Nuestro interlocutor es la cabeza visible del Foro Justicia y Discapacidad, una actividad creada por el anterior CGPJ, hace siete años, para proteger los derechos de los discapacitados y en el que se encuentran implicados los principales operadores jurídicos y las entidades más representativas del mundo de la integración como son el CERMI y la ONCE.”A este grupo de trabajo se han ido añadiendo diferentes expertos; desde Magistrados del Tribunal Supremo, como profesionales otras entidades, explica Pio Aguirre, su actual presidente y vocal del CGPJ. El Foro es ahora noticia por la Jornada celebrada recientemente en Zaragoza donde los expertos allí reunidos han analizado la Implementación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y su aplicación por los operadores jurídicos y sociales. “Nuestro trabajo tiene una doble tarea, concienciar al legislador de la mejora de algunas leyes e impulsar con afán divulgativo todo tipo de documentos que ayuden a la integración del discapacitado en la sociedad”, comenta. En un contexto marcado por la crisis, desde el Foro se ve con preocupación los recortes anunciados. “Las ayudas a la integración deberían ser lo último que se redujera”.

Hace siete años se constituyó el Foro Justicia y Discapacidad en la sede del CGPJ. El convenio regulador del Foro fue suscrito por los máximos representantes de las distintas instituciones que lo integraban en aquel momento: el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando; el Ministro de Justicia, José María Michavila; el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana; el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal; El Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer; El Presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez; El Presidente del Consejo General del Notariado, Juan Bolás y El Decano del Colegio de Registradores, Fernando Méndez.

La finalidad del Foro Justicia y Discapacidad es y sigue siendo el fomento de cuántas actividades favorezcan a las personas discapacitadas o resulten adecuadas para sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de los discapacitados físicos, psicofísicos o sensoriales y enfermos mentales. En particular, el Foro tendrá como objetivos favorecer el acceso de las personas con discapacidad a la Justicia en condiciones de igualdad y garantizar su protección jurídica.

Entre las principales funciones del Foro Justicia y Discapacidad, cuyo nacimiento coincidió con la celebración del Año Europeo de la Discapacidad, en ese año 2003, se encuentran las siguientes:

-Estudiar posibles reformas normativas, orientadas al reforzamiento de la protección jurídica de las personas con discapacidad en sus diferentes facetas, proponiendo cuantas medidas puedan contribuir a la mayor eficacia de esta protección.

-Elaborar estudios y manuales prácticos sobre los derechos de las personas con discapacidad y su tratamiento en los diferentes procedimientos judiciales que desarrolle la Carta de los Derechos de los Ciudadanos .

-Proponer y fomentar la realización de programas formativos en materia de discapacidad dirigidos específicamente a los miembros de la Carreras Judicial y Fiscal, y demás personal al servicio de la Administración de Justicia y de otras profesiones jurídicas.

-Impulsar, en su caso, la realización de los correspondientes estudios y encuestas, la realidad sociológica de la discapacidad en relación con el mundo de la Justicia y el Derecho, particularmente en lo que se refiere a la eliminación de las barreras de cualquier tipo que se opongan a la igualdad de trato y proponiendo cuantas medidas resulten necesarias para asegurar la misma.

-Proponer, en el ámbito de la Administración de Justicia, cuantas iniciativas se estimen convenientes tendentes a la plena integración social y en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad.

-Analizar e impulsar la adopción de cuantas medidas sean necesarias, para garantizar la participación y el acceso de las personas discapacitadas a la Administración de Justicia, en condiciones de igualdad.

-Impulsar el acceso de los discapacitados en condiciones de igualdad a las Carreras Judicial y Fiscal, a los restantes cuerpos de la Administración de Justicia y a las profesiones jurídicas.

Pio Aguirre, natural de Jaén (1951) .Ingreso en la Carrera Judicial en el año 1979, siendo destinado en el Juzgado de Distrito de Ceuta, y nombrado en 1982 Juez Unipersonal del Tribunal Tutelar de Menores. En 1984 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Villacarrillo (Jaén).En 1988 realizó la especialización en Juzgado de Menores siendo destinado al Juzgado de Menores de nueva creación de Jaén.

En ese mismo año, fue nombrado Profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, y posteriormente de la Universidad de Jaén.

Fue elegido Juez Decano de Jaén en 1991 En 1994 fue nombrado Magistrado de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En 1999 nombrado Presidente de la Audiencia Provincial de Jaén.

Desde 2008 es Vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Foro Justicia y Discapacidad.

Señor Aguirre, ¿podría resumirnos las conclusiones del Foro de Justicia y Discapacidad celebrado en Zaragoza hace unos días?

Es una de las jornadas anuales habituales formativas organizadas desde el CGPJ en las que reunimos a profesionales magistrados para explicarles los avances existentes en discapacidad. En estas sesiones les explicamos los problemas que tienen los discapacitados mientras que las conclusiones de estas sesiones siempre se envían por diferentes conductos a toda la carrera judicial. En los dos últimos años hemos estado analizando la Convención de la ONU sobre Derechos de los Discapacitados de la que nuestro país es firmante. Queremos que los magistrados la conozcan a fondo

¿Qué leyes hay que modificar para que podamos beneficiarnos del Convenio de la ONU sobre los Derechos de los Discapacitados? ¿Cómo esta nuestro país cumpliendo este convenio, dos años después de su entrada en vigor?

Creo que tenemos muy buenas leyes en estos momentos. Tanto la Ley de Dependencia, como la de Accesibilidad o la de Patrimonio Protegido son normas bastante bien configuradas. Otra cosa, es que por las circunstancias que vivimos se puedan cumplir todas. La discapacidad es cara y nos preocupa que los recortes que se anuncian desde el Ejecutivo afecten a este colectivo en su totalidad.

Sobre la adaptación de la Convención de la ONU a nuestra legislación ha habido algunos cambios que se han hecho, pero pocos resaltables. Casi todo es cuestión de terminología realmente. De hecho para finales de este mes de junio se esperan ciertas reformas ya anunciadas desde el propio Ministerio de Justicia.

Es una Declaración firmada por más de ciento cuarenta países donde se aboga por fomentar la integración de los discapacitados y el fomento de sus derechos.

¿Puede la crisis frenar el desarrollo de la Ley de Dependencia?

Nos tememos que si, que va a suponer un freno importante a los avances que se estaban efectuando en los últimos años. Nosotros estamos hablando con la Administración para que reconozca a la discapacidad como un derecho social importante. Con la crisis no hemos tocado fondo aún; de esta forma esperemos que sea lo último donde lleguen las reducciones anunciadas, esa es parte de nuestra lucha.

Ahora que habla del Ministerio, el pasado 4 de mayo se han puesto en marcha diferentes reformas procesales para mejorar nuestra justicia, ¿de qué forma han afectado estas medidas al colectivo de discapacitados?

No creo que afecte en demasía a este colectivo. Estamos hablando de diferentes elementos que se adecuán a los nuevos tiempos de cara a mejorar la estructura organizativa de nuestra justicia. Si hubiera alguna influencia, la haría, al igual que en el resto de ciudadanos para mejor. Lo que si estamos viendo en los últimos años es la creación e impulso de Juzgados Especializados en Discapacidad. En toda España ya existen 13 juzgados repartidos en Madrid, Barcelona o Valencia. Luego también hay otros de Familia y Discapacidad, que suman en la actualidad, 52 también operativos- De forma paralela también aparecen las figuras de los Fiscales especialistas en estos temas.

¿Cómo cree que ve el juez todo este movimiento y actividades en pro de la discapacidad?

Creo que su aceptación está siendo buena. De hecho una de las consecuencias de la actual situación de nuestra justicia es la especialización de nuestros magistrados en diversos áreas del derecho. De esa forma, son más operativos a la hora de tomar decisiones que se materializan en sentencias. Gracias a todos estos programas formativos, advertimos que hay jueces capaces de trabajar en los temas de discapacidad. Algunos de ellos piden el traslado a estos nuevos Juzgados, situación que se concreta en el momento que exista una vacante o se cree uno nuevo.

En la actualidad, una de nuestras actividades es la de especializar la segunda instancia. Está muy bien que tengamos los Juzgados que le he comentado hace un momento. Pero es fundamental también que las Audiencias Provinciales vayan teniendo una sección propia especializada en estos temas. En estos momentos se cuentan con 20 Audiencias que disponen de esa área centrada en discapacidad.

Por cierto, según el CERMI, las consultas jurídicas han crecido 65 por ciento, debido a la discriminación y la falta de oportunidades de las personas con discapacidad.

Creo que estamos en el buen camino y se están haciendo muchas cosas. De hecho la llamada igualdad de oportunidades es uno de los objetivos que persigue la Convención de la ONU de la que hablamos en esta entrevista y también es un derecho constitucional nuestro. De la Convención merece especial mención resaltar su artículo 12 donde se habla de la capacidad jurídica y capacidad de obrar; elementos que no se distinguen y que aparentemente todos tenemos estas actividades; luego en la práctica observamos que no es así.

En muchos casos estas personas con discapacidad son representadas por un tutor, ¿no cree que en desde esta perspectiva, disponemos de una legislación poco flexible y restrictiva, en cuanto a las actuaciones de ese representante?

Es posible que la legislación española sea algo rígida, pero es que también se han cometido muchos abusos en el pasado sobre estas personas y sus intereses. Los móviles económicos han estado presentes en los citados abusos que le comento. De todas formas, esta rigidez se ha idos deseencorsetando con el paso del tiempo. Salvo excepciones muy concretas, la figura del tutor es la de un familiar honesto que quiere ayudar a ese incapaz de forma desinteresada. Aunque deberían rendir cuentas anuales de la gestión que lo hacen, normalmente esa situación no se produce.

De todas formas, hay una Ley de Jurisdicción Voluntaria pendiente de aprobarse que podría ayudar a agilizar todos estos trámites, dando a notarios y procuradores las competencias suficientes para encargarse de estos asuntos y así desjudicializar estos procesos que puede alargarse en extremo. Lo único que la declaración de incapacidad seguiría correspondiendo esa medida al propio juez.

Sobre la LISMI, la legislación que ayuda a la integración de los discapacitados en el mundo laboral, sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país.

La verdad que el panorama también está cambiando, quizás de forma más lenta de lo que esperábamos con la entrada de esa ley. Sin embargo, hay empresas que son ejemplos en materia de integración como Galletas Siro o Eulen por ponerle dos casos de dos empresas que se caracterizan por apoyar al discapacitado. Sus directores me confiesan que son personas que trabajan igual de bien que cualquier otro empleados y que están muy contentos con sus prestaciones. Quizás habría que analizar las desgravaciones que la ley ofrece a varios niveles e incrementarlas

En el mismo sentido, está la llamada Ley del Patrimonio Protegido, ahí coincido con las declaraciones del presidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Aequitas, Antonio Ojeda, de cara a que se ofrezcan más ventajas y beneficios fiscales a quienes decidan constituir un Patrimonio Protegido a favor de personas con discapacidad. Esta figura, no ha cuajado hasta la fecha pese a que había unas previsiones importantes de crecimiento.

Otras de las quejas que señala CERMI vienen dadas por la falta de transparencia de la Administración a la hora de dar información, ¿cómo cree que habría que trabajar este asunto?

Con la Administración también trabajamos en diferentes programas de cara a que vean y conozcan más a fondo la problemática de la discapacidad. En este sentido, ya está en marcha, desde hace un año, en el Colegio de Abogados de Madrid y esperamos que esté operativo en otras instituciones colegiales, está operativo un Turno de Oficio para Discapacitados. Ahora estamos en conversaciones con diferentes colegios de Castilla-La Mancha para trabajar en la misma línea que con Madrid

En la actual situación que vivimos no creo que exista ningún país europeo por encima de la actividad nuestra en materia de discapacidad. Es posible que otros países puedan dedicar más recursos. Pero nuestro contexto legal no tiene que envidiar a ninguno de nuestros países vecinos.

El Foro Justicia y Discapacidad acaba de editar una Guia que analiza el maltrato en personas mayores ¿qué nos puede contar de este asunto?

Forma parte de la actividad de nuestra entidad. Abordar cada dos años, un asunto concreto de interés social. En primer lugar sacamos la Guía de la Discapacidad, un amplio trabajo realizado en tres años. Más tarde ha sido esa Guía sobre el Maltrato a mayores que me comenta. Ahora estamos preparando un informe sobre la accesibilidad de los discapacitados a la justicia. Realmente el tema de los mayores se ha estudiado poco y hay que incidir más en él, porque nuestra sociedad es más veterana cada vez más

Ahondando en la publicación de la Guía, casi en el 100 por ciento» de los casos de abusos físicos, psicológicos y económicos contra personas mayores los maltratadores suelen pertenecer al círculo más próximo de la víctima (familiares o cuidadores) que se convierte en «presa fácil» por su vulnerabilidad y pide la activación de todos los mecanismos legales de protección. En este sentido, la guía Personas mayores vulnerables: maltrato y abuso, asegura que, según datos estadísticos, los niveles de abusos y malos tratos en España son considerablemente más altos» entre los colectivos de mayores y discapacitados que en el resto de la sociedad.

El perfil de la víctima a una mujer, de edad avanzada, que sufre alguna o varias enfermedades, en situación de dependencia física, psíquica o emocional, con un visible deterioro físico o psíquico y falta de recursos económicos. Además, subraya que la situación se agrava cuando, a las dolencias propias de la edad, se le diagnostica una enfermedad limitativa o degenerativa que determina su alejamiento o desconocimiento de la realidad.

Por último, ¿nos puede hablar de los planes del Foro Justicia y Discapacidad para los próximos meses?

En octubre próximo queremos publicar un Informe sobre la accesibilidad a la justicia por parte del discapacitado. Lo haríamos coincidir con los premios de nuestra entidad que galardonan a aquellas empresas, instituciones o profesionales cuya actividad ayuda a fomentar la integración de este colectivo. Queremos que esta publicación vaya dirigida a todos los actores sociales y jurídicos implicados. Desde el propio juez, pasando por el notario, familiares y personas con discapacidad. Por lo demás, estaremos pendientes de los cambios legislativos futuros, en los que queremos aportar ideas y seguir con nuestra labor divulgativa en diversos frentes.

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