¿cree que hay que aprovechar la oportunidad e impulsar las soluciones extrajudiciales en la ciudadanía?
Estamos trabajando en esta línea. Hemos desarrollando diversas iniciativas con el propio CGPJ. Nos ha llamado gratamente la atención el interés por parte de la judicatura de impulsar estos temas. A este respecto hay que señalar las jornadas celebradas recientemente en colaboración con el Club del Arbitraje y la judicatura.
En otra línea de trabajo hemos impulsado iniciativas de compañeros en proyecto de mediación penal que esperamos ofrezca buenos resultados. Es una herramienta muy extendida en el campo del derecho de familia, pero su aplicación al área penal es bastante inusual y desconocida.
¿Cuál cree que es la relación existente entre ética y responsabilidad social del abogado?
Son dos facetas que van bastante unidas. Desde que el abogado hace su juramento adquiere un compromiso ético en su ejercicio profesional.
La ética forma parte del abogado, pero organizaciones como Scevola señalan que la imagen del letrado está deteriorada en la sociedad.
Nos preocupa ese planteamiento al que usted alude. Pretendemos que desde las actividades que se impulsan desde el Centro se puedan ir cambiando esa forma de percibir la abogacía. A este respecto estamos trabajando en diversas direcciones.
Hemos coeditado una Guía que recoge los derechos de los inmigrantes en nuestro país y que les da explicaciones a diferentes situaciones que pueden vivir. La guía tiene un lenguaje directo editada en francés, inglés y castellano. Otras actividades pretenden mostrar que somos un colectivo solidario y que nos preocupan los problemas de los colectivos marginados
El Centro coordina la actividad de muchos compañeros que ofrecen orientación jurídica de forma voluntaria a colectivos marginales. Se trata de crear esa cultura jurídica mínima en el ciudadano por si en algún momento requiere los servicios de un letrado que defienda sus derechos. Queremos romper con la imagen que muchos ciudadanos tienen sobre la abogacía. Poco accesible y con un lenguaje complicado.
De todas formas, directivas europeas como la de Blanqueo de Capitales generan un conflicto entre la colaboración del abogado con la Justicia y el secreto profesional de determinado cliente.
Es evidente que genera un conflicto. Creo que cualquier colegio de abogados tiene que garantizar la inmunidad del letrado en el ejercicio del derecho de defensa del justiciable. Sin poder garantizar el secreto profesional es imposible que el abogado pueda desempeñar de forma adecuada la defensa de su cliente. Es inaceptable coaccionar al abogado ni pedirle que se convierta en policía de sus clientes. Ya que ante la sospecha del abogado que el encargo recibido pueda suponer colaborar en un “presunto acto delictivo” siempre existe la libertad del letrado a renunciar a la defensa. Libertad que también debe ser garantizada a los letrados por el Colegio de Abogados, así como su independencia personal a la hora de escoger la mejor línea de defensa.
Valga el siguiente ejemplo: ¿Alguien se cuestiona la responsabilidad de una fábrica de zapatos cuando satisface un pedido a un cliente?. Si con posterioridad averiguamos que esos zapatos se vendieron después en África para abastecer a niños soldados, consideramos que dicha fábrica es cooperadora necesaria del reclutamiento de los niños soldados? No. Pues con la actividad de abogados y Notarios pasa lo mismo. Muchas veces el encargo de constituir una sociedad no tiene porque perseguir un ánimo de defraudar o blanquear dinero procedente de una actividad delictiva. Y no por recibir este encargo el abogado puede sospechar que su cliente persigue un fin torcido. Pero ahora lo excepcional se quiere convertir en la norma general. Cuando hay que ser extremadamente cuidadoso en el análisis de cada caso concreto y escrupuloso en el respeto a la legalidad vigente.
Desde el punto de vista interno, otro asunto que preocupa a la sociedad son las sanciones a abogados que no hacen bien su trabajo. ¿Cree que sería oportuno dar a conocer esas sanciones de forma pública?
En este tema hay partidarios y detractores de dar publicidad a las sanciones. Pero no lo permite la Ley de Protección de datos.
¿Cómo encajan las nuevas generaciones de abogados, el oír hablar de responsabilidad social de la abogacía?
Aunque los letrados colaboradores de Centro son de diversa procedencia, es evidente que los jóvenes son más entusiastas y abiertos a colaborar con nosotros. Pero también nos encontramos con abogados seniors o ya jubilados que desean asesorar de forma voluntaria a los más jóvenes para montar su propio despacho. Este es el motivo por el que no podemos hacer un retrato robot del colegiado que quiere colaborar en responsabilidad social.
Ahora que hablamos del joven letrado, ¿no asusta un poco que 40 por ciento de los juniors abandonen su carrera profesional al cuarto año de ejercicio?
Nuestra profesión es muy dura. El abogado en el ejercicio de su profesión vive muchas vidas de forma simultánea. Hace suyos los problemas de sus clientes y no es tan fácil olvidarse de ellos. Estamos siempre sometidos a trabajar bajo presión. Esto hace en diversas ocasiones que no se pueda conciliar la vida personal con la laboral. Cuando esto sucede, es evidente que en muchos casos se pierde a un futuro gran jurista.
¿Conciliar vida laboral y profesional parece, entonces, un reto para el letrado?
Hablar de conciliación en nuestra profesión supone la racionalización del trabajo que no siempre se logra. Ahora trabajamos en un proyecto para que la baja por maternidad no supongan un menos cabo del derecho de defensa.
Por último, dénos su valoración sobre la situación actual de la Justicia y su forma de mejorarla como servicio público.
Pese al esfuerzo loable del CGPJ y el Ministerio de Justicia para su modernización, subyace un problema fundamental dotarla de medios tecnológicos, económicos y personal cualificado para que sea una realidad. Habría que unificar la organización de jueces, secretarios judiciales y oficiales. Mientras esto no se logre la justicia no podrá dar ese paso definitivo a su modernización. En lo concreto es necesaria crear una Jurisdicción de familia como ya existe en mercantil o en el tema de la violencia de género. En definitiva, es fundamental reorganizar los medios ya existentes de cara a un mejor funcionamiento de la nueva Oficina Judicial.
