Racionalizar la administración de la justicia; impulsar la tecnología para asi desarrollar el expediente digital y agilizar diferentes reformas procesales son algunos de los temas pendientes que el nuevo Gobierno que salga de las elecciones generales del 20 de Noviembre tendrá que gestionar, según Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial quien fue el protagonista de los desayunos que organizados por ACIJUR pretende abordar la situación de la justicia en campaña electoral. De Rosa insistió en la necesidad de desjudicializar la justicia, con nueve millones de casos nuevos todos los años por lo que ve necesario que se apruebe en la próxima legislatura la Ley de Mediación y señaló como alternativa a los problemas del Turno de Oficio, la creación de una Agencia Estatal que regulase la Justicia Gratuita, con el apoyo como entidad colaboradora de los Colegios de Abogados.
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A lo largo de su intervención en estos debates patrocinados por la Editorial La Ley, De Rosa espera que la próxima legislatura sea la de la justicia y que los partidos políticos alcancen el consenso necesario para impulsar un Pacto de Estado sobre estos temas. “Creo que seria un gran fracaso si las comunidades autónomas devolviesen sus competencias al Estado”, señalo. “Lo que si hay que hacer en estos momentos de crisis es una mejor reordenación de los recursos que disponemos, de tal forma que logremos que la justicia se convierta en el servicio público que anhelamos”. Respecto a la Justicia gratuita y a la Agencia estatal que pudiera crearse para gestionar estos pagos del turno de oficio recalcó que la idea es sobre todo para que “todos los abogados cobren lo mismo por un mismo trabajo» y que su financiación no dependa de los presupuestos de las Comunidades Autónomas”.
El vicepresidente del CGPJ se mostró reacio a fomentar el copago, como se ha dicho en otros operadores jurídicos. “Realmente sería el repago, porque ya con nuestros impuestos pagamos ya el coste de la justicia”. En este sentido destacó la necesidad de mejorar la gestión de nuestra justicia, de tal forma que las tasas y multas judiciales fueran directamente a las comunidades autónomas. “Tenemos también que reordenar nuestro sistema judicial que es del siglo XIX. Creo que no es de recibo que en algunos partidos judiciales exista un juez único para toda esa población que trabaja las 24 horas de los 365 dias del año”, añadió. En este sentido señaló la necesidad de diseñar una nueva Ley de Planta y Demarcación que sirviera para esa reordenación de la justicia, especialmente para los grandes nucleos judiciales como Madrid o Barcelona
Mayor desjudicialización
Fernando de Rosa, a preguntas de los periodistas, recordó la necesidad de desjudicializar nuestro modelo judicial. Un modelo que recibe al año nueve millones y medio de asuntos pendientes.“El 70 por cien de los asuntos que llegan a los juzgados son pequeños y muchos de ellos no deberían acabar en la justicia”. Desde esta perspectiva apuesta por un mayor uso del arbitraje, mediación y conciliación. “ Es fundamental aprovechar los conocimientos de notarios, registradores o procuradores para que ayuden a impulsar los métodos extrajudiciales”, subrayó
El vicepresidente del CGPJ se mostró convencido de que el nuevo Gobierno que salga de las urnas acometerá la reforma que necesita desde hace años la Justicia y ha considerado que la crisis económica puede ser una oportunidad «para reordenar este servicio público». Para ello cree fundamental impulsar el expediente electrónico como paso previo para que la Oficina Judicial, modelo de nueva organización de la justicia que ha tenido muchos problemas, pueda funcionar correctamente. “Si no logramos este objetivo será inútil seguir invirtiendo en el desarrollo de la modernización de la justicia”. A este respecto consideró que «estamos en el momento adecuado» para alcanzar un Pacto de Estado en materia de Justicia, no sólo entre los diferentes partidos sino también entre las comunidades autónomas y el CGPJ para crear «un modelo único de Justicia» y conseguir «la modernización tecnológica de la Justicia de forma unificada» y acabar con los diferentes sistemas informáticos en cada autonomía.
De Rosa lamentó además que no se haya podido aprobar en esta legislatura la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) que ha calificado de «muy acertada» y en la que «hay que salir del debate de si es el juez o el fiscal el que debe instruir, porque este tipo de debates no valen para nada ni son productivos”. Si es el fiscal el que ejerce finalmente la figura del instructor, De Rosa ha señalado que en ese caso deberá reformarse el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para otorgarle independencia y para ello ha propuesto que al Fiscal General del Estado (FGE) lo designe el Parlamento y no el Gobierno. También apostó por volver al método antiguo de elección de los miembros del CGPJ y del TC así como dotar al máximo organismo de los jueces de más competencias “como en el caso del nombramiento de los jueces sustitutos, lo que ayudaría bastante a desburocratizar ese tema”
