El Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Catalunya (Cicac) reunido recientemente en Tarragona eligió como presidente al decano del Colegio de Tortosa (Tarragona), Josep Canício Querol, que sustituirá a la decana de Barcelona, Sílvia Giménez-Salinas. En su toma de posesión Josep Canício dijo que en su año de mandato intentará reforzar al Cicac como «órgano rector y representativo de la abogacía catalana», mejorar los servicios a los abogados y defender sus intereses. Bajo su punto de vista el nuevo Estatuto de la Abogacía que se está gestando debe “ refleja los cambios profundos que el ejercicio de la profesión experimenta y experimentará en el futuro. “ En su opinión no hay que perder de vista la función de la abogacía como garante del estado de derecho, porque “ hay que asegurar la calidad del servicio que presta y se tiene que dotar de órganos ágiles y preparados para afrontar los numerosos retos que se presentan.”
Josep Canicio es Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona el 1976. Fue Delegado de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UB en el curso 1975-1976 y Diputado segundo de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Tortosa 1988-1998. Ha sido además, Director de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Tortosa 1999-2004. En la actualidad es Decano del Colegio de Abogados de Tortosa desde febrero de 2007 yPresidente de la Comisión de Lengua Catalana del CICAC desde febrero de 2007.
¿Podría decirnos cuáles van a ser las líneas maestras de su mandato como presidente del Consejo Catalán de Abogados?
Reforzar el CICAC como órgano rector y representativo de la abogacía catalana; potenciar la mejora de los servicios que el CICAC presta a los colegios y a sus colegiados y contribuir a los cambios necesarios en la Administración de Justícia desde la óptica del ejercicio de la profesión en el siglo XXI, defendiendo los legítimos derechos de las abogadas y abogados y de los ciudadanos y ciudadanas destinatarios de nuestros servicios.
Es evidente que la abogacía se enfrenta a nuevos retos, entre ellos un nuevo Estatuto de la Abogacia. ¿Cómo cree que hay que definir este documento para asegurar la modernidad de la abogacía?
Abordándolo a la luz de los cambios profundos que el ejercicio de la profesión experimenta y experimentará en el futuro. Sin perder de vista la función de la abogacía como garante del estado de derecho, hay que asegurar la calidad del servicio que presta y se tiene que dotar de órganos ágiles y preparados para afrontar los numerosos retos que se presentan.
Desde esta perspectiva, ¿cree que a corto plazo es viable que el colectivo de abogados tenga su propio convenio colectivo?
Creo que sí. Como en todo sector, abogados y abogadas empresarios y abogados y abogadas trabajadores llegarán a plantearlo, con las particularidades que sean necesarias.
¿Le preocupa que organizaciones como Scevola denuncien el deterioro de la imagen del letrado a nivel social? ¿Cómo puede mejorarse esa impresión en concreto?
Siempre preocupa la percepción negativa que se pueda tener del colectivo de la abogacía, pero no creo que sea general. Nuestra responsabilidad es velar por el estricto cumplimiento de la deontología profesional –que añade un plus específico a los servicios que prestamos- y por asegurar la mejor preparación y formación continuada de los abogados y abogadas. La imagen nos la tenemos que ganar a pulso.
¿Cómo cree que percibe el abogado la labor de instituciones como el Consejo Catalán de la Abogacia ? ¿Cree que se puede mejorar la participación de los letrados en sus respectivos Colegios de abogados?
Hay actuaciones generales del CICAC o de los colegios que a veces no llegan a ser suficientemente valoradas por las personas colegiadas y es tarea nuestra difundirlas y explicarlas. Hay otras actuaciones, más concretas, que resultan mucho más tangibles. La participación en la vida colegial tiene cauces que hay que desarrollar y a ello puede contribuir la extensión del uso de las nuevas tecnologías.
La abogacía sigues siendo una profesión masiva. ¿Cómo valora la nueva Ley de Acceso a la profesión recientemente aprobada? ¿Cree que podrá mejorar la calidad e imagen de la abogacía en los próximos años? ¿Por qué no se ha tenido en cuenta la pasantía como fórmula de incorporarse a la abogacía?
Yo valoro positivamente, en general, la ley 34/2006, esperando el reglamento que la desarrolle. La ley nos sitúa en cuanto al acceso a la profesión en situación parecida al resto de Europa y creo que será positiva en lo que respecta a la mejora de la calidad e imagen de la abogacía en los próximos años. La ley contempla una formación intensa desde el punto de vista práctico, similar en todos los casos, y que a mi juicio ofrece más garantías, en general, que la pasantía tradicional, que en ocasiones puede quedar desnaturalizada.
Otro dato que llama la atención es que según los datos consultados cerca del 40% de los jóvenes que inician la carrera de letrado tienden al abandono en los cinco primeros años de ejercicio.
La competencia cada vez es más dura y los primeros años son muy difíciles en la mayoría de los casos, y ese inicio del ejercicio profesional a veces no es compatible con la necesidad de disponer de unos medios de vida suficientes. Por otra parte, en muchas ocasiones el ejercicio de la abogacía ha sido la salida genérica de los licenciados y licenciadas en derecho que al cabo de unos años pueden preferir decantarse por otras actividades.
¿Cómo puede mejorarse el turno de oficio a nivel procedimental y solventarse los problemas existentes en la actualidad de cobro de los letrados que trabajan en él?
En Cataluña se ha conseguido –con algún altibajo- que el cobro no se demore en exceso. En todo caso la carga que soporta la asistencia jurídica gratuita es considerable y más en situaciones de crisis como la actual. Todo avance en la obtención rápida de información que permita disponer de los datos suficientes para la concesión o denegación del beneficio de justicia gratuita es positivo. Las personas que realmente tienen derecho a la justicia gratuita merecen la especial atención de todos los implicados.
Hoy por hoy, gran parte de los letrados emplean ya la firma electrónica en su quehacer diario, ¿considera que la irrupción de esta tecnología puede generar una nueva forma de hacer abogacía?
De hecho ya la genera aunque su uso no está todavía suficientemente generalizado. En los próximos años asistiremos a cambios importantes en la forma de ejercer.
¿Qué valoración puede hacer de la puesta en marcha de entidades como el Foro por la Justicia, institución que pretende trabajar en actividades que mejoren el estado de la justicia en nuestro país?
Los problemas de la Justicia no pueden abordarse sectorialmente, sino desde el concierto de todas las partes implicadas y pensando en los destinatarios finales del servicio público. Desde esta óptica la valoración es positiva.
Desde esta perspectiva, ¿podría darnos su opinión sobre cómo mejorar nuestra justicia como servicio público?
Parte de la respuesta está precisamente en considerar la administración de justicia como un servicio público, lo que, sin perjuicio del respeto debido a la función jurisdiccional implica una cierta desacralización.
En todo caso veo necesario:
a – Asegurar la dotación económica suficiente (en recursos humanos y materiales) para la implantación de los cambios que en la estructura o funcionamiento de los órganos judiciales introducen las nuevas leyes.
b – Desjudicializar determinados supuestos que no requieran su tramitación en los juzgados, disminuyendo la carga de éstos.
c – Favorecer vías de resolución de los conflictos, como la mediación y el arbitraje.
d – Exigir el cumplimiento de todos los plazos, adecuándolos a la realidad si es preciso, en los procedimientos judiciales.
e – Mejorar, racionalizándolos, los sistemas de notificación a los intervinientes en los procedimientos (medios y terminología utilizados, horarios) y de comunicación de las partes con los órganos judiciales.
f – Adecuar los horarios a las necesidades del servicio a prestar.
g – El control y optimización de la agenda judicial para una planificación horaria racional que evite retrasos y esperas injustificadas y suspensiones de las vistas o diligencias.
h – Incentivar el acceso de personas con formación previa suficiente al funcionariado de los juzgados y abrir nuevas vías de acceso para acceder a jueces, fiscales o secretarios, más allá de la tradicional oposición.
i – La separación de jurisdicciones en todos los partidos judiciales, que se podría conseguir optimizando el uso de las instalaciones, que podrían compartirse.
j – La plena incorporación de las nuevas tecnologías.
