Abogados penalistas de distintos países se han reunido hace unos dias en la sede del Consejo de la Abogacia en Madrid para asistir a la presentación de Penalnet, la comunidad virtual creada para abogados penalistas de España, Francia, Italia, Rumania y Hungria, un proyecto financiado desde la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea a través del programa Criminal Justice 2007. Este proyecto, según explico Pere Huguet, responsable de Red Abogacia y de Penalnet en nuestro país,” es fruto de un año de duro trabajo y se basa en el uso de certificado digital de abogado europeo y contiene un directorio de penalistas acreditados que permite colaborar a 1.500 letrados penalistas acreditados por su Colegio o Consejo Profesional. De esta forma se pueden abordar los pleitos transfronterizos que surjan entre letrados de diferentes países.”
En esta presentación en la que junto con Carlos Carnicer, presidente del CGAE y Antonio Ruiz-Giménez, director general de Penalnet, estuvo presente José Rodrigo, responsable de Penalnet en la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad en la Comisión Europea quien comento en su intervención que “la idea que queremos desarrollar es la de poner en marcha un espacio europeo en materia de justicia penal. A este respecto para este año contamos con un presupuesto de 30.9 millones de euros, parte del cual irá destinado a un portal jurídico que lanzaremos a final de este año. Creemos que es la mejor fórmula de potencia la e-justice”.
Pere Luis Huguet es abogado; desempeña el cargo de Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Reus y Consejero Adjunto a la Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española. Es a su vez miembro del Consejo de Administración de IT-CGAE y vicepresidente de la “Comisión de estructuras, programas y aplicaciones para la Abogacía y la Justicia” del Consejo General de la Abogacía. Además ocupa el cargo de Consejero y miembro de la comisión permanente del Consell dels Illustres Collegis d´Advocats y es responsable del Proyecto de innovación tecnológica del Consejo General de la Abogacía Española.
También desempeña la función de Vocal de la Comisión Lex Net del Ministerio de Justicia; vocal del consejo asesor de la Facultad de derecho de la Universidad Rovira i Virgili y vocal de la comisión de nuevas tecnologías de la CCBE en Bruselas.
¿Podría hacernos una primera valoración de la inversión del Ministerio de Justicia en tecnologías para modernizar la justicia como servicio público?
La presentación el pasado viernes en el Consejo de ministros del plan para modernizar la Justicia por parte del Ministro de Justicia abre un atisbo de esperanza en la esperada modernización de la Justicia. No obstante, no es necesaria sólo la inversión económica sino que es igualmente importante antes de invertir, diseñar qué modelo tenemos para nuestra justicia y especialmente los criterios de interoperabilidad. De nada sirve invertir como se ha hecho hasta la actualidad sin que compartamos entre todos los órganos que forman la Administración de Justicia, los datos relevantes de los procesos que evitarán situaciones por todos conocidas.
Entre 2001 y 2009 prácticamente no se hizo nada en este sentido, ¿cree que sería conveniente revitalizar el Pacto de Estado por la Reforma de la Justicia a la vez que apostar por las nuevas tecnologías?
Es esencial que todos los grupos políticos así como todas las administraciones con competencias lleguen a un pacto para modernizar la justicia sin un acuerdo entre todas ella, difícilmente podremos asumir un reto pendiente desde la transición democrática, no sólo modernizando y dotando de medios informáticos a la Administración de Justicia, sino que reformando su propia estructura y organización diseñada en el siglo IX y que no sirve para la sociedad del siglo XXI.
Además de estas medidas, ¿cree que habría que fomentar las soluciones extrajudiciales y educar al ciudadano de cara a que no acuda al juzgado para cualquier tema sea o no importante?
Efectivamente la mediación y el arbitraje son medios de resolución de conflictos a los cuales la abogacía ha apostado desde hace años siendo pioneros en la creación de tribunales arbitrales y la formación de mediadores, pero también tenemos que recordar que los abogados en sus despachos pactan entre las partes multitud de cuestiones litigiosas que no llegan a los tribunales.
En este contexto ¿cómo se articula el esfuerzo de la abogacía española desde Red Abogacía como interlocutor tecnológico de cara a que la justicia funcione?
La Abogacía española inició un proceso de modernización basado principalmente en dotar a los abogados y a los colegios de abogados de aquellos elementos tecnológicos necesarios para ejercer la profesión utilizando las nuevas tecnologías, de esta manera la abogacía se ponía en la delantera de la modernización tecnológica y está en la actualidad preparada para asumir cualquier reto que la Administración de Justicia instaure. En este sentido, señalar especialmente, que se sustituyó el carnet colegial de los abogados españoles por otro con chip criptográfico y firma electrónica en la cual identifica al abogado como colegiado ejerciente en el mundo electrónico y le posibilita el ejercer electrónicamente ante la Administración.
Red Abogacia impulsa Penalnet como una red europea de abogados especialistas en derecho penal unidos por las nuevas tecnologías. ¿qué se espera de esta comunidad virtual de abogados en el futuro?
Penalnet ha despertado una gran expectación como asi queda reflejado en la presentación oficial de la aplicación que tuvo lugar el pasado 24 de septiembre a los propios abogados en la sede del CGAE. El resto de abogados que no pudieron acudir en directo pudieron seguir la jornada a través de nuestra página web. Nuestro colectivo lleva cinco años apostando por las nuevas tecnologías en general y la firma electrónica en particular. Penalnet es la comunidad virtual creada para garantizar de forma segura el derecho de defensa de los justiciables. Estamos convencidos de su idoneidad en un mundo globalizado y sin fronteras. Creemos firmemente que Penalnet es el germen de lo que será la Network de la Abogacía Europea.
¿Qué ventajas tiene para el abogado en su quehacer diario el aprovecharse de las tecnologías para su ejercicio diario?
Precisamente el plan tecnológico del CGAE ha sido diseñado para facilitar el trabajo a los abogados y en este sentido existen diferentes herramientas que están en plena actividad que no sólo evitan desplazamientos y que permiten gestionar desde el despacho sino que también ahorran tiempo de gestión, lo que redunda no sólo en un beneficio para el abogado sino también para su cliente.
¿Hasta que punto la irrupción de la firma electrónica en la abogacía puede crear una nueva forma de ejercer esta profesión?
Hablar de modernización de la justicia supone validar la prueba electrónica, donde todavía no hay consenso entre todos los jueces.
¿Cuál es el principal inconveniente para que la prueba electrónica se acepte en los juzgados? ¿Qué habría que cambiar de la regulación actual?
La Ley de Enjuiciamiento Civil ya prevé en su artículo 382 y siguientes la presentación de instrumentos de prueba electrónicos, de igual manera, el artículo 3 de la Ley de Firma Electrónica, reconoce el valor probatorio de la misma, por lo que a pesar de que son necesarios pequeños retoques en cuanto al valor probatorio y su forma de presentación ante el juzgado, en la actualidad se contempla ya en la legislación vigente la prueba electrónica como un medio más de prueba.
En este contexto de fomento de las pruebas electrónicas como se combina con la legislación de Protección de Datos? ¿Porqué es una legislación tan restrictiva a este respecto?
La incidencia de la Ley de Protección de datos en la prueba electrónica, se circunscribe principalmente en el conocimiento y obtención del dato, pero por otro lado, debemos agradecer tener una Ley que garantice los derechos constitucionales del ciudadano puesto que es tan fácil vulnerar mediante los medios electrónicos. El control jurisdiccional del acceso a la información es un elemento esencial en la garantía de los derechos de los ciudadanos.
¿Cómo puede fomentarse las buenas prácticas relacionadas con la prueba electrónica?
De la manera que están trabajando el CGAE y los colegios de abogados mediante la formación de los colegiados y la creación de plataformas tecnológicas que faciliten la presentación y comunicación de esas pruebas electrónicas con todas las medidas de seguridad necesarias para su correcto uso.
Por último, ¿le preocupa que organizaciones como Scevola denuncien el deterioro de la imagen del letrado a nivel social? ¿Cómo puede mejorarse esa impresión en concreto?
No creo que haya un deterioro de la imagen del abogado, muy al contrario, las encuestas sociológicas encargadas por el CGAE ponen de manifiesto que existe una extraordinaria confianza del ciudadano en la abogacía pero muy especialmente en “su” abogado. La sociedad confía en la abogacía como institución y el ciudadano en su abogado.
