La pregunta se ha introducido en el debate de la Opinión Pública desde que el gobierno hiciera pública su intención de paralizar los desahucios a las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que no tengan alterativa habitacional mientras permanezca vigente el estado de alarma sanitaria. Serán las comunidades autónomas las encargadas de buscar una solución de vivienda para estas personas en el plazo de tres meses.

desahucio - diario juridicoAlgunos grupos de la oposición consideran que bajo este decreto se ampara políticamente la ocupación ilegal de viviendas, ya que, en esta situación de vulnerabilidad, según la agencia EFE, se incluirían quienes viven como okupas en pisos de propietarios con más de una decena de viviendas.

Desde el despacho Le MorneBrabant Abogados se deja claro, no obstante, que no se pueden prohibir los desahucios.  En el caso, explica la abogada Alegría Cuevas, se ven enfrentados los derechos a la vivienda y a la propiedad privada, ambos  fundamentales, habrá que ir analizando caso a caso cada situación en la que se encuentren estas familias con la aportación de la documentación obligatoria y pertinente que pueden presentar tanto inquilino como propietario dentro del procedimiento judicial, para que así no pueda haber vulneración de derechos. De tal manera, que el inquilino  deberá acreditar que se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica y social, en los términos que marca la normativa publicada durante el covid.

¿Quiénes se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica?

Se considera que una persona padece una situación de vulnerabilidad social cuando hayan visto reducida drásticamente su jornada laboral, se encuentren en un ERTE o en situación de desempleo, es decir, en aquellos supuestos en los que hayan disminuidos significativamente sus ingresos.

Para constatarlo se tendrá en cuenta los ingresos de la unidad familiar, los mismos no podrán superar tres veces el IPREM ( Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) , cantidad que se sitúa en torno a los 1613,52 euros.

Por supuesto, se contempla entre las situaciones de vulnerabilidad a quienes sufran algún tipo de discapacidad, se encuentren en situación de dependencia o padezcan  enfermedades que les impidan llevar a cabo una actividad laboral de forma permanente.

Y, por último,  se añaden a aquellos cuyos gastos en concepto de alquiler más los suministros básicos resulten superiores o iguales al 35% de los ingresos netos. Si es así, estamos ante personas especialmente vulnerables.

Una solución habitacional permanente

Otro requisito  para evitar ser desahuciado es que la persona no tenga una alternativa habitacional. Según explican desde este despacho de abogados, significa no tener otra vivienda en otra comunidad autónoma, no ser usufructuario de una vivienda ni propietario por herencia, así como  no poder acceder a una vivienda que reúna las condiciones necesarias de habitabilidad.

En este caso, el Estado, a través de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, deben ofrecer ayuda a estas personas en situación de vulnerabilidad buscando una solución habitacional para que esas personas puedan alojarse en viviendas que cumplan  estos requisitos, en un plazo de tres meses. Lo ideal, explican desde Le MorneBrabant, es que los criterios de esas soluciones se encuentren lo más unificados posibles en las distintas Comunidades Autónomas, pero lo importante es que cumplan con las condiciones mínimas de habitabilidad, entre las que destacan el tamaño mínimo útil de 36 metros cuadrados y, por supuesto, que cumpla con todas las normas de salubridad. Lo más importante es evitar que estas familias en situación de vulnerabilidad no sean ubicadas en  albergues y otras instalaciones similares.

Con el nuevo decreto se trata de dar protección a las familias vulnerables, estableciendo medidas que les permitan ampliar los plazos para encontrar una vivienda que reúna las condiciones necesarias. En el mes de marzo se suspendieron los desahucios para los hogares vulnerables sin alternativa habitacional  hasta seis meses después de expirar la declaración del estado de alarma, ello suponía que, dentro del procedimiento de desahucio, se podía establecer la paralización del desalojo siempre y cuando se acreditase que la familia no tenía recursos ni disponía de otra vivienda. En diciembre se amplió la paralización de los desahucios tras una negociación entre los principales partidos políticos hasta el 31 de enero y se hace referencia la corte de suministros. El gobierno ya ha hecho pública su intención de ampliar dicho plazo si se prolongan las condiciones sanitarias actuales.


Sobre el autor

  • Alegría Cuevas Murillo
  • Abogada y directora de Le MorneBrabant Abogados.

 

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