Olatz AlberdiPor Olatz Alberdi, Socia de ABA Abogadas y especialista en derecho de familia y penal

Una vez más los casos de violencia de género son los protagonistas de las noticias, y es entonces cuando muchos se preguntan si la Ley actual es suficiente o se podría hacer más. En ABA Abogadas pensamos que la actual Ley de violencia de género, prevé todos los mecanismos de protección, pero que se hace necesario complementarla con medidas civiles y, sobre todo una mayor dotación de medios para fomentar las denuncias.

Cada cierto tiempo, se producen en nuestro país hechos lamentables que hacen que nuestra conciencia se despierte, y nos hagamos preguntas sobre si se están haciendo bien las cosas. Nos referimos a la violencia de género. Recientemente hemos sido testigos de varios casos con un final fatídico e irreparable; la muerte de una mujer y su hijo de 5 años a manos de su pareja, y con la que se encontraba en trámites de separación, así como la muerte de una mujer de origen ecuatoriano, en presencia de su hijo de 12 años que también resultó herido por arma blanca. En lo que va de 2013, la cifra de víctimas de violencia de género en España asciende a 36 mujeres y 8 menores, una cifra especialmente dolorosa.

En principio, la actual Ley prevé todos los mecanismos de protección para una mujer en situación de riesgo por violencia de género, permitiendo al Juez establecer medidas cautelares y definitivas, incluso en el orden civil. Y entonces, ¿qué falla? En ABA Abogadas hemos llevado numerosos casos, y para nosotros el problema reside en los medios disponibles para conseguir que las medidas preventivas se lleven a cabo, es decir, cada caso concreto necesita de unas medidas concretas acordes a su situación.

Para prevenir la violencia de género y evitar que se llegue a situaciones tan dramáticas como las acontecidas en las últimas semanas, el mayor inconveniente es la falta de medios. En la mayoría de los casos no existen denuncias previas, y esto suele ser porque las víctimas tienen una gran dependencia (emocional, económica,…), a uno o varios niveles con el agresor, lo que motiva que para ellas sea muy difícil dar el paso de separarse. Desde ABA Abogadas consideramos que es esencial que las afectadas conozcan, y puedan tener fácil acceso a los agentes sociales con una determinada sensibilidad hacia su situación, que les ayuden y orienten sobre las medidas a tomar.

En muchas ocasiones el desconocimiento hace que las implicadas retiren los cargos o decidan no seguir adelante con la acusación. Por ese motivo, es importante facilitarles el camino, proporcionarles un lugar de acogida para ellas y sus hijos, y sobre todo, protegerlas. En definitiva, es preciso que la víctima de un caso de violencia de género sepa que si denuncia, existirá todo un mecanismo público encargado de su seguridad e integridad a todos los niveles sociales.

En la mayoría de los casos, la violencia viene siendo ejercida durante años de convivencia, pero sólo sale a la luz cuando la víctima decide poner fin a la situación e iniciar un proceso de divorcio o separación. Es por eso que desde ABA Abogadas consideramos que, un aspecto que podría mejorarse es el de fijar unas medidas civiles de carácter de urgencia para todos los casos, ya se trate de separación o divorcio, guarda y custodia, uso del domicilio y pensiones. La actual Ley solo prevé fijar dichas medidas “provisionales” en caso de concederse la orden de protección, a la espera de que en 30 días se interponga una demanda de separación o divorcio. No parece lógico que, tras un juicio rápido por malos tratos, en el que no se ha concedido la orden de protección, se deje a las partes implicadas sin ningún tipo de regulación legal.

No obstante, hay que tener en cuenta que establecer medidas civiles de urgencia en todos los casos podría provocar una utilización indebida de las denuncias por violencia, con el fin de conseguir una resolución provisional pero pronta de medidas.

El tema es especialmente delicado cuando existen menores, ya que se convierten en elemento clave para los regímenes de pensiones y para el uso y disfrute del domicilio conyugal. Por ese motivo, y desde nuestra experiencia profesional, consideramos que el problema excede a la propia Ley de Violencia de Género, y que lo que se hace necesario es establecer una serie de medidas más equitativas, en cuanto a los propios casos de separación o divorcio, adaptando el Código Civil a la nueva sociedad. Por ejemplo, establecer por Ley la Guarda y Custodia compartida de los menores por tiempos iguales, siendo recogidos y reintegrados en el centro escolar, atribuir el uso y disfrute del domicilio conyugal a la parte más digna de protección ó por años alternos, o fijar un abono de los gastos en proporción a la capacidad económica de cada parte.

En este sentido, algunas medidas previstas en el Anteproyecto de Ley que regula el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación o divorcio presenta algunas medidas que pueden ayudar a disminuir la tensión entre las partes, y a proteger a la víctima con el alejamiento del agresor:

  • La custodia compartida se denegará si uno de los progenitores tiene abierto un proceso penal por atentar contra la integridad física o moral de su ex cónyuge o de sus hijos, si está acusado de abusos sexuales sobre su pareja o descendientes, o si hay indicios fundados de violencia doméstica. Cuando hay denuncia por malos tratos y demanda de divorcio será el juez de violencia de género el que unifique las dos causas y resuelva.

  • La reforma liquida el régimen económico matrimonial, que es uno de los mayores focos de disputa, según señala el Ministerio de Justicia. Así, al iniciar los procedimientos de separación, divorcio o nulidad se deberá solicitar la formación de inventario de la masa común de bienes y derechos para su posterior liquidación. Además, una vez admitida la demanda, se producirá la suspensión de los efectos de la sociedad de gananciales, aplicándose la separación de bienes.

  • Sobre la vivienda, aunque se procurará que en su asignación prevalezca el interés superior de cada menor, se separará la concesión de ésta de la guarda y custodia. Se tendrán en cuenta los intereses del cónyuge con más dificultades para encontrar nuevo domicilio, y la adjudicación del mismo se realizará por un plazo de 2 año, prorrogable a un máximo de tres. Por otro lado, el Gobierno propondrá a las Comunidades Autónomas el establecimiento de unas directrices que prioricen el acceso a una vivienda digna (alquileres sociales y VPO) a las personas de este colectivo en situación de necesidad.

Todas estas medidas legales, ayudarán, sin duda, a reducir las tensiones durante los procesos de separación, pero, tal y como comentamos al principio no son suficientes para la protección de las víctimas, que sólo se puede realizar si éstas denuncian, para lo cual la sociedad debe tener medios para garantizar su seguridad e integridad física y moral.

1 Comentario

  1. En 6 años tengo aproximadamente trescientos casos encima de mi mesa, y, puedo afirmar con total convicción que el problema no se solucionará con la perspectiva de género que impera. Una única visión dogmática, que sesga verdades y realidades para opinar y decidir sobre dos visiones distintas del mismo problema, es contrario a cualquier rigor científico. Y, lo que es peor aún, es que se le den tildes de rigor científico a cualquier manipulacion de datos dirigidos a provocar una reacción social.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.