Reconoce que le preocupa como está afectando la crisis económica a los órganos judiciales. La justicia no acaba de arrancar y el binomio cinco mil jueces para nueve millones de asuntos que ingresan anualmente, tal y como nos relató hace unos días Carlos Dívar, presidente del CGPJ y del Tribunal S no da para más y es claramente insuficiente “Están al borde del colapso los juzgados de primera instancia y los mercantiles, estos por la avalancha de concursos que reciben”, explica Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ. Desde su punto de vista es fundamental abordar tres reformas simultáneas para arrancar la modernización de nuestra justicia, la tecnológica con la apuesta al expediente digital; procesal con cambios legislativos en todas las jurisdicciones que agilicen los procedimientos y la organizativa a través de los Tribunales de Instancia y una nueva Ley de Planta y Demarcación.
De Rosa recibe a este periodista en la sala de la Comisión Permanente, próxima a su despacho institucional, repleto de libros y documentación por revisar, un lugar en el que cada martes se reúnen algunos vocales y el propio presidente para tratar los principales temas de la semana. En esta oportunidad hemos conocido que inhabilita al juez Garzón por prevaricación durante once años para el que el propio vicepresidente del CGPJ pide respeto y acatamiento a esa y cualquier sentencia. “Al Supremo llegan los mejores juristas; los que acreditan los mejores méritos y una intachable trayectoria profesional, tras años de abnegado ejercicio profesional”, comenta. Respecto a las posibles modificaciones, pedidas algunas casi como clamor popular, sobre el Código Penal, se muestra prudente, aunque se muestra sincero al confesar que” no siempre la sociedad entiende que delitos graves cometidos por menores queden impunes”.
Fernando de Rosa Torner se licenció en Derecho por la Universidad de Valencia e ingresó en la Escuela Judicial en 1984. Destinado en diversos juzgados de la Comunidad Valenciana fue Juez Decano de los jueces de Castellón y de Valencia, donde realizó una excelente labor en la creación e impulso de numerosos e innovadores Servicios Comunes como la Oficina de Subastas Judiciales, el Registro Informático de Violencia Doméstica y el Registro Único de Entrada.
En junio de 2003 se incorpora a la Generalitat Valenciana como Secretario Autonómico de Justicia e Interior de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas. En junio de 2007 fue designado Conseller de Justicia y Administraciones Públicas. Cinco años más tarde, en septiembre de 2008 es nombrado Vocal del Consejo General del Poder Judicial y, posteriormente Vicepresidente, cargo que ostenta actualmente.
Preside la Comisión de Modernización e Informática, con el objetivo claro de desarrollar el “Plan de Modernización de la Justicia” aprobado por el CGPJ en septiembre de 2008 y en el que se recoge los puntos clave sobre los que debe girar el proceso de modernización del sistema judicial. También preside la Comisión de Escuela Judicial y forma parte de la Comisión Nacional de Policía Judicial.
Tiene numerosos premios y distinciones, destacando:
La Medalla Cruz al Mérito Profesional con Distintivo Blanco concedida por el Ayuntamiento de Vale
La Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco de la Dirección General de la Policía.
La Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
Premio Justicia 2010 otorgado por la Generalitat Valenciana.
Ha colaborado como profesor en distintas Universidades y ha participado en proyectos sobre justicia en Panamá y Nicaragua y en múltiples seminarios, congresos, mesas redondas y conferencias.
Sr de Rosa ¿Qué puede contarnos del primer contacto institucional que el CGPJ, con su presidente a la cabeza ha mantenido recientemente con el Ministro Ruiz-Gallardón?
Creo que para ser la primera vez que nos hemos visto ha habido una buena sintonía entre ambas partes. De hecho la agenda reformadora de la justicia que ha puesto sobre la mesa el Ministro de Justicia , parece que va a contar con nuestra colaboración, y eso es importante porque reconocer la importancia de nuestra institución.
Nos gusta el talante del Ministro con el CGPJ y sobre su agenda de reformas es bastante acertada. Es obvio que puedes estar o no de acuerdo en algunos temas y su prioridad, pero ambas partes coincidimos en que nuestra justicia requiere una reforma en profundidad , máxime en los momentos de crisis que nos toca vivir en la actualidad
En este sentido, el CGPJ ya ha dejado claro cuál es el camino a seguir, al menos a corto plazo; reformas procesales; puesta en marcha de los Tribunales de Instancia… ¿va a ser complicado sintonizar estas prioridades con las del propio Ministro?
Estoy convencido que el punto de encuentro entre ambas entidades está muy próximo. De hecho el propio Ministro, como acabo de comentarle, ha asegurado que va a tener en cuenta nuestra participación en este proceso de reforma. De hecho, también nos confesó que algunos de esos cambios que conocimos en su comparecencia en la Comision de Justicia del Congreso tienen que ver con algunas reivindicaciones del CGPJ de hace algunos años.
Hace unos días, mantuvimos una conversación con , presidente de esa Comisión de Justicia del Congreso, nos ha confesado que sí.. que pocas y buenas leyes habrá en esta legislatura..?
Es evidente que el trabajo del legislador es complejo, sobre todo en estos momentos de crisis donde hay que ser eficaz con los recursos que se tiene. Desde esta perspectiva esperamos que esta legislatura sea la de las reformas impulsada por diferentes nuevas leyes que entendemos son necesarias
Desde esta perspectiva entendemos que son necesarias una nueva Ley de Mediación; otra de Enjuciamiento Criminal que sustituya a la actual de 1882; dos relacionadas con la reorganización judicial como son la Ley de Planta y Demarcación y la que impulse los llamados Tribunales de Instancia que ayudará a agilizar los procedimientos en los órganos unipersonales que es donde se encuentra
Nosotros vamos a apoyar todas estas iniciativas y alguna otra que vaya en este sentido porque es necesario un cambio radical en la administración de justicia actual.
Desde su punto de vista, sin ver crónico de ninguna forma el problema de la justicia, ¿Dónde están las claves de su modernización a corto plazo?
En ese corto plazo que usted me señala entiendo que deben confluir tres reformas importantes que ayuden a esta modernización que todos los operadores jurídicos queremos para la administración de justicia. En primer lugar, hay que hablar de una reforma tecnológica donde se impulse de forma definitiva el expediente digital y se logre la automatización plena del funcionamiento interno de los órganos judiciales
De manera paralela hay que poner en marcha una reforma estructural que cambie la organización actual de nuestros juzgados a través de la Ley de Planta y Demarcación nueva de la que hablábamos antes. En este sentido hay que pensar que el concepto actual de partido judicial ha cambiado, como lo ha hecho la sociedad. Y desde esa perspectiva habrá al igual que se piensa hacer con los municipios, suprimir algunos partidos o fusionar algunos
La última reforma es procesal; es fundamental impulsarla en todas las jurisdicciones existentes para poder agilizar todos los procedimientos. En esta última de la que hablamos habría que buscar que primase la oralidad en muchos momentos
Si logramos arrancar estos tres frentes sería un punto de partida muy esperanzador para todo lo que hay que hacer en el seno de la administración de justicia. De hecho, estos cambios no requieren un esfuerzo económico importante.
Arrancar estas iniciativas nos ayudaría a que pasada la crisis económica pudiéramos destinar diferentes inversiones a otras actividades.
Habla de tres reformas simultáneas,¿ precisamente en estos momentos que vivimos entiende que pueden ser viables asumirlas?
Totalmente viables. Estamos hablando de reformas estructurales que en principio apenas suponen coste económico. Es más, se trata de reordenar los recursos existentes, como en su dia la hiciera la propia Agencia Tributaria o la administración local, con bastante acierto.
Trabajar en esta situación no cabe duda que nos sube al tren de la modernidad y nos pondría en la situación ideal para, tras la crisis, seguir avanzando en reformas e inversiones.
En el caso de la Lecrim, legislación en la que todos estamos de acuerdo que hay que reformar para actualizar al momento penal que vivimos, creo que sería mas operativo hacer ahora una serie de reformas puntuales en su contenido, de tal forma que tuviéramos tiempo para consensuar su cambio completo a medio plazo
Esas reformas se centrarían en aquello que afecta a los derechos y libertades públicas; sobre el secreto del sumario; que habría que hacer de forma inmediata.
En este contexto, hay que reconocer que se han vertido muchas críticas sobre el funcionamiento de la Oficina Judicial…
Este es otro de los temas del que ha hablado el presidente Dívar en su comparecencia en el Congreso el otro dia. Es una lástima que esté generando tantos problemas en su implantación
Para ello creo fundamental impulsar el expediente electrónico como paso previo para que la Oficina Judicial, pueda funcionar correctamente. Si no logramos este objetivo será inútil seguir invirtiendo en el desarrollo de la modernización de la justicia.
Sobre el secreto del sumario y su tiempo , escuchamos a su presidente Carlos Dívar y al propio Fiscal General del Estado convencidos que hay que regular esta práctica…
Es evidente que este es un tema grave que afecta a la imagen de la justicia. Como usted bien sabe ya hay una regulación en el Cödigo Penal sobre la revelación indebida del secreto del sumario.
Creo que habría que establecer unos cauces adecuados para el citado secreto del sumario, con un plazo limitado en el tiempo, como ya ha comentado algún vocal del CGPJ en este sentido y que no se dilate tanto como sucede en la actualidad.
De esta forma se restringiría el acceso al sumario en aquellos momentos en que fuera estrictamente necesario hacerlo. Que se dilate en el tiempo, incluso en años, deja claro que algo estamos haciendo mal a este respecto y que hay que modificar por respeto a los intereses tanto de los ciudadanos imputados como de la propia investigación judicial
Volviendo a las reformas, Sr de Rosa, vuelve a estar de actualidad el Código Penal en diversos frentes, multirreincidencia y Ley del Menor, entre otros… ¿Son realmente necesarios estos cambios normativos?
Siempre se ha dicho que el Código Penal y las leyes penales son en derecho la última instancia. Dicho esto, es evidente que algunas figuras como las que usted ha citado de la multirreincidencia o un endurecimiento de la Ley del menor en temas penales, habría que estudiar con cuidado si sería efectiva una nueva reforma.
En todos estos cambios hay que pensar en si vamos a lograr reforzar los derechos de las víctimas e intentar que protegiendo a los ciudadanos los delitos que se cometan sean los mínimos posibles con esos posibles cambios normativos.
El Código Penal es lo que es una última instancia. Pero es evidente que la sociedad cambia y determinadas conductas reprobables es posible que requieran de mayor castigo. Siempre en este contexto habrá que pensar en preservar la paz social.
Respecto a la reforma de la Ley del Menor, una de las propuesta s del Ministro Gallardón, habrá que también ver su viabilidad. Una de sus ideas es que el menor pueda ser juzgado de forma conjunta con el mayor de edad, siguiendo los trámites de la Ley del Menor. Esta es ya una solución que existe en otros países, como EEUU y está dando resultados.
Soy partidario de lanzar un mensaje a los menores claros. No puedes cometer delitos y quedar impune Creo que esto es lo que no entiende la sociedad.. Pero dicho esto el legislador tendrá que determinar que cauce debe poner en marcha para poder gestionar esta nueva situación de la que estamos hablando.
Las últimas reformas procesales aprobadas parece que abrieron una brecha entre ustedes y el CGAE, ¿Cómo están sus relaciones en este momento?
Creo que nunca han dejado de ser buenas las relaciones entre ambas instituciones pese a las lógicas discrepancias que puedan existir en diversos asuntos.
No le descubro nada si le afirmo que ambos colectivos y las instituciones que los representan, CGAE y CGPJ son pilares claves en la administración de justicia. Es clave el papel de los abogados, sobre todo en la defensa de los derechos de los ciudadanos, como es igual el de los jueces, cuando dictan sentencias.
Mal haríamos enfrentarnos por algún motivo. En ese contexto cualquier proceso de modernización de la justicia sería inviable.
Diferentes juristas han llegado a señalar que la expansión del arbitraje y la mediación en nuestro país depende de lo implicados que estén los abogados…
La mediación es una figura importante y me consta que los Colegios de Abogados están apostando por ella. Es ahora muy habitual suscribir acuerdos de colaboración entre ellos y nuestra entidad, a través de nuestra vocalía de mediación, de la que estoy bastante satisfecho de su actividad, para impulsar esta actividad.
Creo que los abogados advierten que estos métodos extrajudiciales ayudan a mejorar la administración de justicia y así lo han entendido bastante bien.
Soy un convencido de la mediación y espero que algún dia sea una alternativa a los procedimientos judiciales aún lentos y complejos como ya ocurre en otros países.
Este es un momento de comparecencias; acaba de hacerlo el presidente Divar en el Congreso y acabamos de estar en la primera rueda de prensa del Consejo Fiscal ¿Le ha sorprendido el buen feeling existente entre el presidente Dívar y Eduardo Torres-Dulce?
No me sorprende, en absoluto. Creo que siempre ha habido buenas relaciones entre presidente del CGPJ y el Fiscal General del Estado.
En esta oportunidad, todos conocemos el perfil y la brillante trayectoria de Eduardo Torres-Dulce en la carrera fiscal y las simpatías que despierta en todo el mundo judicial. Le recuerdo que el informe de nuestra institución, preceptivo, para que fuera nombrado Fiscal General del Estado, no solo avalo su currículum y formación, sino también su talante dialogante.
Para finalizar, Sr de Rosa, si volviéramos hablar a finales de este año 2012 que acaba de arrancar, ¿Dónde debería estar ubicado el proceso de modernización de nuestra justicia?
Siendo moderadamente optimistas deberíamos ya estar en la vacatio legis de algunas de las nuevas leyes que esperemos entren en funcionamiento a corto plazo, al estar también publicadas en el BOE para su posterior aplicación.
Tambien deberíamos avanzar en la modificación de la elección de los vocales del CGPJ, en este tema el propio Ministro nos ha confesado su deseo de volver al sistema de elección anterior al actual y que da más protagonismo a los propios jueces en dicha elección. Le confieso que fui juez decano dos veces, elegido en esas ocasiones por mis compañeros, y por eso conozco lo que es la participación de los jueces en la elección de sus órganos gubernativos de cerca.
Ya empieza a ser un hecho que la justicia no da abasto. Es cierto que hay materias en las que a día de hoy es necesario hacer recortes, pero no deberíamos poder tirar de justicia. Sin justicia ninguna sociedad funciona, debe por tanto aumentarse el número de jueces, aún a costa de subvencionarlo o reducir los sueldos de los actuales, pero no puede quedar la cosa así colgando de un hilo.