Promover y defender los derechos humanos; impulsar un código de buen gobierno de cumplimiento para todos los diputados de la Junta de Gobierno de esa entidad o impulsar el voluntariado en actividades específicas hacia colectivos marginales son algunas de las iniciativas donde la abogacía, a través de instituciones como la Fundación CGAE o el ICAV viene trabajando en los últimos años para impulsar la responsabilidad social  (RSC) en los abogados. Hemos conocido de estos trabajos gracias a la jornada organizada desde Unión Profesional para analizar la situación  actual de la RSC en los principales  colegios profesionales españoles.

Esta completa jornada celebrada en el Consejo General de Economistas de Madrid y en la que junto con UP han colaborado la Red del Pacto Mundial en España y la Fundación Corresponsables han puesto de manifiesto la cada vez mayor implicación de los colegios profesionales con la sociedad. Así los asistentes pudimos conocer las buenas prácticas del Consejo General de Farmacéuticos gracias a la intervención de Ana Aliaga su secretaria general o como se ha ido desarrollando en estos últimos once años a través de Fundación Comana el principal Congreso de Medioambiente que hay en España. “Es evidente que todas estas prácticas revelan que el desarrollo de la RSC en la actividad colegial pasa por su mejor momento, “comentó Gonzalo Muzquiz, secretario técnico de UP en la presentación de la jornada

Francisco Segovia, director de desarrollo de la Fundación CGAE, ( en la foto, el tercero por la derecha), explicó a los asistentes el trabajo de esta entidad en los últimos años en materia de RSC. Una entidad que se centra fundamentalmente en la promoción y defensa de los derechos humanos de una abogacía vertebrada en más de 160.000 profesionales, 83 Colegios y 10 Consejos Autonómicos en todo el territorio español. “En este contexto trabajamos bastante la cooperación internacional, tanto de víctimas de derechos humanos violados como también de compañeros abogados que son perseguidos en esos países”. En este sentido ahí queda reflejada la participación de esta institución en el Observatorio Internacional de Derechos Humanos, una asociación donde gestionan proyectos de forma conjunta.

Apoyo a poderes públicos

Desde Fundación CGAE se es consciente que aunque la protección de los derechos humanos corresponde a las autoridades estatales también ahí se puede hacer una labor de colaboración importante. “Hemos asesorado a Serbia para que pueda implantar un sistema de asistencia jurídica parecido al nuestro; también a las autoridades de Colombia para crear un sistema de colegiación obligatoria o en el caso de Méjico donde les hemos ayudado a implementar un protocolo para luchar contra la violación de los derechos humanos”.

Otra labor importante en este campo tiene que ver con la promoción de los derechos humanos. Todos los años la Conferencia Anual de la Abogacia se organiza en torno a un asunto relacionado con la cuestión. Y los premios que se fallan sobre la defensa de los derechos humanos, ya es un clásico para los expertos en estos temas. “A lo largo del 2008 la Caravana de los Derechos Humanos que se impulso desde el CGAE recorrió toda España explicado a los ciudadanos el valor que supone respetar y difundir los propios derechos humanos”.

Código de Buen Gobierno

Cuando Mariano Durán accedió al cargo de decano del ICAV al principio de este año, una de sus promesas electorales que ha puesto en marcha ha sido la de impulsar un Código de Buen Gobierno en el Colegio valenciano. En la actualidad, esta institución de la mano de las diputadas Auxiliadora Borja y Lourdes Paramio (en la foto de izda a derecha) impulsan una auténtica política de RSC en esta entidad: “Este Código de Buen Gobierno pretende estructurar la actividad de los diputados que configuramos la Junta de Gobierno así como a los responsables de las diferentes secciones de la institución”. Se trata en definitiva de trabajar desde la independencia y el rigor para así defender la figura del abogado y posicionar al ICAV como una entidad sólida y solvente.

Este Código que puede consultarse en la web del propio ICAV no viene sino a recoger todos los trabajos que ya se hacían con anterioridad en ese sentido y a formalizarlo y ponerlo por escrito. Desde esta perspectiva se pretende impulsar la independencia de los diputados en la toma de sus decisiones; que no estén sujetas a nadie y por ello se pueda favorecer a terceros. “”Se deja claro cuál es la dedicación de los diputados al a institución colegial y que deben hacer en materia de posibles incompatibilidad en supuestos concretos”, señala Borja . Otro de los valores que se quiere acentuar tiene que ver con la confidencialidad y discreción de las deliberaciones de la propia Junta. “Al final lo más importante es que el ICAV sea una entidad creíble y transparente cuando tenga que serlo”

RSC en la abogacía

Por su parte, Lourdes Paramio, la otra diputada del ICAV que gestiona la política de RSC de la entidad explicó la actividad de este Colegio en materia de RSC . Desde su punto de vista es fundamental además de implantar una estrategia de RSC, darla a conocer:”Queremos llegar al concepto de Colegio Socialmente Responsable, señaló. Para ello señalo que el propio ICAV destina un 1% de su presupuesto a temas sociales, cantidad que supera el 0,7 del PIB que se piden a países como España en materia de ayuda al desarrollo. Parte de ese dinero se invierte en proyectos que se articulan desde la Fundacion del ICAV“En estos momentos estamos trabajando en implementar un Plan de RSC dentro del propio Colegio donde también podamos implicar a los propios abogados”.

A este respecto Paramio indicó que se ha puesto en marcha el Instituto de Estudios de la Abogacia, con un Consejo Asesor formado por catedráticos y juristas de reconocido prestigio “Se trata sobre todo de pontenciar la formación del abogado, no sólo desde el punto de vista técnico sino también en aspectos relacionados con los negocios; la ética y habilidades sociales”.  Otras líneas maestras de esta política de RSC tienen que ver con el asesoramiento jurídico a ongs y fundaciones, desde el proyecto corporativo y la puesta de en marcha de actividades no jurídicas tanto en cárceles, en violencia de género y en niños con dificultades de inserción. “Ahora estamos ultimando nuestro Reglamento de Contratación. Se trata también de pedirles a nuestros proveedores que tengan un comportamiento ético”.

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