El Colegio de Procuradores de Barcelona ha firmado un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, según el que los procuradores pondrán en conocimiento del Ayuntamiento los casos de personas en posible riesgo de exclusión social a consecuencia de procesos de desahucios o ejecuciones hipotecarias. Los encargados de rubricar el acuerdo han sido el alcalde de Sant Feliu de Llobregat, Jordi San José Buenaventura y el decano del Colegio de Procuradores de Barcelona, Ignacio López Chocarro.

Según este acuerdo, los procuradores facilitarán al Área de Servicios Personales del Ayuntamiento la información necesaria sobre las familias o personas en situaciones de vulnerabilidad para que puedan realizar las actuaciones oportunas para mejorar su estado.

En el caso de presencia de menores, personas mayores y personas con discapacidad, la atención previa al lanzamiento se llevará a cabo para facilitar alojamiento u otros servicios – si se considera oportuno- y contribuir así a que la situación de estrés sufrida por los afectados se pueda superar de la forma más facil posible.

Este convenio de colaboración se suma al firmado el año anterior con el Ayuntamiento de Barcelona. Según ha explicado el Colegio, su intención es poder llegar a más acuerdos de colaboración con los consistorios «con el objetivo de mejorar las condiciones de las personas desahuciadas».

El acuerdo tiene lugar un mes después de que la abogacía catalana propusiera una reforma legislativa integral sobre desahucios y ejecuciones hipotecarias basada en la regulación del sobreendeudamiento personal y familiar. Según explicó el grupo de expertos encargado de elaborar el estudio, «la mejor manera de evitar los desahucios es que las personas que se encuentren en una situación de insolvencia puedan paralizar las reclamaciones judiciales sobre su vivienda habitual familiar y solicitar la tramitación de un procedimiento de liquidación ordenada de la deuda». Es decir, que el procedimiento se realice a través de unas Comisiones de sobreendeudamiento (no por vía judicial) -formadas por mediadores, administradores concursales, miembros de entidades financieras y consumidoresdesignados por la Administración autonómica- que establecerían de acuerdo con cada caso y situación.

 

 

 

 

 

 

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