“En la reunión de coordinación que hemos mantenido hace unos días en Valencia todos los consejeros responsables de Justicia en las comunidades autónomas con competencias transferidas, se ha puesto de manifiesto la necesidad de acometer una serie de cambios en el sistema, que debe liderar el Ministerio de Justicia.” Quién así se expresa es Francisco Granados, Consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. En esa cita en la ciudad del Turia se ha hablado de proponer crear más plazas de jueces, en vez de juzgados, para hacer frente a la litigiosidad que existe y poder hacer más eficaz la Justicia. Bajo su punto de vista “En concreto, una comunidad como Madrid necesita 150 nuevos magistrados para solventar el atasco judicial. En este sentido, consideramos muy importante potenciar la figura del juez de adscripción territorial. “ Otro aspecto importante es que desde su punto de vista es que “ el Ministerio de Justicia debe definir el plan de financiación de la nueva oficina judicial con el fin de que este proceso imparable pueda ser asumido con todas las garantías de éxito”.

Francisco Granados Lerena nació en Valdemoro (Madrid) el 23 de enero de 1964. Casado y con dos hijas, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid. Fue director de análisis financiero de Interdealers S.V.B. y de la Société Genérale, donde también ostentó el cargo de director de banca.

Entre los años 1999 y 2003 fue consejero de Caja Madrid e Ibercaja, así como consejero de la eléctrica francesa SNET, en representación de ENDESA desde 1999 hasta su nombramiento como consejero regional en noviembre de 2003.

En su vida política, durante la VI legislatura fue secretario general del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid y es miembro del comité Ejecutivo Regional del Partido Popular de Madrid.

Francisco Granados pasó a ejercer competencias de gobierno tras las elecciones municipales de 13 de junio de 1999, cuando resultó elegido alcalde de Valdemoro, un puesto que mantuvo hasta el 22 de noviembre de 2003. En ese momento, fue nombrado consejero de Transportes e Infraestructuras del Gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre, cargo que desempeñó hasta diciembre del 2004.

Desde esta fecha, desarrolló su trabajo al frente de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, cargo que compatibilizó con el de secretario general del Partido Popular madrileño. Tras las elecciones celebradas en mayo del 2007 sumó a sus competencias las de Interior y actualmente también desempeña las de Justicia, dirigiendo la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno madrileño y resultando reelegido como secretario general del PP de Madrid en septiembre del 2008.

Señor Granados, hace unos días tuvo lugar una reunión en Valencia a la que acudieron los consejeros responsables de justica con con competencias transferidas, donde se han querido abordar los retos de la justicia, ¿podría concretarnos cuáles son estos desafíos?

Bien, los principales retos a día de hoy pasan por conseguir una eficacia y agilidad en este ámbito, mejorar las infraestructuras y procedimientos y fortalecer y reforzar la independencia del poder judicial. Todo ello hace necesario acometer una profunda reforma para afrontar la alta litigiosidad y carga de trabajo, que incluya reformulaciones de la asistencia jurídica gratuita, implantación real del nuevo sistema de organización dibujado por la oficina judicial así como mecanismos que eviten cualquier tipo de injerencia en el poder judicial.

Precisamente, para dar satisfacción a estos retos, el Ministerio de Justicia aprobó un Plan de Modernización de la justicia. ¿Qué opinión tiene del mismo? ¿Cuál va a ser el papel de la Comunidad de Madrid y la Consejería que usted preside?

La Comunidad de Madrid siempre ha apostado por la modernización de de la Justicia y, de hecho, está actuando en ese sentido desde el traspaso de competencias, en el año 2003. El Gobierno regional está invirtiendo cantidades económicas muy importantes en la informatización de los diferentes Juzgados. Pero no se puede olvidar que modernizar la Justicia es mucho más. Son edificios, son incrementos de plantilla, es el nuevo modelo de Oficina Judicial, sobre la que hay que recordar que existía un pacto entre el PP y el PSOE firmado en 2003, y que hasta ahora no está arrancando porque el Gobierno de Rodríguez Zapatero no lo ha estimado oportuno. El presupuesto que destina el Gobierno Regional a la Administración de Justicia se incrementa año tras año. De ahí, por ejemplo, que en la Memoria 2009 de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid se destaque el esfuerzo realizado por la Comunidad de Madrid en medios personales y materiales. Aún con todo, lo más importante, a mi juicio, es que la modernización de la Justicia se realice de forma simétrica y acompasada en toda España, o, de lo contrario, se estarán modernizando la Justicia pero se cometerá el error de hacer tantos modelos distintos como comunidades autónomas.

¿Qué debe hacerse para que el juez sea clave en esta nueva oficina judicial y pueda centrarse en su cometido único de dictar sentencias?

Uno de los elementos más importantes en el nuevo modelo de Oficina Judicial es la asunción por parte de los Secretarios Judiciales de funciones que hasta ahora desempeñaban los jueces, además de dictar sentencias. La idea, en principio, es positiva para centrar el cometido específico de los jueces. El problema radica en que este “reparto” de funciones distinto al actual no ha sido debidamente consensuado entre las partes con anterioridad y, por lo tanto, su puesta en marcha está generando algunos problemas que debieran haberse solucionado previamente.

Desde el propio Ministerio se ha presentado un anteproyecto sobre Arbitraje y Mediación, ¿es un buen momento el actual para impulsar las soluciones extrajudiciales? ¿Cómo está el proyecto de convertir a Madrid en capital internacional del arbitraje?

En general, se tiene la impresión de que se está judicializando en exceso la vida cotidiana de los ciudadanos y de las instituciones, sean estas cuales sean. No obstante, la sobrecarga de los juzgados es un hecho. Por ejemplo, los Juzgados existentes en la Comunidad de Madrid tienen la tasa de litigiosidad más alta de España, y la carga de trabajo que soportan es casi el 35% de la carga de trabajo de todos los Juzgados de España. En este sentido, considero positiva aquellas iniciativas que hagan más soportable esa carga de trabajo o que ayuden a disminuirla, en aras de conseguir una mayor eficacia y rapidez en la Administración de Justicia. Por otro lado, la Comunidad de Madrid apoya decididamente que sea Madrid la capital internacional del arbitraje, sin ningún género de dudas.

En un momento como el actual de recesión y de incremento de los pleitos, usted ha manifestado la necesidad de reformular la justicia gratuita. ¿Cómo y de qué manera habría que reconducir esta iniciativa? ¿Es partidario de cambiar el modelo de funcionamiento que existe en la actualidad?

El modelo de justicia gratuita que existe actualmente es injusto e inviable, por este orden. El sistema a día de hoy está completamente desvirtuado y disparado. Es necesaria una reforma en profundidad, algo en lo que estamos de acuerdo comunidades autónomas, Ministerio de Justicia y el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hay que ofrecer esta asistencia a quien realmente lo necesite y así lo acredite. A día de hoy esto no está ocurriendo, lo que está provocando un aumento exponencial de los expedientes y recursos, incluso ante el Constitucional, que colapsan la Justicia y, en muchas ocasiones, ni si quiera están respaldados por los propios interesados. Por este motivo, el decreto que preparara el Gobierno regional no recortará derechos, sino que los garantizará, pero a aquellos que sea destinatarios de los mismos, según la ley.

¿Coincide con las declaraciones efectuadas a nuestra publicación por el juez decano de Madrid, que la politización del CGPJ está afectando de forma notable al prestigio y descrédito del poder judicial?

Como he dicho al principio de esta entrevista, creo que un reto fundamental en estos momentos en conseguir fortalecer la independencia del poder judicial, y esto pasa porque el poder político no tenga ninguna influencia en los procedimientos u órganos judiciales. Se trata de aplicar la famosa, y a veces, muy olvidada, separación de poderes de Montesquieu que, lamentablemente, no se aplica con la rigidez necesaria en algunas ocasiones.

¿Por qué hemos llegado a una situación tan crispada en nuestro país, donde la Justicia, o mejor dicho las actuaciones de determinados jueces, son noticia?

La mezcla de la Política y la Justicia siempre resulta obscena y polémica. Esta es la razón principal.

Una de las iniciativas más esperadas de su Consejería es la Ciudad de la Justicia, aún en construcción. ¿Podría decirnos si hay fechas para su reactivación como actividad?

La Ciudad de la Justicia ha sido un proyecto muy ambicioso que, debido a la crisis económica, hoy se encuentra paralizado. Por este motivo, la Comunidad de Madrid, consciente de la importancia de hacer la justicia más eficaz, está buscando soluciones para concentrar los juzgados y, de esta manera, agilizar los procesos y facilitar la labor a los jueces y trabajadores de los juzgados, lo que redundará en beneficio de todos ciudadanos.

¿Cómo valora que se haya disparado el número de familias en quiebra que se acojan además a los procesos concursales? ¿No cree que debería diseñarse un nuevo procedimiento más ágil y menos costoso que regulase estas situaciones tan complejas?

Es indudable que la crisis económica está teniendo una especial repercusión en las familias, entre otros motivos por la ausencia de medidas de apoyo por parte del Gobierno de España. Conviene recordar que en el conjunto de países europeos de nuestro entorno existen -ahora y antes de la crisis- muchas más ayudas de todo tipo a las familias. En España, este diferencial está provocando una situación mucho más grave. En este sentido, el Gobierno Regional incentiva todo lo que signifique un mayor acercamiento de la Administración de Justicia a los ciudadanos, a las familias en concreto, si bien estas necesarias medidas no corresponde adoptarlas a la Comunidad de Madrid.

Por último, ¿cómo cree que se percibe en la opinión pública que el Tribunal Constitucional haya, tras cuatro años de deliberaciones, alcanzado una sentencia sobre el Estatut de Catalunya?

Básicamente, creo que la gente tiene un concepto de falta de agilidad judicial preocupante. El Tribunal Constitucional tiene un papel básico en nuestra democracia y es el garante de nuestro propio sistema de organización y funcionamiento, basado en la Constitución española. Es cierto que analizar un tema tan controvertido y complicado como el Estatuto conlleva meses de estudio, pero no lo es menos que en este caso, han resultado de cara a la opinión pública, demasiado tiempo para resolver.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.