El cese de los procedimientos judiciales, por causa de la declaración del estado de alarma, ha tenido grave y desigual incidencia en el ámbito de derecho de familia.

Aquel R.D. no suspendió los procedimientos en el ámbito de violencia contra la mujer, ni tampoco en aquellos procedimientos que fueren precisos por carácter de urgencia para proteger el supremo interés del menor entendido conforme a la Observación General 14 de la Convención de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, ratificado por España mediante Instrumento publicado en el BOE 313 de 31 de diciembre de 1990.

menores

En este contexto entramos de lleno en la aplicación, por las circunstancias antedichas, de los procedimientos previstos en la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria, de 2 de Julio por los que se pueden solicitar medidas urgentes, en este caso  al amparo del art. 158 CC.

Recordemos que el art. 158 del CC expone :

 “El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dictará:

1.º Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus padres.

2.º Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda.

3.º Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes:

  1. a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa.
  2. b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido.
  3. c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.

4.º La medida de prohibición a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro educativo y a otros lugares que frecuente, con respeto al principio de proporcionalidad.

5.º La medida de prohibición de comunicación con el menor, que impedirá a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas establecer contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, con respeto al principio de proporcionalidad.

6.º En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas. Se garantizará por el Juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses.

En caso de posible desamparo del menor, el Juzgado comunicará las medidas a la Entidad Pública.

Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un expediente de jurisdicción voluntaria.” 

Es, precisamente la solicitud de estas medidas del expediente de jurisdicción voluntaria, para mantener o adecuar la relación de los menores con ambos padres,  a las que me voy a  referir y no solo por su intrínseca importancia, sino por ser medio para solicitar,  a través de las mismas,  el amparo judicial frente a las conductas irreconciliables de los progenitores, que,  impiden el consenso en beneficio de los menores.

Se han convertido en vox populi los contradictorios y diferentes criterios judiciales para la aplicación de resoluciones judiciales ya dictadas, o por encontrarse, aún, en tramitación judicial, en relación con la estadía de los hijos con uno u otro progenitor. 

La pandemia ha tenido como víctimas a la población y,  más en concreto a los menores.

Lo cierto es que la inexistencia de relación físico-afectiva con uno de los progenitores es consecuencia que afecta a los hijos. Afecta a los menores cuando materialmente se hace imposible que estos mantengan esa relación por causa ajena, pues al final, entraña peligro o perjuicio para el menor.

Puede resultar viable interponer una demanda de Jurisdicción Voluntaria en virtud de la inexistencia, impedimento o limitación de la relación paternofilial en virtud del art. 158 CC con especial invocación del párrafo “ En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas. Se garantizará por el Juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses.”.  

Esta posible solución permite a los hijos y al progenitor privados de relaciones, un rayo de esperanza, que, a juicio de este Letrado, como mínimo debe intentarse siempre guiados por el interés del menor.  

Este remedio procesal, no lo olvidemos, puede realizarse, ante los problemas de salud pública, a través medios telemáticos para la celebración de la vista del juicio,  e incluso es posible que no sea precisa la celebración de vista  ( art. 733 LEC),  anotando, la posibilidad y agilidad que da al proceso, solicitar expresamente, que la parte demandada pueda ser emplazada a través de la representación acreditada en actuaciones en trámite ante el mismo Juzgado ( art. 28 y 153 de la LEC).

La respuesta judicial a la petición de medidas podrá ser dispar, tanto en la admisión o no admisión a trámite, como en la resolución o decisión que se adopte. 

Así se ha observado, también, en los diferentes criterios judiciales hechos públicos, en materia de familia y de todos conocidos.

Pero, de no admitirse o desestimarse la solicitud, al menos, quedará la satisfacción de haber intentado cuantos recursos,  procesales y judiciales,  estaban en nuestras manos para conseguir evitar perjuicios en los menores y  la prueba, ante cualquier alegación posterior de cualquiera de los integrantes en el proceso, que nunca ha existido consentimiento expreso o tácito derivado de la inactividad en el ejercicio de reclamación de derechos en favor de los menores.

Las divergentes resoluciones o decisiones judiciales para circunstancias sociofamiliares iguales no pueden sino generar incertidumbre en la ciudadanía. Los poderes públicos intuyen estas dudas e inseguridad cuando, en el Plan de Choque presentado por el CGPJ, ya conocido con anterioridad al Covid-19,  ya se apunta este problema. Problema que el estado de alarma, la limitación de movimientos de los ciudadanos y menores se ha revelado de forma evidente. 

La certidumbre del problema se ha puesto, claramente, de manifiesto durante esta época de confinamiento. 

Lo cierto es que  desde la Plataforma Familia y Derecho, a la que animamos a asociarse al lector,  pretende con la unión de todos los profesionales que operan al servicio de la familia, ( Magistrados, jueces, fiscales, letrados de la Administración de justicia, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, organizaciones y asociaciones, etc.…) la colaboración en los proyectos para la especialización en esta materia de familia, permitiendo la realidad y efectividad en la protección y desarrollo de los derechos de los más desprotegidos: los niños.


Autora: Paloma Abad, abogada de familia y derecho internacional de familia, miembro del Consejo Asesor de la Sección de Familia del ICAM, socia fundadora de AIJUDEFA y vicepresidenta de la Plataforma de Familia y Derecho.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.