Como colofón a una carrera judicial de ocho años hace unos días el Foro Justicia y Discapacidad, entidad impulsada el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, entre otras instituciones entregó recientemente el premio trayectoria personal a Javier Laorden, hasta hace unas fechas vocal de este Consejo, hoy de nuevo en Cuatrecasas. Además de Laorden, en la categoría de “trayectoria personal”, fueron premiados por la “actuación empresarial”, la Fundación Vodafone, como “institución”, al Padre Jaime Garralda, fundador de la ONG Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, y como “medio de comunicación social”, a José Luis Fernández, de la Cadena SER. En opinión de Javier Laorden, “es fundamental que el colectivo de personas con discapacidad desarrolle aún más su visibilidad de cara a crear una cultura en la sociedad española que ayude a sin sanciones a impulsar el fenómeno de la integración”.
Javier Laorden ha recuperado su condición de Socio del despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira que ya ostentaba desde 1988 trabajando habitualmente en procesos de adquisición y concentración de grupos empresariales, planificación jurídica y organización corporativa de empresas familiares y desarrollo de inversiones extranjeras en España y españolas en el exterior.
Profesor de la escuela de Práctica Jurídica de ICADE y ponente habitual en organismos especializados de ámbito tributario. Autor de diversas publicaciones en materia de derecho tributario y asesor de distintas asociaciones empresariales en la elaboración y propuesta de modificaciones legislativas en distintos ámbitos. Ex Vocal del Consejo General del Poder Judicial y Miembro del Executive Board de la Red Europea de Consejos Generales del Poder Judicial.
¿Podría hacernos una valoración del premio que ha recibido por el Premio Foro Justicia y Capacidad?
Como dije el dia que recibí el premio ha sido un orgullo, un honor y un privilegio recibir esta distinción. Honor por venir de quien viene el propio Consejo General del Poder Judicial; donde he estado siente años y es el reconocimiento a una labor realizada, un orgullo porque supone defender a las personas más desfavorecidas de la sociedad. Y un privilegio porque me han dado el premio por hacer mi trabajo pese a haber en este mundo de las personas que trabajan con discapacitados gente con más trayectoria que un servidor. He sido el único jurista premiado y esta distinción tiene un valor muy especial, desde luego.
¿Cuál es la situación de las personas con discapacidad en nuestro país? ¿Existe la legislación adecuada para su integración en la sociedad?
Se han hecho muchos progresos y es evidente que la legislación que tenemos va por el camino que queremos todos. Tanto la legislación de integración como el tratamiento de las pensiones contributivas de las personas con discapacidad son bastante útiles desde luego. Falta a mi juicio desarrollar un Real Decreto que fomente la accesibilidad universal en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad. Ahora existe la Convención de las Naciones Unidas para el reconocimiento de estas personas. Se ha convertido a la discapacidad en un derecho fundamental y es que debemos tender a la integración de estas personas en una sociedad más competitiva.
El problema no es la legislación sino la aplicación practica de la misma. Tenemos los elementos jurídicos adecuados pero aún no se han utilizado con plenitud. Esta es la gran pelea que tiene el colectivo de personas con discapacidad en estos momentos.
En este contexto, ¿cuál es el principal obstáculo para que esta legislación se desarrolle como se espera?
Sobre todo lo que veo que no hay en la sociedad española una cultura sobre la integración. La integración no se consigue en base a sanciones a esa empresas que no cumplen con la legislación sino por la convicción plena que es necesario apoyar al colectivo de discapacitados de nuestro país. La integración trata de hacer normal lo que parece que no lo es.
¿Hay algún país europeo en el que nos tenemos que fijar en cuanto a progreso por la integración de las personas con discapacidad?
La verdad que en esta cuestión nuestro país se encuentra en la avanzadilla europea de los países más progresistas. Quizá el debate se haya centrado más en el capítulo de la dependencia, sobre todo relacionado con su inclusión o no en la propia Seguridad Social. En el futuro a medida que la sociedad se mentalice que es una obligación integrar a los más débiles estoy convencido que mejorará el marco de prestaciones de personas con discapacidad.
Según el CERMI, las consultas jurídicas han crecido 65 por ciento, debido a la discriminación y la falta de oportunidades de las personas con discapacidad. ¿Cómo puede darse la vuelta a esta situación?
Es lógico que crezcan estas consultas, tenga en cuenta que cada vez se habla con mayor asiduidad de los derechos de las personas con discapacidad. En el marco normativo que le comentaba es evidente que las personas con discapacidad advierten que tienen sus derechos y quieren reclamarlos.
A este respecto desde el Consejo General del Poder judicial hemos organizado desde hace un año con el Colegio de Abogados de Madrid un Servicio de Orientacion Jurídica para este colectivo que funciona de forma plena en estos momentos
¿Porqué cree que las empresas privadas en general y la administración en particular no cumple con el número de plazas que debería reservar para este colectivo?
La verdad que es una de las asignaturas pendientes del fenómeno de la integración. Creo que a nivel empresarial hay un cumplimiento del 50 por cien en estos momentos. Vamos avanzando por ello en el fenómeno de la integración pero debemos de seguir incidiendo en este aspecto.
A nivel público es evidente que existía un sistema que no era todo lo correcto que debiera ser. Se convocan plazas para las personas con discapacidad y si no se cubrían se hacia a través de convocatorias libres. De alguna forma esto evitaba que las personas con discapacidad pudieran integrarse.
En la actualidad se ha establecido un sistema de tal forma que si no se cubren esas plazas por discapacitados se hará en años sucesivos, sin por ello perder esas plazas. Si esta actividad funciona no me cabe duda que será un elemento dinamizador para la administración publica, gracias a lo cual veremos a más discapacitados trabajando como funcionarios
Algunas de las quejas vienen dadas por la falta de transparencia de la Administración a la hora de dar información, ¿cómo cree que habría que trabajar este asunto?
Más que falta de transparencia de la Administración lo que si creo es que ha llegado el momento que la discapacidad se haga visible en el mundo que vivimos. Quizás como el fenómeno de los discapacitados es cada vez más tangible se percibe por ellos y otros agentes sociales que la propia Administración no reacciona.
Habla de la visibilidad de este colectivo supone en primer lugar perder el miedo hacerse visible. Y desde esta perspectiva reclamar sus derechos y la misma igualdad que señala nuestra Constitución.
Al mismo tiempo es fundamental poder crear esa cultura social a favor de la integración con normalidad de estas personas. Se trata, en definitiva, de tener más presencia en la sociedad a través de jornadas y actividades que se hagan con periodicidad.
¿Cómo se consigue tener más presencia en nuestra sociedad?
Contestando a su pregunta se trata que hubiera otras entidades al igual que el Foro Justicia y Discapacidad que ayuden a este fenómeno de la integración. Debemos trabajar de forma organizada para crear esta cultura. Para transmitir al empresario que es necesario ayudar a esas personas a su integración a todos los niveles. En un momento de crisis social y económica de nuestra sociedad si el mundo de la discapacidad se ubica bien podrá tener el lugar que le corresponde.
Encauzar este trabajo debe ser a través de las asociaciones de estos colectivos. Bajo mi punto de vista tanto Cermi como Fundación Once están haciendo una gran labor como portavoces de este colectivo. Están presentes en las principales instituciones del país y pueden influir desde esta posición a la hora de aprobar determinadas leyes.
¿Cómo cree que va a evolucionar la Ley de Dependencia en nuestro país tras sus primeros dos años de funcionamiento? Nuestro país debe tender al modelo francés como ejemplo europeo?
Aunque reconozco que no soy un experto en esta problemática tengo que reconocer que es una ley que cuando se aprobó generó mucha ilusión entre todos los colectivos afectados. Sin embargo creo que se ha quedado corta en relación a lo que veremos en el próximo futuro. Es evidente que sus efectos hay que analizarlos dentro de otros tres años porque ahora es prematuro hacerlo.
Por lo que le estoy comentando no es una Ley definitiva. Habrá que retocarla en el futuro. Todo irá en función del impulso social del que estamos hablando. Es decir si hay una mayor conciencia de la integración es evidente que la Ley tendrá que adaptarse a las nuevas situaciones.
Se ha acusado a la Administración del desarrollo de una Ley sin recursos y con falta de personal y sin una financiación clara, ¿cómo puede solucionarse este asunto?
Es evidente que el desarrollo normativo de esta Ley va a costar dinero. Además en el contexto económico que vivimos de recesión será aún más complicado. De todas formas debemos de pensar que vamos por el buen camino; que la ley carece de recursos suficientes para su desarrollo. Es una asignatura pendiente que deberemos superar en los próximos años.
¿Hasta que punto la actual crisis económica puede perjudicar el desarrollo de esta Ley y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en concreto?
La crisis económica nos va a afectar a todos y también a los más vulnerables desde luego. Esperamos que este momento de recesión tan duro que vamos a vivir no lo sufran en demasía los más desfavorecidos.
Por último, como antiguo magistrado y ahora jurista, ¿cómo cree usted que debe afrontarse el problema de la justicia en nuestro país?
Es evidente que todos los afectados coincidimos en el diagnóstico de nuestra justicia. Se sabe lo que hay que hacer pero parece que no sabemos como hacerlo. Es curioso pese al Pacto de Estado por la Justicia firmado en el 2001 por los partidos políticos en estos últimos ocho años no hemos hecho grandes cosas en materia de justicia.
Hay una Ley Organica del 2003 que habla de la Oficina Judicial pero que por diversas circunstancias no se ha desarrollado. Es fundamental volver al consenso anterior y actualizar el citado Pacto. Sin el acuerdo de las fuerzas políticas la modernización de la justicia no será posible. La administración de Justicia no ha tenido los medios que se han invertido en la propia Administración Tributaria, todo un ejemplo a seguir.
Desde esta perspectiva hay que analizar la ultima huelga de los jueces. Es evidente que el ciudadano puede no entender porqué se hizo ese paro, pero se le debería explicar que los jueces tienen mucha razón en muchas de sus reclamaciones al propio Ministerio. Aun así la verdad es que todos esperábamos en el último momento que reflexionasen y no fueran al paro, como fueron.
¿Cómo valora el desarrollo del arbitraje y la mediación en este contexto?
También seria buen momento ahora para fomentar los métodos extrajudiciales como el arbitraje y la mediación para desatacar nuestra justicia. Ahora llega una Directiva Europea sobre Mediación que se implantará en nuestro país.
Es evidente que se han hechos progresos a nivel arbitral, sobre todo en el plano internacional pero nos falta desarrollarlo en nuestro país de forma más progresiva a lo que se está haciendo.
Cuando creemos la cultura del arbitraje en nuestro país se verá que es un método para resolver conflictos muy apreciado y útil. Desde esta perspectiva no es descabellado pensar en que se cree a corto plazo una Corte de Arbitraje Familiar. Se trataría de abordar la problemática de la empresa familiar.
