La presión contra el tasazo de la Defensora del Pueblo ha surtido un efecto casi inmediato en el Ministerio de Justicia. Tras las recomendaciones de Soledad Becerril, la cartera de Alberto Ruiz-Gallardón reconocerá el error y modificará la polémica Ley de Tasas Judiciales. Así lo ha hecho público el Defensor de Pueblo a través de un comunicado que explica que en la mañana de este miércoles ha recibido una comunicación de Justicia anunciando “reformas legales inminentes”.
La Defensora del Pueblo, que pidió a Gallardón una “modificación sustancial” del sistema de tasas el pasado 12 de febrero, ha decidido no interponer el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley, ya que considera que las reformas “implican la aceptación de las recomendaciones”.
Becerril ha hecho públicos los principales cambios que acometerá el Gobierno en la ley, resumidos en estos siete puntos, a los que añade el compromiso de Justicia de estudiar una reducción de las tasas que paguen las empresas según su capacidad económica en la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
1) Reducir en un 80% las tasas variables de las personas físicas en primera instancia en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo (están exentos los órdenes penal y social). Pasarán del 0,50% del valor del litigio con el límite de 10.000 euros, al 0,10% del valor del litigio, con el límite de 2.000 euros.
2) Reducir en un 80% las tasas variables de las personas físicas en los recursos en los procesos civil, contencioso-administrativo y social. Pasarán del 0,50% del valor del litigio con el límite de 10.000 euros, al 0,10% del valor del litigio, con el límite de 2.000 euros.
3) Eliminar por completo las tasas para un mayor número de personas, adelantando los efectos del Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, publicado el pasado mes de enero. Se elevan los umbrales de renta para ser beneficiario de la exención de tasas, que también se aplica a víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, de accidentes de tráfico y menores o discapacitados víctimas de abuso o maltrato.
4) Eliminar por completo la posibilidad de que el ejecutado hipotecario, o su avalista, de una vivienda habitual pague las tasas abonadas por el banco ejecutante en virtud de una condena en costas.
5) Eliminar por completo las tasas en la ejecución de laudos arbitrales de consumo.
6) En los procesos contenciosos relativos a multas y otras sanciones administrativas, además de producirse la reducción del 80% de las tasas variables antes indicada, se establece como límite de la tasa el 50% de la cuantía de las multas.
7) Devolver a los nuevos beneficiarios de Justicia Gratuita las tasas pagadas desde el pasado 17 de diciembre hasta la inminente entrada en vigor de la reforma legal anunciada.
