Durante 2009, el sistema de Asistencia Jurídica Gratuita en España prestó asistencia a más de 1,8 millones de ciudadanos, un 28% más que el año anterior, de los cuales más de 64.000 correspondieron a casos de Violencia de Género.

La inversión realizada por las Administraciones Públicas en el Turno de Oficio se incrementó un 20,8% el año pasado, hasta los 265,4 millones de euros.

De la cifra total de inversión, el 68,9% se destinó al Turno de Oficio y a los Servicios de asistencia a víctimas de violencia de género, un 23,5% a los servicios de Asistencia Letrada al Detenido y guardias, y un 7,6% a los gastos de infraestructura de los Colegios de Abogados que prestan este servicio 24 horas al día, 365 días al año en cualquier lugar de España.

Por comunidades autónomas, Cataluña recibió un 24,2% de la inversión, seguida de Madrid (20,5%) y Andalucía (15,1%). Las tres sumaron cerca del 60% del presupuesto total.

Las que menos inversión recibieron fueron La Rioja (0,3%), Ceuta (0,5%) y Melilla (0,5%).

Los usuarios del Turno de Oficio califican con un 6,4 de media la calidad del servicio en España –prácticamente la misma otorgada en el estudio realizado para el II Observatorio de la Justicia Gratuita, que fue de un 6,5-, y 2 de cada 3 ciudadanos no encuentra deficiencias o carencias en el funcionamiento de la Justicia Gratuita.

De esta forma, se pone de manifiesto la vigencia del actual modelo de Justicia Gratuita en España, en el cual trabajan actualmente cerca de 38.000 abogados con una media de edad de 41 años y 13,5 años de experiencia profesional.

Para el 72% de los encuestados, la atención que reciben de su abogado es buena o muy buena, y solo para un 8 por ciento es mala o muy mala.

La principal deficiencia del servicio es, según un 44% de los encuestados, la lentitud de los procesos, provocado fundamentalmente por la propia Administración de Justicia (para un 76%), las leyes procesales (12%) o la otra parte (3%)
Se reafirma un amplio grado de satisfacción en lo relativo a la obtención del derecho: para un 76% de los usuarios fue fácil conseguir el beneficio a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El 63% de los encuestados quiere un profesional libre e independiente que trabaje bajo el control de los Colegios de Abogados.

Dos de cada cinco beneficiarios de la Justicia Gratuita consideran que los medios que actualmente destina el Estado para garantizar el derecho a la defensa jurídica de todos los ciudadanos deberían incrementarse.

Como en los tres Informes anteriores, y tras el análisis de la situación de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio en España, el Comité de Expertos del Observatorio de la Justicia Gratuita –en el que por decisión del CGAE son mayoría los expertos jurídicos, usuarios, consumidores, miembros de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, etc. que no son abogados- propone una serie de recomendaciones y sugerencias con el objeto de mejorar este servicio.

Entre ellas destacan:
El modelo actual de Justicia Gratuita, organizado y gestionado por los Colegios de Abogados y prestado por abogados libres e independientes, es el que mejor garantiza la eficacia y calidad de la Justicia Gratuita.

Es preciso evitar la discriminación en el acceso al servicio de Justicia Gratuita y fraudes en su concesión, asegurando el reconocimiento del beneficio a aquellas personas que realmente tienen una situación económica precaria, sin que la actual crisis económica pueda dar lugar en ningún caso a recortes del derecho de defensa.

Se debe revisar el contenido del derecho de Justicia Gratuita y de aspectos procesales para evitar situaciones de indefensión.

Es necesario adecuar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita a los nuevos recursos e infraestructuras tecnológicas.

A la vez, es preciso contar con una homogeneidad en los criterios de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.

Del mismo modo, se propone –en línea con los anteriores Observatorios- que el beneficiario de Justicia Gratuita tenga la posibilidad de elegir el abogado que le asista para hacer viable el sistema y evitar usos no deseables del mismo.

Integración de la laguna legal existente en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita sobre la pérdida de confianza entre el abogado y el beneficiario de la Justicia Gratuita.

Elaboración de una Carta de Derechos del Beneficiario de Justicia Gratuita que recoja los principios básicos del servicio, que sirva de guía para el beneficiario y un impulso para la calidad del servicio.

Incremento e impulso de la formación inicial y continua de los abogados del Turno de Oficio, con asunción de costes por parte de la Administración, con el objetivo de lograr una mayor especialización.

Profundizar en las reformas legales respecto a la violencia de género, e incrementar el número de letrados de guardia para asistir a las víctimas.

En el ámbito penitenciario, implantación del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) en todos los centros penitenciarios; y preceptiva intervención del letrado ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria para cualquier incidente, queja o recurso.

Garantizar la asistencia jurídica de las personas extranjeras tanto en los procedimientos administrativos de alejamiento del territorio español como en los procedimientos judiciales de cualquier orden jurisdiccional y con independencia de su situación administrativa.

Fomentar un servicio de orientación jurídica y Turno de Oficio especializados a favor de las personas con discapacidad.

Exigir la dignificación de las condiciones de prestación del servicio de Justicia Gratuita por parte de los profesionales de oficio.

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