Un juez no puede obligar al explotador de una red social online a establecer un sistema de filtrado de la información almacenada en sus servidores por los usuarios de sus servicios, para prevenir infracciones por derechos de autor, esto es uso ilícito de obras musicales y audiovisuales, según ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), en su sentencia de 16 de febrero. En este sentido, DIARIOJURIDICO, una vez, requiere a los expertos en tecnologías de la información para aclarar el contenido de esta sentencia. Adjuntamos las declaraciones de  Francisco Pérez Bes, vocal de Enatic  y de la Sección de Derecho de las Nuevas Tecnologías del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y Secretario de AERCO- PSM, Madrid, Alvaro Negro, Abogado Asociado de Cuatrecasas, Gonçalves y Pereira, Alejandro Touriño, socio de Informacion Tecnology de Ecija y de Rafael Garcia del Poyo y Miguel Angel Serrano, socios y expertos en Nt de Cremades y Calvo Sotelo

En la reciente sentencia de 16 de febrero,, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=264988  la sala tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto una cuestión prejudicial solicitada en el marco de un litigio entre SABAM, entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual belga, y la red social Netlog.

En dicho litigio, Sabam solicitaba que se obligase a Netlog a crear un sistema de filtrado de la información almacenada en su plataforma para impedir que los usuarios pudieran intercambiarse obras del repertorio de SABAM sin la correspondiente autorización y pago de cánones.

Desde su perspectiva, Francisco Pérez Bes apunta que la Sentencia Sabam vs Netlog, del Tribunal de Justicia de 16 de febrero de 2012 (asunto C-360/10) vuelve a plantear el problema relacionado con la confrontación en Internet de, por un lado, derechos de propiedad intelectual y, de otro, la libertad de empresa y el derecho a la información. Todo ello en relación a la eventual responsabilidad de los intermediarios en Internet, la cual ya ha sido tratada en otros procedimientos tales como los que afectaban, por citar algunos, a Google Francia y a Louis Vuitton (C-236/08 a 238/08) o la propia Sentencia Scarlet Extended (C?70/10) tan repetida en la sentencia que ahora nos ocupa.

Desde el punto de vista de la responsabilidad de los intermediarios, la Sentencia Sabam-Netlog no viene sino a consolidar la doctrina que exime a los intermediarios de servicios de la sociedad de la información de una revisión activa y preventiva de los contenidos que sus usuarios almacenan en sus plataformas, y que en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información española se encuentra regulada en los artículos 13 a 17.

En efecto, tales artículos eximen de responsabilidad a aquellos prestadores de la sociedad de la información que alojen contenidos o que faciliten enlaces a los mismos, en tanto en cuanto no tengan un conocimiento efectivo de que los contenidos alojados o de que la información a la que remiten o recomiendan lesiona derechos de un tercero; o, si lo tienen, que actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente.

En lo que respecta al conflicto entre derechos, la Sentencia considera que la exigencia a esa red social de establecer un sistema de filtrado de los contenidos que alojan sus usuarios implicaría una vulneración sustancial de la libertad de empresa contraria a los principios contemplados en la normativa comunitaria, ya que se estaría hablando de implantar un sistema informático complejo, gravoso, permanente y exclusivamente a sus expensas, lo que –a su juicio- lo convierte en una solución inútilmente compleja y gravosa, pues supondría una supervisión ilimitada en el tiempo, que comprende toda lesión futura de las obras existentes y de las obras futuras que aún no se hayan creado cuando se establezca ese sistema. Además,

Podría también vulnerarse la libertad de información, dado que se corre el riesgo de que el citado sistema no distinga suficientemente entre contenidos lícitos e ilícitos, por lo que su establecimiento podría dar lugar al bloqueo de comunicaciones de contenido lícito. En efecto, hay que tener presente que existen diferentes excepciones legales a los derechos de autor en los distintos estados miembros (caso, por ejemplo, de la parodia), de manera que ciertas obras pueden pertenecer al dominio público o los autores afectados pueden haberlas puesto gratuitamente a disposición pública en Internet. Y parece lógico que no se haga descansar en el intermediario la carga de comprobar caso a caso, que el contenido que se pretende almacenar en su plataforma cumple con la más estricta legalidad.

Por lo tanto, al exigir la implantación de un sistema de filtrado previo se desvirtúa el justo equilibrio que debe mantenerse entre, de un lado, la protección del derecho de propiedad intelectual que ampara a los titulares del derecho de autor y, de otro lado, la protección de la libertad de empresa que ampara a los prestadores de servicios de servicios de almacenamiento, y la libertad de información y de protección de datos que ostentan los usuarios de dicha plataforma.

Así pues, de nuevo debemos ser creativos, y tratar de buscar soluciones alternativas para la protección de los derechos de propiedad intelectual en Internet. Me parece interesante profundizar en el desarrollo de herramientas de denuncia internas, que ofrezcan procedimientos ágiles de resolución extrajudicial de controversias (mediaciones, arbitrajes o similares) a través de los cuales se puedan resolver aquellos conflictos –cada vez más numerosos- que afectan a derechos de terceros.

Para Alejandro Negro, Asociado Senior de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira., el Tribunal ha seguido la misma línea que en sentencias anteriores (29 de enero de 2008, Promusicae), en las que señaló que las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales deben garantizar un justo equilibrio entre la protección del derecho fundamental a la propiedad intelectual y la protección de otros derechos fundamentales de las personas afectadas por tales medidas, en nuestro caso, la libertad de empresa de los operadores y derechos y libertades de los clientes del operador. .

“Así, la sentencia entiende, a nuestro entender acertadamente, que la autoridad judicial no puede ordenar establecer un filtro que supervise indefinidamente toda la información almacenada en Netlog, ya que vulneraría la libertad de empresa.” . Es evidente para Negro que este tipo de iniciativas generaría realizar una inversión en un sistema informático complejo, gravoso, permanente y exclusivamente a expensas del operador,” lo cual es contrario a la Directiva 2004/48 que exige que las medidas adoptadas para garantizar los derechos de propiedad intelectual no deben ser inútilmente complejas o gravosas”

Otro de los valores de este fallo es que “ el Tribunal rechaza dicha medida porque se vulneraría el derecho a la protección de datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones de los clientes de Netlog, ya que se identificaría y analizaría sistemáticamente toda la información de dichos clientes y podría incluso bloquearse contenidos lícitos.

Esta sentencia viene a ratificar sentencias anteriores, tanto del tribuna del Justicia, como de Tribunales españoles en los que se rechaza este tipo de filtros generales, con los que se pretende que el operador de Internet supervise todos los contenidos que se incluyen en sus plataformas.

Vulneración de datos personales

En opinión de Alejandro Touriño, socio del area de Informacion Technology de Ecija,  en esta disputa Netlog argumentó que la imposición de un sistema de supervisión o bloqueo previo no sería acorde con el artículo 15 de la Directiva 2000/31, puesto que le imponía una obligación general de supervisar las comunicaciones en su red. Adujo además, con acierto, que el establecimiento de un sistema de filtrado vulnera las disposiciones del Derecho de la Unión sobre la protección de datos de carácter personal y la confidencialidad de las comunicaciones, ya que implica el tratamiento de las direcciones IP, que son datos personales.

 

Para Tourño “En atención a esta solicitud, el Tribunal de Justicia ha decidido poner orden a esta situación declarando, en la misma línea que la reciente sentencia que enfrentaba a SABAM y al proveedor de acceso a Internet, Scarlet, que obligar a una red social a establecer un sistema de filtrado le obligaría a proceder a una supervisión activa de la comunicaciones, expresamente prohibida por el artículo 15 de la Directiva 2000/31.”

Y es que, ciertamente, la protección del derecho de propiedad intelectual está consagrada en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ahora bien, ni de dicho precepto ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende en modo alguno que la protección de ese derecho deba garantizarse en términos absolutos. En efecto, la protección del derecho de propiedad intelectual debe ponderarse con respecto a la protección de otros derechos fundamentales.

En este sentido, la obligación de establecer un sistema de filtrado y de supervisión de contenidos implicaría una vulneración sustancial de la libertad de empresa del proveedor de Internet, dado que le obligaría a establecer un sistema informático complejo y gravoso, que además sería contrario a los requisitos recogidos en la Directiva 2004/48, el cual exige que las medidas adoptadas para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual no sean inútilmente complejas o gravosas.

En definitiva, la protección de los derechos de autor tiene que venir dada por muchos elementos, pero no puede pasar por imponer a una red social la desorbitada carga de filtrar los contenidos que comparten sus usuarios. Y es que obligar a una red social a supervisar todos los contenidos que comparten sus usuarios haría inviable un negocio que se alimenta, precisamente, de la interacción de usuarios.

Regular redes sociales, poner puertas al campo?

Por su parte, Rafael Garcia del Poyo y Miguel Angel Serrano, expertos en derecho de las nuevas tecnologías y socios de Cremades & Calvo Sotelo señalan que:

La reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentado las bases que deben guiar algunos aspectos concernientes al funcionamiento de las redes sociales, detectando los intereses en conflicto, con clara distinción de los mismos y precisa configuración de su alcance, evitando toda extralimitación. Y a este respecto, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

1.            Un requerimiento judicial en el que se ordenara el establecimiento de un sistema de filtrado por parte del prestador de servicios de alojamiento de datos afectado implicaría, de facto, una obligación de proceder a una supervisión activa de la casi totalidad de datos respecto de todos sus clientes, con el fin último de evitar cualquier futura lesión de los derechos de propiedad intelectual. De ello se desprende que el citado requerimiento judicial impondría a dicho prestador de servicios de alojamiento de datos una supervisión general prohibida por el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31.

2.            Y no sobrará añadir, además, que los efectos del mencionado requerimiento judicial no se limitarían a los prestadores de servicios de almacenamiento, ya que el sistema de filtrado también puede vulnerar los derechos fundamentales de los clientes de ese prestador, a saber, su derecho a la protección de datos de carácter personal y su libertad de recibir o comunicar informaciones.

En efecto, el citado requerimiento judicial conllevaría la identificación, el análisis sistemático y el tratamiento de la información relativa a los perfiles creados en la red social por los clientes de ésta, dándose la circunstancia de que las informaciones relativas a esos perfiles son datos protegidos de carácter personal, ya que permiten identificar, en principio, a tales clientes. Y, asimismo, dicho requerimiento judicial podría vulnerar la libertad de información, dado que se corre el riesgo de que el citado sistema no distinga suficientemente entre contenidos lícitos e ilícitos, por lo que su establecimiento podría dar lugar al bloqueo de comunicaciones de contenido lícito. A este respecto, debe ponderarse que el carácter lícito de una transmisión depende igualmente de la aplicación de excepciones legales a los derechos de autor que varían de un Estado miembro a otro. Es más, en determinados Estados, ciertas obras pueden pertenecer al dominio público o los autores afectados pueden ponerlas gratuitamente a disposición pública en Internet.

3.            Y, en fin, debe tenerse presente que las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales deben garantizar un adecuado y justo equilibrio entre la protección del derecho de propiedad intelectual (que ampara a los titulares de los derechos de autor) y la protección de la libertad de empresa (que ampara a los operadores, así como a los prestadores de servicios de almacenamiento de datos).

Pues bien, el requerimiento judicial por el que se ordenara establecer un sistema de filtrado implicaría supervisar la totalidad de la información almacenada en la red del prestador de servicios afectado, supervisión que, además, sería ilimitada en el tiempo, en la medida en que debería proteger no sólo las obras existentes, sino también las obras futuras que aún no se hayan creado cuando se establezca ese sistema. Y, por tanto, un requerimiento judicial como el anteriormente referido supondría una vulneración sustancial de la citada libertad de empresa, pues entrañaría el establecimiento de un sistema informático complejo, gravoso, permanente y exclusivamente a costa de los operadores y prestadores. Y  resultaría, además, contrario a los requisitos recogidos en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48.

4.            A la vista de lo anterior, si se adoptara un requerimiento judicial como el comentado, el órgano jurisdiccional nacional en cuestión no respetaría el requisito de garantizar un justo equilibrio entre, por un lado, el derecho de propiedad intelectual y, por otro, la libertad de empresa, el derecho a la protección de datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones.

 

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