En vísperas de la toma de posesión hoy lunes de Eduardo Torres-Dulce como nuevo Fiscal General del Estado, acto que congregará a las principales personalidades jurídicas del país, El CGPJ ha dejado claro cuáles son sus prioridades para acometer la modernizacion de la justicia. El máximo órgano de representación de los jueces acordó el pasado jueves,  en su primera reunión plenaria tras la constitución de las nuevas Cortes Generales, dirigirse al Poder Legislativo para señalar cuáles deben ser las prioridades en materia de justicia: a este respecto, se insiste en resaltar la conveniencia de que se regulen cuanto antes los denominados Tribunales de Instancia, se reformen las demarcaciones judiciales y se introduzcan reformas para la agilización de los procesos en todos los órdenes jurisdiccionales.

De alguna forma esta peticiones pretenden orientar al propio ministro, Alberto Ruiz-Gallardón en organizar su plan de trabajo que conocimos hace unos dias tras  su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso de hace unos dias, donde detalló de forma exhaustiva cuál va a ser su programa de actividades para los próximos cuatro años.

Si el lector de DIARIOJURIDICO tiene tiempo de cotejar ambas propuestas, verá que el propio CGPJ es prudente a la hora de valorar el plan del nuevo ministro de Justicia. Es evidente que la primera reunión que van a mantener Ruiz-Gallardón con Carlos Dívar, presidente del CGPJ y del Supremo en los primeros días del mes de febrero, será  muy esclarecedora, de cara a que ambas instituciones trabajen de forma unida en pro de la modernización de la justicia.

Desde el máximo órgano de los jueces se considera que estas reformas que han fijado como prioritarias y  que  respaldan son imprescindibles para mejorar el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, y según su consideración, son compatibles con el contexto económico en el que vivimos de contención de las disponibilidades presupuestarias.

De momento no hemos sabido el pronunciamiento explícito del CGPJ sobre cuestiones relacionadas con la reforma penal de la Ley del Menor, la prisión perpetua revisable o el nuevo Código Mercantil que se ha propuesto desde Justicia, asuntos todos ellos anunciados por Gallardon en esa comparecencia de la que hablamos.

Desde el CGPJ se piensa que  el comienzo de una nueva legislatura es el momento especialmente idóneo para que el Gobierno que se estrena promueva la elaboración de nuevas leyes y de reformas de las existentes en el ámbito de la Administración de Justicia. Ello ayudará a que los ciudadanos tengan un mejor servicio.  De hecho, estas iniciativas legislativas deben producir ante todo el efecto de mejorar la gestión de los medios disponibles. No se puede olvidar que una justicia eficaz y fiable también constituye por sí misma un activo capaz de aportar una importante contribución para superar la crisis económica

Además, el CGPJ considera que los Tribunales de Instancia son fundamentales para reducir el tiempo de tramitación de las causas en los Juzgados sin necesidad de asumir el elevado coste que suponen la creación de nuevos Juzgados y los refuerzos de los existentes. Y añade: «Un nuevo mapa de partidos judiciales que supere las demarcaciones procedentes del siglo XIX no sólo es obligado, dados los cambios de las poblaciones, de los medios de transporte y de las comunicaciones, sino que, además, es imprescindible para optimizar los medios materiales y personales existentes en los Juzgados». Precisamente el propio ministro anunció como uno de sus objetivos la puesta en marcha de una nueva Ley de Planta y Demarcación que actualizase los propios partidos judiciales.

Ministerio y CGPJ coinciden en la necesidad de impular una  nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal,  asi como diversas reformas procesales urgentes de todos los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social), que admitan la reducción de la litigiosidad: en este sentido sabemos que Fernando de Rosa vicepresidente del CGPJ ha manifestado en varias ocasiones no ser partidario del copago o tasa judicial que sí pretende ahora el nuevo Ministro poner en marcha desde la segunda instancia.

Sobre la desjudicialización, donde no este en juezgo la tutela judicial se espera también la aprobación de una nueva Ley de Jurisdiccion Voluntaria asi como de otra sobre Mediación que adapte la Directiva del 2008 sobre Mediacion de Asuntos CIviles y Mercantiles, aun pendiente de trasponer en nuestro país. La clave de todas estas reformas, estarán, según han comentado fuentes del propio CGPJ a este medio es poder compaginar estos cambios que ayuden a reducir los procesos judiciales, sin perjuicio de las garantías fundamentales, que están demandando reiteradamente los ciudadanos.

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