Juan Carlos Campo ha hecho este anuncio en la conferencia de clausura de las Jornadas sobre Justicia y Ciudadanía Europea en el Tratado de Lisboa, organizadas en la capital maña por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General de la Abogacía.

Bajo el título “Protegiendo los derechos de la ciudadanía en el espacio de libertad, seguridad y justicia”, el secretario de Estado se ha referido a las principales consecuencias que tiene la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en el sector Justicia y se ha centrado en las propuestas de la presidencia española en materia de mejora de la protección de los derechos de la ciudadanía.

Ha señalado, en particular, a los expedientes relativos a la lucha contra la trata de seres humanos o contra los abusos sexuales a menores y la pornografía infantil, así como a los que versan sobre la armonización de las garantías procesales en el contexto penal.

Otra de las grandes prioridades de la presidencia española de la UE señalada por el secretario de Estado consiste en poner el foco de atención sobre las víctimas ya que, como ha recordado, son a menudo injustamente olvidadas por la legislación y la cooperación penal.

“El derecho penal europeo –ha dicho- se ha ocupado mucho del delincuente, de los procesos de extradición, del cumplimiento de penas en países distintos de aquellos en los que han sido juzgados, pero no se ha ocupado prácticamente nunca de la posición de las víctimas”.

En ese sentido, ha señalado que España ha activado ya una iniciativa centrada en las víctimas, la llamada Orden Europea de Protección, que constituye la primera norma que se ocupa y preocupa de la posición de las víctimas.

Esta orden beneficiará en particular a las víctimas que son objeto de violencia de género o de violencia doméstica y sobre ellas tendrá una dimensión significativa.

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