López Viejo declarará mañana a partir de las 10 horas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en calidad de imputado para explicar el contenido de las conversaciones grabadas por la Policía y la documentación en su poder sobre el entramado de empresas.

Éste es el tercer aforado madrileño imputado en el caso, después de que también lo fuera Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco, a quien el juez le impuso ayer una fianza de casi un millón de euros.

Según las investigaciones desarrolladas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, el ex consejero, que dimitió de su cargo el pasado 9 de febrero, habría realizado operaciones con la trama dirigida por Francisco Correa por un valor de 563.000 euros.

La mecánica consistía en la adjudicación directa de contratos a las sociedades de Correa, ya que según el magistrado «para disimular ese favorecimiento estaría el de no facturar por cantidades superiores a 2.000.000 pesetas (12.000 euros) para que la concesión del evento no saliera a concurso público».

El juez añadía que el ex consejero de Deportes sería la persona «que daba las instrucciones para que se facturara adecuadamente a fin de ocultar las irregularidades en cada acto, distribución que siempre se hacía sin pasar de los 12.000 euros».

En el auto en el que se inhibió del caso a favor del TSJM, Garzón relataba que una de las empresas de Correa (Servimadrid Integral) trabajaba con la Comunidad de Madrid, concretamente con las consejerías de Cultura, Deportes y Educación, Mujer, Presidencia y otras con las que hacían eventos sueltos.

Además, sostenía que el «número dos» de la organización de Correa, Pablo Crespo, se había reunido en diferentes ocasiones con López Viejo para darle sobres con dinero, «apareciendo la relación de los mismos en un listado (…) que controlaba el imputado Javier Nombela en nombre de Easy Concept».

Según Garzón, el imputado habría realizado operaciones con Correa por 563.000 euros.

En el auto en el que el TSJM aceptó hacerse cargo del caso, este tribunal señalaba la existencia de indicios de delito respecto del ex consejero basados en «declaraciones de alguno de los imputados (que) apuntan a la intervención de López Viejo, aprovechando sus cargos públicos anteriores (viceconsejero de Presidencia), para favorecer a alguna de esas empresas».

El TSJM añadía que «en la documentación incautada, representativa de una Contabilidad «B», parecen corresponder algunos de los apuntes a cantidades entregadas a esta persona (López Viejo) por personas vinculadas a sociedades adjudicatarias de contratos suscritos con entidades públicas».

Pedreira también tomará declaración mañana a Antoine Sánchez, primo de Correa y, junto a éste y Pablo Crespo, uno de los tres imputados encarcelados por orden de Garzón.

Este magistrado describió la trama como «un grupo organizado de personas y empresas», liderado por Correa del que formaban parte «en inmediata relación de jerarquía» Crespo y Sánchez, al que se refería como «pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de las sociedades gestionadas en el despacho de uno de los imputados».

Por último, el instructor del «caso Gürtel» ha citado para mañana al empresario Plácido Ramón Vázquez Diéguez. En la «contabilidad B» de la trama, intervenida en el «piso franco» que la organización tenía en la calle de Serrano de Madrid, figuran varios apuntes que reflejan entregas de dinero procedentes de Vázquez, entre ellas una de 50 millones de pesetas y otra de diez millones.

Fuentes jurídicas señalaron que es probable que el juez opte por imponer a López Viejo una fianza similar a la establecida para Martín Vasco para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias. La citación se produce además un día después de que el Partido Popular suspendiera de militancia a estos tres diputados madrileños.

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