El pasado 30 de diciembre se aprobó la “Ley Sinde” (Real Decreto 1889/2011, que desarrolla el artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual en los términos fijados por la disposición adicional 43ª de la Ley de Economía Sostenible). Esta norma instaura un procedimiento administrativo a través del cual los titulares de derechos pueden solicitar el inicio de un procedimiento ante la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para interrumpir aquellos servicios de Internet que vulneren sus derechos de propiedad intelectual.

Con el fin de analizar desde una perspectiva jurídica las múltiples consecuencias que supone la aprobación de esta norma, DENAE – la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento – convocó una mesa redonda el pasado lunes 6 de febrero donde varios expertos debatieron la oportunidad y eficacia de este procedimiento.

Ante la pregunta de si es necesario articular un proceso específico, al margen de las acciones que prevé la Ley de Propiedad Intelectual para combatir la piratería en Internet, D. Juan José Marín, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla la Mancha y abogado de Gomez Acebo & Pombo, declaró que es razonable que los poderes públicos adopten medidas para proteger los derechos de autor, sin embargo, cuestionó que un procedimiento administrativo sea la vía más adecuada para tutelar derechos privados. D. Alejandro Sánchez Campo, Gerente de Derecho de la Nueva Economía de Telefónica de España, condicionó la eficacia de este procedimiento al nombramiento de los miembros que formen parte de la sección segunda y a la dotación presupuestaria que ésta tenga. Por su parte, D. Antonio López, Socio de Lawic Abogados, puso sobre la mesa los datos de defraudación de la propiedad intelectual en Internet que, según el ponente, alcanzó los 5.300 millones de euros entre enero y julio de 2011. Ante tales estadísticas, López justificó que circunstancias muy graves obligan a adoptar necesariamente procedimientos y medidas especiales.

Todos los ponentes señalaron deficiencias en la redacción de la norma, a la que se tacha de querer ser demasiado “buenista”. Se criticó que la norma aclarase que la vulneración de los derechos de propiedad intelectual deba ser “susceptible de crear un daño patrimonial”, o que la terminología utilizada no aclare si se va a actuar contra todos los intermediarios, o sólo contra los responsables. Asimismo, todos los expertos coincidieron en un posible colapso de los Juzgados, provocado por la doble tutela judicial que contempla el procedimiento. En este sentido, Antonio López apuntó, como crítica, que la sección segunda de la Comisión no hubiera asumido el papel de órgano que eventualmente pudiera pedir datos de identificación a los proveedores de acceso.

A modo de conclusiones, Alejandro Sánchez Campo afirmó que este proceso es una herramienta que si se interpreta de forma exagerada, puede tener resultados exagerados. Juan José Marin, por su parte, concluyó señalando la paradoja de que la recientemente aprobada Ley del Juego permita a un órgano administrativo (Comisión Nacional del Juego) cerrar páginas web que provean servicios de juego no autorizados sin que medie un proceso especial de doble tutela judicial previa.

Finalmente el moderador de la jornada, D. Jorge Ledesma, abogado de Roca Junyent, apuntó que se ha llegado a este Reglamento como consecuencia de la frustración que provocaba en los titulares de derechos, que los prestadores de servicios de la sociedad de la información hicieran caso omiso a los requerimientos que se les mandaban para denunciar las vulneraciones de derechos de propiedad intelectual.