Hace unos dias se celebró en el ICAB el XX Aniversario de la Federación de Colegios de Abogados de Europa (FBE), una entidad creada en la capital Condal, que cuenta con 250 colegios miembros y que representa a más de 820.000 abogados. En la celebración asistieron personalidades destacadas como el Rey Don Juan Carlos o Eugeni Gay Montalvo, actual Vicepresidente del Tribunal Constitucional y miembro-fundador de la Federación, quién ocupó el cargo de primer Presidente tras su constitución en el año 1992. En esta entrevista, Gay reivindica la necesidad de crear una agencia de rating europea y asegura que la única forma de garantizar la democracia es cumpliendo la ley. Por ello insiste en que el TC no se politiza sino que «le politiza la política» y atribuye los índices de abstención y votos en blanco registrados a una «manifestación inequívoca del país, que no le gusta como se llevan las cosas».
Nacido en Barcelona en 1946, Gay se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona y tres años después se graduó en Derecho Comparado por la Universidad de Estrasburgo. Para entonces ya había fundado el despacho Gay-Vendrell Abogados, que actualmente tiene sedes en Barcelona, Madrid, Vic y Buenos Aires. El actual Magistrado del TC también fue Decano del ICAB durante ocho años y presidió el Consejo General de la Abogacía entre los años 1993 y 2001, además de ocupar muchos otros cargos que le han situado en la cúspide de la abogacía y la magistratura españolas.
Con las mismas dosis de cordialidad y firmeza en sus respuestas, Gay explica en esta entrevista concedida a DIARIOJURIDICO, qué se ha logrado tras 70 años de nueva realidad jurídica en Europa, cómo cree que puede evitarse la politización del Tribunal Constitucional, además de criticar con dureza la clase política ante la no renovación de magistrados y ante el peligro de subyugar el derecho a la economía por culpa de unas agencias de valoración cuya credibilidad pone en entredicho sin ningún signo de clemencia.
– ¿Cómo valora el acto de conmemoración del XX Aniversario de la Federación de Colegios de Abogados de Europa (FBE) que se celebró el pasado jueves en el ICAB?
Creo que fue algo muy importante que se celebrara en la misma ciudad de Barcelona dónde se creó. Me acuerdo perfectamente que el notario, cuando firmábamos el acta fundacional, me dijo: “Yo no se lo que va a ser esto, pero intuyo que va a ser algo importante”. Y realmente lo ha sido.
La FBE es un organismo que agrupa a todos los colegios del ámbito del consejo de Europa, que ha ayudado enormemente a la abogacía, que ha tenido una voz importante en la redacción de las directivas que afectan a los derechos fundamentales y a la profesión de abogados y que su voz es escuchada, sin duda alguna, en el Consejo de Europa como una voz autorizada e importante.
El que su Majestad el Rey nos presidiese el acto de conmemoración fue un espaldarazo importantísimo porque él tiene un prestigio enorme en toda Europa, y sobre todo por su europeísmo y por su clara defensa de los derechos fundamentales y de la abogacía.
– En su intervención, el Rey instó a proteger el Derecho de defensa para todos los ciudadanos.
El rey no dijo nada nuevo. Todas estas cosas ya las ha dicho. Lo dijo en el acto que presidió del 700 aniversario del Colegio de Abogados de Barcelona en el año 1995, lo dijo en Madrid al inaugurarse la Sede del Consejo General de la Abogacía Española y lo ha dicho en cuantas oportunidades ha tenido ocasión de hablar sobre la abogacía. Por lo tanto, esuna constante en él.
– Justo antes, usted se dirigió a él y le dijo que la abogacía no abandonaría los principios en los que se inspiró el Tratado de Constitución de la UE.
En mi intervención yo puse la atención en cuatro aspectos fundamentales de la esencia de los Colegios de Abogados: la deontología, la colegiación obligatoria, el secreto profesional y la presunción de inocencia. Estas cuatro cuestiones han sido lo que han caracterizado los países democráticos de los que no lo son.
El otro punto que me parece esencial es que en estos momentos de crisis económica tenemos que saber dónde está el mercado y quienes son el mercado. Y eso no queda muy claro, porque hay unas agencias de calificación que no son precisamente europeas y que son las que parece ser que han de dictar las normas de nuestros estados. Esto me parece absolutamente intolerable. Y no solamente intolerable, sino que es como una subyugación del derecho a la economía.
El derecho ha de estar por encima de todo. Europa se ha ido construyendo a partir del derecho. Abandonamos las guerras que, por desgracia asolaron Europa los siglos XIX y XX,y llevamos 70 años de construcción de una nueva realidad jurídica a partir del Derecho. Hemos tenido crisis muy graves. Mucho más graves que ésta. Y hemos salido de todas. Y no solamente hemos salido de todas, sino que gracias a esa construcción, han ido cayendo todas las dictaduras. Primero las dictaduras fascistas, y después las dictaduras comunistas. Y en estos momentos vamos por el buen camino. Que nadie estorbe este camino de construcción de una Europa desde el derecho y la libertad.
– Precisamente hace algunos días usted se refirió a las agencias de rating en la conferencia que dio en el Círculo Financiero e instó a los responsables políticos a luchar por la vieja Europa del bienestar creando una legislación de urgencia que controlase la situación. ¿Cuáles serían las bases de esta legislación? ¿Cree que se acabará desarrollando?
Lo que dije el otro día era la necesidad de crear una agencia europea de rating que tuviese sobre todo una base no de negocios ni crematística, sino que estuviera construida a partir de una fundación sin interés de ánimo de lucro. Las tres agencias que hay ahora, a parte de pertenecer a capital fundamentalmente no europeo, sus consejos de Administración están interrelacionados y además son sociedades con ánimo de lucro. Por lo tanto, la imparcialidad queda un poco bajo sospecha. O sea, que ha de haber seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no se constituye ninguna sociedad.
– ¿Qué opinión le merecen las medidas de reforma de la Administración de Justicia que avanzó el ministro Alberto-Ruiz Gallardón, como la creación de una nueva tasa para poder recurrir en segunda instancia?
Creo que el Ministro de Justicia se refirió a algo que estaba ya, en gran parte, en el programa del Partido Popular. Las reformas de las leyes son siempre necesarias para irlas adecuando a los momentos en que uno se encuentra. Lo que no pueden esas reformas es obedecer a situaciones de una cierta crisis que no ha sido provocada precisamente por el funcionamiento de las instituciones, sino por el mal funcionamiento de ellas. Especialmente, por la responsabilidad de quienes están al frente de esas instituciones. Eso no se debe cambiar.
Ahora bien, el que se puedan establecer unas tasas en un determinado momento, no tiene por qué dañar a la justicia, siempre que haya la posibilidad del acceso absolutamente gratuito a ella. Hubo una reforma, hace unos años, en que se permitieron unas tasas para litigar en materia civil y contenciosa-administrativa a empresas que tuvieran una facturación superior a los seis millones de euros. Bueno, pues realmente eso no es un impedimento para el acceso a la justicia, como ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en situaciones similares.
La materia de recursos es algo que forma parte del principio de configuración legal de los Estados. Lo que sí es imprescindible es que en materia penal haya la posibilidad, siempre, de un recurso gratuito. Este es imprescindible, entre otras cosas, por los pactos de Nueva York del año 1966, que están ratificados por España y, concretamente, por el artículo 14 del Pacto de Derechos civiles y políticos, en el que se hace obligatoria una doble instancia penal. Sin embargo, la posibilidad de poner tasas está en la libertad del legislador de hacerlo. Por lo tanto, será el legislador español quién lo decida, siempre que no afecte a derechos fundamentales.
– ¿Y en cuanto al resto de medidas? Como por ejemplo, la propuesta de que separaciones y divorcios puedan llevarse a cabo mediante notario y que incluso se puedan celebrar matrimonios en sede notarial.
Yo creo que eso se ha de madurar y se ha de pensar. A mi me resulta difícil opinar sobre estas cosas que pueden venir a parar al Tribunal Constitucional, aunque espero que cuando se tengan que ver yo ya no esté (se ríe). Esa es la esperanza. Pero, por si a caso eso no se diera, he de ser prudente a la hora de pronunciarme.
– Lo que sí que ha criticado en diversas ocasiones es la falta de renovación de algunos magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Por qué cree que el Congreso no desbloquea esta situación incluso ante la renuncia de los propios magistrados?
Lo he criticado y lo sigo criticando con absoluta dureza. El pasado jueves, en la conmemoración del XX Aniversario de la FBE, decía que el escrupuloso cumplimiento de la ley, de las constituciones y de los tratados es lo que no nos hace entrar en crisis. Es lo que hace que no se politicen las instituciones.
La Constitución dice que el mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional tendrá un plazo de nueve años. Y eso se ha de cumplir absolutamente. La Constitución está por encima de todos. Acabados los nueve años están obligados a renovar. Y por tanto yo creo que ahí hay un incumplimiento flagrante de la Constitución y una manifiesta inconstitucionalidad.
Y eso lo critiqué hace tiempo, lo sigo criticando y no pararé de criticarlo hasta que no se resuelva. ¿Cómo se puede resolver? Jamás modificando la Constitución. La Constitución se puede modificar y no es un texto sagrado, pero nunca porque se incumpla, sino porque convenga para los intereses generales del Estado, y siempre pasando por el consenso.
– ¿Y por qué se está incumpliendo?
¡Ah! Eso te lo tendrán que decir los políticos.
– ¿Y en cuanto a las consecuencias?
Las consecuencias son malas no para la justicia en sí, porque los magistrados siguen cumpliendo la justicia, con su leal saber y entender jurídico, pero sí para la impresión que da y el desgaste de credibilidad que tiene para la institución y para quienes tienen que renovar la institución.
– Llegará un día que se produzca la renovación…
¡Esperemos que sí! Los anteriores magistrados estuvieron exactamente tres años y un mes esperando la renovación por parte del Senado. Ahí el Senado actuó muy mal. Nosotros llevamos un año y tres meses en el Congreso de los Diputados. Ahí el Congreso de los Diputados ha actuado muy mal.
– Una de las propuestas que ha hecho el ministro Gallardón es cambiar laforma de designar los magistrados del Tribunal Constitucional para que sean más independientes respecto del poder político. ¿Cómo cree que podría conseguirse una independencia efectiva y real?
Yo diría que la independencia de los jueces y magistrados existe. Puedo asegurársela. Me parece que muchos de los que han sido propuestos por un partido o por otro han dado bastantes disgustos a quienes les hubieren propuesto en su momento. Pero no es ese el tema. Se trata de que conformen el Tribunal Constitucional juristas de reconocido prestigio, que es lo que dice la Constitución, con más de 15 años de experiencia profesional.
Esa es la cuestión. ¿Cómo no se politiza? Cumpliendo estrictamente eso mismo. Es decir, que sean juristas de reconocido prestigio y que se consensue su nombre. La Constitución exige las 3/5 partes del Congreso de los Diputados y las 3/5 partes del Senado. Eso quiere decir que la Constitución pide un consenso. Cuando en vez de un consenso hay un encastillamiento y dicen: -“O va este nombre o no hay pacto”, eso es contravenir la Constitución.
Cuando acabado el plazo, no se sustituye por razones que son incomprensibles, parece que los políticos tienen un interés especial en que esos mismos magistrados continúen. Eso no es bueno. Como no es bueno que los magistrados lo sean hasta el momento de su jubilación porque entonces los plazos pueden ser desiguales. Todo eso lo único que hace es enrarecer al órgano. Cuando es un plazo cierto y seguro y previsto, con el cumplimiento estricto de eso no hay ningún miedo a la politización. Porque además, cada tres años, se renueva un tercio. No hay ningún peligro.
Ahora, si lo que quiero es que sigan un determinado tiempo, naturalmente que lo estoy politizando. Pero no se politiza el tribunal, le politiza la política. Lo principal que deben hacer los políticos es cumplir la ley, pero la ley de leyes, por encima de todas. Esa es la garantía de la democracia: el cumplimiento estricto de la ley. Y cuando la ley dice consensuar, no dice pactar exclusivamente. Dice consensuar. No dice imponer nombres. Dice consensuar. Y si un nombre no se ha consensuado, pues se busca otro. El número de reconocidos juristas de nuestro país es enorme, se lo puedo asegurar. España es un país que tiene una tradición jurídica multisecular, y hay muchísimos juristas de reconocido prestigio.
– Sin embargo, todo esto no se está cumpliendo y parece que no hay sanción alguna.
La sanción la tiene que dar el pueblo en las urnas. Y cuidado, que hay síntomas de abstención muy preocupantes. Y síntomas de voto en blanco muy preocupantes.
– De los que se no se habla demasiado…
Y de los que se debiera de hablar mucho más de lo que se habla porque es una manifestación inequívoca del país, que no le gusta como se llevan las cosas.
– Por último, ya ha pasado un año y medio desde que se dictó la Sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña en la que usted presentó un voto particular. ¿Cómo ve la situación después de este tiempo y hasta qué punto cree que se ha limitado la posibilidad de que Cataluña tenga un Poder Judicial propio?
Yo no puedo hacer un análisis de la sentencia porque la voté con la mayoría y hice un voto particular sobre algo que me pareció que no solamente no era inconstitucional, sino que no debía declararse como tal porque formaba parte del preámbulo o exposición de motivos.
El Tribunal Constitucional nunca había quitado un valor interpretativo de una forma tan clara a unas expresiones o contenidos del preámbulo. Además, esos contenidos del preámbulo estaban en otros estatutos de autonomía. Y de la misma manera que le he dicho que nosotros no podemos ser una última instancia en materia de jurisdicción, tampoco podemos ser una segunda cámara política.
Nosotros solamente podemos analizar el derecho si se aviene o no se aviene a la Constitución. Y no puede ser que un Estatuto de Autonomía llegue realmente a conocimiento del Tribunal Constitucional, cuando ha pasado por un Parlamento autonómico, por una doble lectura del Parlamento estatal, y por un referéndum.
Si ha llegado después de todo esto al Tribunal Constitucional con unas pretensiones de 310 nulidades que afectaban a más de 115 artículos (es decir, a más de la mitad del texto del Estatuto de Autonomía de Cataluña) quiere decir dos cosas: o que no se pudo pactar, o que no se quiso pactar o que se quiso que fuera el Tribunal Constitucional quien redactara el estatuto de autonomía de Cataluña, cosa que no podemos hacer ni debemos hacer, porque nosotros no somos ni legisladores, ni jueces, ni administradores. Nosotros juzgamos a los jueces, juzgamos a los legisladores y juzgamos a los administradores, desde el punto de vista constitucional; no ordinario.
