gallar“El legislador debe revisar el sistema de instrucción penal porque el actual no es válido para dar respuesta a los problemas del siglo XXI”. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se mostró partidario este lunes de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882, al ser una norma anacrónica. “La realidad nos ha superado”, aseguró el titular de Justicia que participó en el acto de presentación del libro La presunción de inocencia y los juicios paralelos, organizado por la Fundación Fernando Pombo y la Fundación Wolters Kluwer. La definición de imputado, según Gallardón, “hoy se ha convertido en una condena mediática”, criticó.

En la presentación de este libro, que constituye un proyecto colectivo enfocado a analizar el fenómeno creciente en los medios de comunicación y redes sociales de los juicios paralelos, el ministro de Justicia también se mostró partidario de limitar “radicalmente” el tiempo en el que el sumario judicial es declarado secreto. “Es uno de los elementos más vulnerados y más perjudiciales”, censuró, a la vez que en estos casos dijo que “no se puede matar al mensajero”. “Desde el poder legislativo no somos partidarios de pedir responsabilidad penal a los medios de comunicación, pero sí un plus de responsabilidad”, afirmó Gallardón en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), donde se celebró la presentación del libro.

El titular de Justicia cargó, además, contra las partes que en los procesos judiciales filtran información “en beneficio propio o a favor de su cliente” porque “cuando se dicen verdades parciales muchas veces se dice una gran mentira”. Y lanzó un reproche contra la Justicia, cuya dilación “deja espacio para la fantasía especulativa”.

El acto, al que asistieron autoridades como el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska o la vocal portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, también contó con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que defendió que son sólo los tribunales a los que corresponde la resolución de los conflictos. “Una sociedad con prejuicios no es una sociedad libre”, aseguró en presencia de Joaquin Garcia-Romanillos, presidente de la Fundación Fernando Pombo, que, por su parte, denunció que los juicios paralelos generan impunidad para unos e indefensión para otros.