Su opinión autorizada sirve, a lo largo de esta entrevista, para analizar el fenómeno de la responsabilidad social en las empresas; la expansión del Probono en la abogacía en un contexto marcado por la crisis, así como el futuro desarrollo del arbitraje en nuestro país. Ramón Mullerat es uno de nuestros abogados más internacionales, pues no en vano fue presidente del Consejo de Abogados de Europa. Desde hace cuatro años es letrado colaborador de KPMG Abogados, como experto en fusiones y adquisiciones de empresa. Desde su punto de vista, para que los despachos quieran mejorar sus resultados se precisan diversos factores, comenta “ Primero, modernización (la profesión es todavía muy reactiva y poco proactiva); parte del derecho se ha acomodado (los clientes pueden adquirir formularios de contratos y testamentos en el supermercado) y por tanto se espera de los abogados un servicios cada vez más sofisticado; y sobre todo la innovación (como en todas las áreas de servicios “ Mullerat vuelve a ser noticia al sacar a la luz publica un trabajo sobre la Responsabilidad Social de las Empresas y su papel en la economía de este siglo XXI que vivimos.

Ramón Mullerat es abogado, miembro de los colegios de abogados de Barcelona, Madrid, Paris y Londres. También pertenece a la Law Society y del General Council of the Bar de Inglaterra y Gales. Es profesor de la Universidad de Barcelona, de la John Marshall School of Law de Chicago y de la de Puerto Rico y es miembro del Consejo de la Emory University de Atlanta, en los Estados Unidos. Mullerat fue Presidente del Consejo de Colegios de Abogados de la Unión Europa y co-presidente del Human Rights Institute de la International Bar Association (IBA) y actualmente co-preside la Comisión de Responsabilidad Corporativa de la empresa de la IBA. Es miembro de la American Bar Association, del American Law Institute y de la American Bar Foundation. Es académico de número de la Academia de Jurisprudencia y Legislació de Catalunya y miembro del Consejo de Justicia de Catalunya. Es, además, Presidente del Consejo Editorial del European Lawyer y miembro del Consejo del Iberian Lawyer.

Como reconocimiento a su labor es Premio Extraordinario de la Licenciatura de la Facultad de Derecho de Barcelona en 1962. Además logro en 1964 el Premio «Duran y Bas» del Colegio de Abogados de Barcelona y en 1975 Premio de los antiguos Presidentes del XIV Congreso de la Association Internacional de Jeunes Avocats (A.I.J.A.), .También recibió el Premio «Frederic Roda Ventura», del Colegio de Abogados de Barcelona, 1976 y la Medalla de honor del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, 1999. Logró también el Premio “Dr. Ivo Politeo”, del Colegio de Abogados de Croacia, 2005 y la Cruz de Sant Raimon de Penyafort, 2006.

Sobre su prolífica actividad investigadora y editorial merece la pena destacar que es autor del libro “La Cuarta Trebeliónica”, 1977. Además ha sido editor del libro “Corporate Social Responsibility – The Corporate Governance of the 21st Century”, 2007. Y autor de la publicación «En buena compañía: Responsabilidad Social de la empresa», 2008. Ramón Mullerat es autor de múltiples artículos y conferencias sobre derecho mercantil, derecho internacional, ética profesional, ética en los negocios, arbitraje internacional y responsabilidad social en la empresa (“Internet y la deontologia del abogadoen los Estados Unidos de America” (La Ley, 2008), “La responsabilidad ética y social de las empresas” (2005), “Harmonizing codes of legal ethics”, “Selfregulation. The codes of conduct”, “Los ataques al secreto profesional”, “La conciencia de la empresa (algunas cuestiones éticas de los abogados de empresa”, etc.)

Señor Mullerat, usted acaba de publicar el libro “International Corporate Social Responsibility – The Role of Corporations in the Economic Order of the 21st Century”. En relación con el libro, como experto en legislación internacional que usted es, ¿cree que en un momento de crisis como el actual es sencillo defender las políticas de responsabilidad social corporativa de las empresas?

Sí, más que nunca. Conviene distinguir entre “filantropía” y “responsabilidad social de la empresa” (RSE). La primera consiste en que, si al final del ejercicio el balance de la empresa arroja beneficios, el presidente del Consejo firma un cheque para una institución caritativa y, en este sentido pienso que en tiempos de recesión económica, la filantropía puede haberse visto y de hecho se ha visto afectada por la crisis. La RSE, por el contrario, es una forma de gestionar la empresa, es un compromiso por parte de la misma de gestionar su actividad de forma responsable; es, como dice la UE, un concepto por el que la empresa decide voluntariamente contribuir a una sociedad mejor y a un medioambiente mas limpio. Como dice John Elkington (“Cannibals with forks”), los objetivos de la empresa de hoy son “people, planet and profit”. En este sentido pues, la RSE no sólo no se ve perjudicada, sino que es cada vez más necesaria en el mundo de hoy.

Hablar de la RSC en los despachos, es hacerlo del Probono, ¿Cómo cree que puede evolucionar este movimiento en nuestro país, sin que afecte al ya conocido turno de oficio?

El concepto de RSE en los despachos es más amplio que el de “pro bono publico”. Este último, por importante y útil que es, se limita a la prestación de servicios profesionales de forma gratuita a las personas que carecen de recursos. La RSE en los despachos puede tener muchas mas facetas, por ejemplo aceptando la diversidad de su miembros (precisamente en una sociedad como la nuestra donde hay grandes grupos inmigrantes), siendo respetuosos con el medio ambiente (uso de papel reciclado, ahorro de energía, etc.), colaborando con ONGs, y las propias actividades ¨pro bono”.

Según datos de organizaciones como SCEVOLA, aún el abogado no tiene el reconocimiento social que merece. ¿Qué es lo que falla entonces?

Este es un tema mucho más amplio que el de la RSE. Primeramente, el nivel de reconocimiento social del abogado varía según los países. Segundamente, ello depende también de los estándares de ética profesional, de su nivel y de la forma en que se exigen. Finalmente, hoy los colegios de abogados han perdido su característica gremial de defensa de los intereses de sus miembros para focalizarse en la mejora de los servidos en interés de los usuarios (clientes). El incremento de la reputación social depende exclusivamente de los abogados; como de mejor calidad sean los servicios prestados, como mayor sea el respeto por los principios éticos, como mayor sea la preocupación social, más amplio será el reconocimiento.

Momentos de cambios a nivel empresarial y también en el sector legal con fusiones anunciadas de despacho de abogados. ¿Cuál es la clave para que la abogacía pueda aprovechar la crisis como una oportunidad de negocio?

Esta es la pregunta del millón. Para que los despachos puedan intentar sus oportunidades para mejorar sus resultados se precisan diversos factores. Primero, modernización (la profesión es todavía muy reactiva y poco proactiva); parte del derecho se ha comoditizado (los clientes pueden adquirir formularios de contratos y testamentos en el supermercado) y por tanto se espera de los abogados un servicios cada vez más sofisticado; y sobre todo la innovación (como en todas las áreas de servicios No es de recibo que los servicios profesionales se realicen de una determinada manera porque siempre se han hecho así) cada abogado en su especialidad debe pensar qué y cómo puedo desarrollar este servicio de forma innovadora y que aporte mayor valor para el cliente.

En un momento como el actual, donde las empresas reducen el llamado gasto legal, pese a su importancia. ¿Cómo trabaja su firma esta situación? ¿Están abiertos a nuevos nichos de mercado?

Es cierto que, en la presente decesión, algunas empresas han reducido sus presupuestos para el asesoramiento jurídico y defensa jurídica en algunos porcentajes. Para ello los despachos deben reconsidera su estrategias, readaptar subdepartamentos y servicios a las corrientes necesidades de los clientes hoy (P.e. reducción de M&S, incremento de litigios y del arbitraje, asuntos concúrsales) y el sistema de determinación de honorarios cada vez menos vinculados al tiempo y más a los resultados

Muchos expertos, incluido el propio Fiscal General del Estado, hablan de la necesidad de criminalizar e imputar a aquellas empresas o entidades que generan rumores o falsas noticias en los mercados. ¿Qué opinión tiene de esta situación?

Los mercados activos y florecientes necesitan que las empresas respeten las normas del buen gobierno societario y una mayor claridad y transparencia. No sólo la fiscalía, sino la opinión pública cada vez es más sensible a la corrupción y a las malas prácticas.

Acaba de aprobarse en nuestro país una nueva Ley sobre Prevención de Blanqueo de Capitales, que traspone una directiva comunitaria ¿Qué valoración hace de esta normativa y del papel del abogado como sujeto vinculado?

El blanqueo de capitales es uno de los grandes flagelos de la economía de nuestro tiempo. Son enormes las cifras de dinero que se consideran blanqueadas anualmente en el mundo. Es lógico que las entidades, los estados y las instituciones que los lideran reaccionen cada vez con más fuerza a este grave aspecto de la corrupción. Todos deben cooperar, especialmente el mundo financiero., Para la profesión la obligación de denunciar plantea importantes problemas para el secreto profesional del abogad, que como dice el Código de Conducta del CCBE es el derecho y el deber fundamental y primordial del abogado. Conviene para ello hace una distinción entre el abogdo que colabora con el blanqueo y el abogado que defiende a un blanqueador.

En un momento como el que vivimos de recesión, el propio Ministerio de Justicia quiere impulsar el arbitraje como método alternativo al atasco judicial ¿Usted, como árbitro, cómo cree que debe hacerse este desarrollo?

Hay tres soluciones: educar, educar y educar. El arbitraje ofrece enormes venatas sobre los juicios ordinarios (tiempo, coste, especialidad del arbitro, confidencialidad, soluciones “win-win”) y algunas especificidades que son ventaja ye inconvneines, como al imposibilidad de recurrir los laudos arbítrales que por un lado impiden una revisión en una segunda instancia, pero por otra acorta el procedimiento. Es necesario educar a los empresarios par que conozcan las ventajas, a los abogados para que inserten cláusulas arbítrales en los contratos y a los jueces para que no vean en el arbitraje una competencia desleal, sino una cooperación que reduce la carga de trabajo sobre sus mesas.

¿Qué opinión tiene de las últimas reformas aprobadas por el Ministerio en materia de arbitraje?

No conozco con integridad el Proyecto que acaba de salir, pero conozco el Anteproyecto que he estudiado y sobre el que he escrito. La iniciativa del Gobierno de reformar la Ley de Arbitraje me parece acertada y loable.

Hay algunos aspectos de la iniciativa con los que no estoy conforme o que son muy discutibles como la idea de suprimir el arbitraje de equidad que tiene mucha importancia y del que se hace mucho uso; el hecho de que se sustituya la declinatoria por un trámite especial denominado «excepción de arbitraje»; el que se imponga a las instituciones arbitrales la responsabilidad de velar y garantizar las condiciones de capacidad de los árbitros; la imposición de un seguro obligatorios; algunos aspectos de la reforma de la acción de nulidad y algunas otras. Yo estoy seguro de que, a medida de que avance el proceso legislativo, muchas de estas deficiencias se irán corrigiendo

Pero, como digo, la iniciativa del Gobierno de promulgar una ley de mediación y reformar la de arbitraje demuestra el interés del gobierno en promover las formulas alternativas de resolución de disputas descargando el peso que recae en las mesas de los jueces y sobre todo facilitando el acceso a la justicia de los ciudadanos es aplaudible dado que son iniciativas todas ellas en las que todos debemos contribuir

Por último, ¿denos sus ideas de cara a la modernización de nuestra Justicia?

Esto son palabras mayores. En primer lugar, es preciso convencer a nuestros gobernantes de la importancia de la justicia y de los jueces no solo para mantener el en un estado de derecho, sino también para alcanzar el progreso económico. Hay que reclutar buenos jueces, hay que respetarlos y hacerlos respetar y hay que establecer unos salarios congruentes con la función que desempeñan. En segundo lugar, hay que educar a la población. Hace un par de meses estuve en Atlanta (Georgia, USA) para dar una charla y visité a mi amigo el Director del Colegio de Abogados (40.000 abogados), recorriendo las dependencias del colegio (situado en un magnifico ex palacio de la bolsa). Observé una gran sala repleta de niños de 5-6 años. Le dije bromeando “cómo es que reclutáis a los abogados tan jóvenes? Me contestó que cada día el Colegio recibía a una escuela y unos abogados “pro bono” les explicaban los rudimentos del derecho (qué es el derecho, que es la constitución, par qué sirve un juez o un abogado). Esto debería poder hacerse aquí. Además, convine dedicar mayores recursos humanos y materiales al sistema de justicia puesto que el presupuesto económico del estado para el Ministerio de Justicia suele ser uno de los más raquíticos de todos.

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