La PCIJ quiere invitar a la ciudadanía, a los miembros de los Poderes Legislativo y Ejecutivo a realizar una seria y profunda reflexión sobre la situación de la Justicia en España, a la luz del último e importante informe del Relator de las Naciones Unidas para la independencia de los jueces, y, en estos días tan especiales, en que se celebra el 40º aniversario de la Constitución Española.

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Ninguno de los derechos que se recogen en la Constitución podría hacerse efectivo  si no existiera un sistema fuerte y eficaz de Justicia independiente.

Como recuerda el Relator de las Naciones Unidas, la independencia del poder judicial es un componente esencial del derecho a un juicio justo y el estado de derecho se justifica por la necesidad de que  los jueces puedan ejercer su función de guardianes del estado de derecho y los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.

Todas las instituciones deben respetar y acatar la independencia de la judicatura, y adoptar las medidas apropiadas para que los jueces puedan resolver los asuntos con imparcialidad y sin influencias, presiones o intromisiones indebidas.

Tal es la importancia de la independencia judicial que, para garantizarla, se crearon en muchos países unos órganos judiciales independientes y autónomos, como los consejos de justicia (en cada país toma un nombre).

Su creación, pues, obedece a la necesidad de proteger los procesos del poder judicial y la carrera judicial frente a presiones políticas externas, principalmente del poder ejecutivo.

Sin embargo, – como alerta el Relator- la mera creación de un Consejo de Justicia (C.J) no es suficiente para garantizar la independencia del poder judicial. Para ello es importante que esté dotado de amplias competencias en todos los aspectos relativos a la carrera judicial y que su estructura y composición institucionales contribuyan a proteger al poder judicial y la carrera judicial frente a presiones políticas externas.

Así, para preservar la independencia de estos consejos de justicia y su alejamiento de los otros poderes, el Relator recomienda:

1. En cuanto a su composición:

. que estén compuestos por jueces, elegidos por sus pares, con arreglo a métodos que garanticen una representación amplia del poder judicial a todos los niveles.

. que pueden incluir miembros legos, para evitar el riesgo de corporativismo, profesionales del Derecho, juristas de prestigio (catedráticos, abogados … ).

No se recomienda que formen parte miembros de los poderes ejecutivos y legislativos.

2. En cuanto a los métodos de selección,

. Es esencial que los miembros de estos consejos de justicia, jueces y no jueces, sean elegidos sobre la base de su competencia, su experiencia, su conocimiento de la vida judicial, su cultura de la independencia, en un proceso objetivo, justo y transparente.

. se ha de evitar la politización de los consejos de justicia, dado que un control político de estos órganos tendría en última instancia el efecto contrario al previsto, esto es, un deterioro de la independencia del poder judicial.

. las normas internacionales desincentivan la participación de las autoridades públicas, como el parlamento o el poder ejecutivo en cualquier etapa del proceso de selección, con el fin de proteger los consejos de justicia de toda injerencia externa, politización y presión indebida.

. la elección de los miembros legos de los consejos de justicia debería encomendarse a autoridades que no sean políticas.

2.1. Presidencia:

Debe recaer en una persona imparcial y alejada de los partidos políticos, debería ser elegida por el propio consejo entre sus miembros pertenecientes a la carrera judicial.

No debería nombrarse presidente del Consejo de justicia al presidente del Tribunal Supremo ni al Ministro de Justicia.

Y, en cuanto a la selección, nombramiento y ascenso de los jueces, el Relator de la ONU reitera

. que ha de encomendarse a un consejo de justicia u órgano equivalente, independiente de  los poderes legislativo y ejecutivo, y

. basarse en criterios objetivos establecidos previamente por la ley o por la autoridad competente, esto es, en las calificaciones, aptitudes, capacidades, integridad, imparcialidad e independencia, sin discriminación alguna.

El Relator de la ONU ya expresó en un informe temático su inquietud general por la participación de los poderes legislativo y ejecutivo en los nombramientos judiciales.

Y, en cuanto a la elección parlamentaria, el Relator  considera que si bien puede revestir una mayor legitimidad democrática, ese sistema puede dar lugar a la politización de los nombramientos judiciales, de forma que las consideraciones políticas prevalezcan sobre los criterios objetivos previstos en las normas internacionales (mérito, capacidad, calificaciones, integridad, sentido de independencia…) .

En este sentido se pronunció hace más de 20 años el Tribunal Constitucional español.

 

CONCLUSIONES :

La lectura de este último informe del Relator de la ONU para la Independencia de la Judicatura evidencia que España no cumple las recomendaciones que desde varios organismos internaciones de alto nivel nos dirigen para garantizar una Justicia independiente y que el órgano creado a tal fin es una mera formalidad, que no cumple la esencia de sus finalidades.

Hemos presenciado con estupor cómo los dos grandes partidos políticos han estado negociando los nombres de las personas que iban a formar parte del próximo Consejo del Poder Judicial. Y que esa lista negociada la han enviado al Parlamento para su aprobación sin discusión alguna relativa a los méritos de los candidatos repartiéndose los puestos a cubrir mediante un simulacro de procedimiento. Lo que es radicalmente contrario a los estándares internacionales.

En vez de mantenerse al margen del proceso, han sido los protagonistas, y no sólo al elegir a los candidatos, sino que incluso algunos de ellos, son ellos mismos, pues algún senador en activo también era candidato. Es el colmo.

El CGPJ, y con él ,la cúpula judicial es un muñeco en sus manos pues la falta de independencia estructural acaba por afectar a la independencia individual de los jueces como personas.

Precisamente, el Relator de las Naciones Unidas viene a insistir en que los políticos no deben participar en ninguna fase de la selección de los miembros del CGPJ.

“Con el fin de proteger a los consejos de justicia de toda injerencia externa, politización y presión indebida, las normas internacionales desincentivan la participación de autoridades políticas, como el Parlamento o el poder ejecutivo”

Por tanto, el CGPJ no puede cumplir su función de preservar el poder judicial de injerencias externas, provenientes de los otros poderes, si estos son los que intervienen en la selección de sus miembros.

Serán luego los miembros de este consejo de justicia quienes seleccionen, elijan a los jueces, los asciendan, decidan inspeccionarlos, los expedienten y resuelvan sobre todo el régimen de los jueces.

Desde la  Plataforma Cívica entendemos que el sistema no se puede sostener, y urge dar un viraje completo para ir en la dirección correcta y no es otra que la que establecen las normas y estándares internacionales.

Por ello  pedimos a las autoridades españoles, especialmente a los miembros de los poderes ejecutivo y legislativo, presidente del gobierno, ministros, diputados y senadores,  que respeten la independencia judicial, y  a provechen el  trámite de reforma de la LOPJ para adaptar la normativa  a  los estándares internacionales.

Petición que hacemos extensiva a la ciudadanía para que la eleven a los partidos políticos, con la esperanza de que su voz sea oída por estos, sus representantes.

No olvidemos que “ La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.”  (Artículo 117 de la Constitución española)

Fuente: Plataforma Cívica Independencia Judicial