La Audiencia de Barcelona juzga ahora a la cúpula del banco -su ex presidente, Alfredo Sáenz, el director en Cataluña, Miguel Ángel Calama, el consejero director general del área comercial, José Ángel Merodio, y el abogado de la entidad, Rafael Jiménez de Parga- por acusación y denuncias falsas contra Olabarria.
El fiscal pide por estos hechos nueve años de prisión y 300.000 euros de multa a cada uno de los acusados, además de la inhabilitación para ocupar cargos en consejos de administración durante dos años.
Estevill, que fue condenado por prevaricación al decidir el encarcelamiento de Olabarria y sus socios y que declaró en calidad de testigo tras obtener un permiso penitenciario, dijo que su decisión fue tomada «soberanamente» y en calidad de juez sustituto del titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, y que ahora la volvería a tomar.
A pesar de asegurar que no recordaba muchos detalles, en declaraciones anteriores como imputado por este caso, sí admitió que el abogado Jiménez de Parga le fue a visitar a su despacho y le pidió que adelantara la fecha de ratificación de la querella e interrogara a los denunciados, algo a lo que accedió. «No había inconveniente y lo hice», aseveró.
Negó haberse reunido dos veces con Jiménez de Parga y sólo reconoció que se lo encontraba de vez en cuando, pero dijo que nunca hablaron de esta cuestión. También negó que conociera a los empresarios ahora querellados ni que tuviera relación con directivos de Banesto.
El juicio llega quince años después de los hechos, cuando Banesto se querelló contra la cúpula del grupo Olabarria por estafa y alzamiento de bienes al no devolver el crédito.
Según el escrito del fiscal, los directivos de Banesto permitieron la interposición de la querella sabiendo que los hechos eran falsos.
En enero de 1995, y tras pasar por prisión, se archivó la causa contra los empresarios, que decidieron denunciar a los responsables de Banesto, caso que ahora juzga la Audiencia de Barcelona.
