Reconoce sentirse ilusionado cuando está a punto de culminar su segundo mandato al frente de los Graduados sociales, un colectivo clave de más de 25.000 profesionales que gestiona en nuestro país las relaciones laborales de un millón y medio de empresas y ocho millones de trabajadores. “Hemos tenido los graduados sociales una evolución como profesión muy a tener en cuenta”, explica Javier San Martin, su presidente desde hace ocho años. “Ahora queremos convertirnos en uno de los referentes de las empresas españolas, gracias a nuestra estrecha relación con la Tesorería de la Seguridad Social” A lo largo de esta entrevista pasa revista nuestro interlocutor a la inminente Reforma Laboral que entrará en vigor en nuestro país; la situación de nuestra justicia y cómo están evolucionando los Colegios Profesionales tras la entrada en vigor de la Directiva de Servicios a finales del año pasado. “La reforma emprendida por el Ministro Caamaño debe luchar por mitigar la lentitud de la justicia y que exista dispersidad de actuaciones en las comunidades autónomas con competencia transferidas. No es posible que la justicia sea diferente por cuestión del territorio”.

Javier San Martín Rodríguez, es leonés de nacimiento. En esa capital castellana se licenció en Derecho (1980) para luego convertirse en Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de León. Doctoral “Los plazos en el proceso del Despido Disciplinario” obteniendo la calificación Sobresaliente Cum laude. Publicada por la Editorial La Ley (Wolters Kluwer España) en Mayo 2010. En la ciudad castellana también inicio sus primeros pasos como Graduado Social desde 1980, cursando también estudios en Ciencias del Trabajo.

Nuestro interlocutor es el actual Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España desde el año 2002 hasta la actualidad. A su vez es presidente de la Fundación Justicia Social creada por esta entidad, así como responsable de la Asociación Civil de Profesionales de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Es Titular de la Asesoría de Empresas Gestión Legal de Negocios S.L. (Gestiley, S.L.) y del Bufete San Martín Rodríguez, con sedes en León y Madrid, integrado en el Bufete “Casadeley” y perteneciente a la red jurídica española, organización de ámbito profesional para cubrir las necesidades de los clientes de los despachos que la forman en toda España.

Con anterioridad ha sido Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de León desde el año 1996 al 2007.Ha sido profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de León.

Es autor y coautor de determinadas obras escritas relacionadas con el Derecho del Trabajo y Seguridad Social, ha llevado a cabo un importante número de conferencias impartiéndolas tanto en el ámbito académico como profesional en España y en el Extranjero. También por el 25º Aniversario del Estatuto de los Trabajadores., se publicó la obra “Análisis Jurisprudencial y Modificaciones necesarias”, editado por Mutua Sat (Octubre 2005).

Es articulista habitual de periódicos especializados y un gran valedor de que los asuntos en materia laboral que se ejercen en el ámbito de lo contencioso-administrativo se migren a la Jurisdicción Social, así como un gran valedor de una Ley Integral del Accidente de Trabajo.

Por último fue redactor del artículo 174 y 175 de las Bases Constitucionales para América Latina y El Caribe (XII Congreso Nacional del Equipo Federal de Trabajo de la República Argentina. Agosto 2005)

Ha sido el organizador de los Encuentros que su Consejo General ha mantenido con el CGPJ en los periodos que van desde el 2004-2007 en capitales españolas como León, Palma de Mallorca, Las Palmas o Madrid, respectivamente

También ha formado parte del Comité Organizador del Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y Seguridad Social bajo el lema “La Protección de la Salud y Seguridad en el Trabajo” (León, 10, 11 y 12 de septiembre de 2008)

Posee la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort (R.D. 2184/2004, de 12 de noviembre), así como la Cruz al Mérito a la Justicia de Polonia (En Roma, a 30 de abril de 2005) y el Caballero del Monasterio de Yuste por la Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste (En Cuacos de Yuste, a 2 de octubre de 2009).

¿Podría explicarnos su viaje a Roma y su encuentro con sus colegas del Club de Profesionales Laboralistas?

Este encuentro mantenido hace unas semanas ha servido para que cada uno de los participantes expusiera una breve descripción de la actual situación de crisis que se vive en sus respectivos países. Asimismo, en las diferentes intervenciones se escucharon las medidas adoptadas por cada Gobierno y la opinión de los profesionales laborales al respecto de estas actuaciones.

La convocatoria de esta reunión estuvo a cargo de Dña. Marina Calderone, Presidenta de los Consulenti del Lavoro que con carácter de urgencia quiso reunir a todos los miembros de esta asociación para definir las estrategias de ampliación y potenciación del Club dentro de la Unión Europea Todos los integrantes de la reunión estuvieron de acuerdo en potenciar la presencia del Club Europeo dentro de las Instituciones Europeas y ampliar el número de miembros con profesionales laboralistas de diferentes países europeos.

Otro de los temas que se trataron fue la necesidad de constituir un Master en Derecho Laboral Europeo que se impartiría en Roma y Madrid, con el objetivo de que los alumnos de las diferentes Escuelas de Práctica Profesional pudieran ultimar sus estudios de postgrado con una formación de carácter internacional, que sin lugar a dudas, les aportará una visión amplia del Derecho del Trabajo

¿Cuál es la postura de los graduados sociales sobre la reforma laboral que entrará en vigor dentro de unos días en nuestro país?

Consideramos que es una reforma muy leve. Se quieren prevenir situaciones de futuro cuando realmente el problema ya lo tenemos en forma de un aumento considerable del paro en los dos últimos años. La crisis la tenemos ahora y el texto que se ha articulado parece no responder a estas necesidades concretas actuales. Es el caso de las indemnizaciones por despido. De nada vale que ahora se rebajen los días pactados porque eso no soluciona la problemática de los contratos en vigor.

Otros razonamientos a mi contestación vienen dado porque los demás aspectos que se señalan en la reforma ya vienen recogidos en nuestra legislación; tanto el Estatuto de los Trabajadores como la propia jurisprudencia del Supremo ha servido para ir solventando diferentes situaciones que se han configurado en tiempo de crisis

Creo por ello que se debería de haber intervenido en las relaciones laborales actuales, es decir, se deberían de haber establecido medidas en orden a los contratos vigentes hasta la entrada en vigor y ¿que tipo de medidas? pues veo correcto que el Fogasa se haga cargo de 8 días de indemnización, pero ya, no. Por otro lado, para los despidos que se produzcan como consecuencia de los contratos celebrados a partir de ahora, veo también correcto que se hubiera abaratado el despido disciplinario para toda la población de 45 días a 33 días. En este contexto no sería descabellado pensar en acometer una reforma de la Seguridad Social importante para ajustar las prestaciones y los costes a la realidad social. Realmente esperaba más de los partidos políticos en estas circunstancias. Desgraciadamente es posible que hayamos desaprovechado un momento clave como el actual para hacer la reforma laboral que necesitaba este país.

Ustedes, que tienen en la pyme a su principal cliente, ¿no creen que esta reforma ha dejado de lado la problemática de estas empresas?

La reforma de la que hablamos se ha focalizado únicamente en el abaratamiento del despido. Creo que deberían haberse tocado otros factores que ayudaran al fomento del empleo en nuestro país, tal y como está la situación en España con arreglo al desempleo.

Contestando directamente a su pregunta las pymes se encuentran desatendidas con respecto a esta reforma porque no se les facilita instrumentos suficientes para la creación de empleo. Hay que afrontar el presente y la bajada de la productividad de nuestra economía. Esta falta de equilibrio entre el ingreso y el gasto ha descolocado a la pequeña y mediana empresa y al autónomo que en muchas ocasiones ha tenido que cerrar su negocio.

En esta reforma, ¿cuál va a ser el papel de su colectivo que representa?

Seguiremos ocupando el papel clave en las empresas y siendo leales a la legalidad, como siempre hemos hecho. Nuestro conocimiento se centrará sobre todo en el conocimiento de la norma para poder intermediar en las tensiones que se susciten en las diferentes relaciones laborales. No podemos olvidar que el entorno ha cambiando bastante, lo que ha hecho que el entorno laboral sea más tecnificado y especializado que nunca. Para ello procuramos tener la formación adecuada para que empresa y trabajador utilicen nuestro know how en este sentido.

¿Cuál es la situación de los graduados sociales en nuestro país?

Creo que la evolución de nuestro colectivo en los últimos años ha sido espectacular. En estos últimos ocho años hemos hecho muchas cosas; crear la Escuela de Práctica Profesional; impulsar la Fundación Justicia Social y mejorado la colaboración con las diferentes administraciones públicas a través de diferentes convenios de colaboración, entre los que puedo destacar los firmados para consolidar nuestra presencia en los sistemas RED y DELTA. En este contexto surgió el Consejo General de los Graduados Sociales como organismo administrativo que da servicio a nuestros profesionales.

A nivel competencial, es evidente que el peso específico de los graduados sociales cada vez es mayor. Precisamente el pasado 4 de mayo de 2010, entró en vigor la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial. Esta Ley que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Procedimiento Laboral, ha consagrado la firma del Recurso de Suplicación en igualdad de condiciones que el resto de operadores jurídicos para el Graduado Social Colegiado.

Tanto el Consejo General como los Colegios Oficiales, son las corporaciones responsables de velar por los intereses del Colectivo, pero también tienen la obligación de poner todos los medios posibles para que aquellos profesionales, que lo necesiten, puedan recibir una formación acorde con esta nueva responsabilidad, y así garantizar que todos los Recursos de Suplicación, que a partir de hoy pueden ser presentados ante los Tribunales Superiores de Justicia, sean documentos dignos de llevar su firma.

¿Hay algún perfil definido de profesional que trabaja como graduado social en nuestro país?

Somos un colectivo activo de 25000 profesionales que pueden atender el millón y medio de pymes que existen en nuestro país. En Europa hay 8 graduados sociales por cada diez mil ciudadanos, mientras que en nuestro país este ratio queda reducido a la mitad. Desde esta perspectiva la única solución que vislumbramos es que la Universidad Española emita un título académico específico y que las propias instituciones públicas sigan refrendando nuestra actuación profesional.

Sobre esta cuestión puedo comentarle que hablamos de un profesional, 60 por cien varón y 40 % mujer, con una amplia formación en Derecho y en relaciones laborales que da empleo a más de 70.000 personas, gestionando las relaciones laborales de más de ocho millones de trabajadores

¿Qué relación mantiene su colectivo con otros operadores jurídicos?

Es evidente que no podemos ocultar las tensiones mantenidas con la abogacía española. Quizás los conflictos han sido más con su cúpula dirigente que con el propio colectivo en sí. La verdad es que no entendemos sus planteamientos sobre nuestra profesión. Ni si quiera el hecho de que quien le habla ejerce ambas profesiones de forma simultánea me ha servido para eludir diferentes expedientes que el CGAE me instruyó, saliendo de todos indemne. Pese a todo ello, estoy dispuesto a mantener una nueva reunión con Carlos Carnicer, presidente del CGAE para poder normalizar las relaciones entre ambas profesiones

¿Cómo va a afectarles la Directiva Comunitaria de Servicios, ya en vigor en nuestro país?

Tendremos que impulsar la modernización de nuestros colegios y desde luego eso va a redundar en el concepto actual que tenemos de Colegio Profesional. Ya no se trata tanto de defender a una corporación en concreto, sino más ofrecer servicios a nuestros profesionales. En este sentido el proyecto telemático de ventanilla única es un hito porque ayudará a que los colegiados conecten con sus colegios vía online, tal y como se indica en la mencionada Directiva. En estos momentos estamos dilucidando quién será el proveedor de servicios informáticos en este sentido para esta actividad concreta.

En este sentido puedo decirle que somos uno de los colectivos más cercanos a las nuevas tecnologías. Ya desde hace años empleamos el sistema Red en nuestro trato diario con la Tesorería de la Seguridad Social. Incorporamos al sistema Lexnet no nos ha supuesto un esfuerzo, sino todo lo contrario. Colegios como el de Murcia ya esta operativo en este sentido concreto.

En este contexto, ¿va a cambiar mucho el concepto clásico de Colegio Profesional que conocemos?

Habrá de alguna forma que reinventar la figura del Colegio Profesional. Hasta ahora ha cumplido un papel clave en el desarrollo de las profesionales liberales. Dicho esto entiendo que la colegiación deberá ser obligatoria para las profesiones jurídicas especialmente. Sería negativo para la sociedad obrar de otra forma a la hora del ejercicio de una profesión sin el control pertinente.

Ahora que habla de Lexnet, ¿Dónde está el problema para que no funcione como sistema telemático de administración de datos jurídico?

Hablar de Lexnet es hacerlo de las voluntades a integrarse en el proyecto. Hasta la fecha no ha habido una voluntad individual de que Lexnet fuera la referencia que todo el sistema legal buscaba. En este contexto que existan once comunidades autónomas con competencias transferidas y sistemas informáticos diferentes también es un problema muy a tener en cuenta.

Por último, ¿cuál puede ser el papel del graduado social dentro de las reformas que se están impulsando desde el Ministerio de Justicia para mejorar nuestra justicia?

Creo que seremos clave en el orden social, pues no podemos olvidar el papel clave de nuestro colectivo en las relaciones laborales como le vengo comentando a lo largo de esta entrevista. Hasta la fecha la capacidad de respuesta de un asunto en el campo social, desde que entra hasta que se finaliza, es cinco veces más rápida que en cualquier otro ordenamiento. Nuestra labor será continuar con la colaboración estrecha con la propia administración de justicia. De hecho quiero aprovechar esta pregunta para destacar el esfuerzo del Gobierno y del Ministerio en materia de justicia. Pensamos que la Oficina Judicial, le pese a quien le pese, es una herramienta necesaria para que nuestra justicia se modernice todo lo que necesita.

Tengo entendido que usted finaliza su mandato el próximo mes de diciembre. ¿Se encuentra con fuerzas para llevar a cabo un tercer mandato?

En efecto, en diciembre finalizó mi segundo mandato al frente de los Graduados Sociales, creo que he demostrado sobradamente que las promesas que hice en cada programa electoral se han cumplido incluso superando las expectativas: La representación técnica , el recurso de suplicación, la incorporación de los estudios de Grado, la modernización de la profesión, etcétera; y en efecto, tengo una gran ilusión para que esta profesión sea una referencia a nivel europeo.

Francamente, considero que en los próximos 4 años, la profesión de graduado Social puede ayudar en gran medida a las sociedad española asesorando adecuadamente a la pequeña y mediana empresa y sirviendo de punto de encuentro. Además, mi propósito en caso de que mis compañeros me renueven su confianza, es que un Graduado Social pueda formar parte como Vocal del Consejo General del Poder Judicial aportando un punto de vista práctico y realista a la Justicia española.

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