La batalla judicial sobre el índice hipotecario IRPH está a punto de tocar su fin en instancias europeas ya que la sentencia del TJUE se dará a conocer el próximo 3 de marzo.

Sin perjuicio de que las conclusiones del abogado general del TJUE del pasado 10 de septiembre de 2019 no son vinculantes para el fallo definitivo, es innegable la influencia que ejerce en la medida que históricamente las sentencias siguen la línea marcada por el abogado.

En sus conclusiones, el abogado general enmienda la postura marcada por el Tribunal Supremo en la medida que considera que la oficialidad del índice no obsta para que se le aplique el control de transparencia a las cláusulas en las que es insertado en los contratos de préstamo hipotecario celebrados con consumidores. Es decir, el IRPH no está excluido del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13.

Además, el abogado realiza una remisión a los jueces nacionales para el enjuiciamiento casuístico de la transparencia de las cláusulas IRPH precisando los requisitos que la información aportada a los consumidores debe cumplir para concluir su validez.

Así, sostiene que esta información debe ser suficiente para tomar una decisión prudente y omnicomprensiva de los métodos de cálculo del tipo de interés aplicable, debe reflejar la normativa nacional de aplicación para la determinación del índice y debe referirse a su evolución histórica para que el consumidor pueda tomar su decisión valorando las consecuencias económicas derivadas del contrato.

Este panorama nos presenta tres posibles escenarios en relación con las conclusiones del abogado general: a) que el TJUE las confirme íntegramente; b) que refuerce los requisitos de transparencia de modo que la práctica totalidad de las cláusulas IRPH sean nulas; y c) como última y menos probable opción, que apunte en una dirección totalmente contraria, es decir, que refrende la postura marcada por el Tribunal Supremo y sustraiga el IRPH del control de transparencia y de la aplicación de la Directiva 93/13 por su oficialidad.

El coste económico que previsiblemente supondrá el IRPH, lógicamente, variará en función del resultado de la sentencia, pero no son pocas las entidades que ya han sacado la calculadora ante las previsiones realizadas por las agencias de calificación de riesgos más autorizadas. Así, Goldman Sachs sostiene que la STJUE sobre el IRPH puede suponer un impacto de hasta 44.000 millones de euros a la banca española, mientras que S&P considera que el impacto del IRPH será “limitado” si la sentencia sigue las líneas marcadas por el abogado general.

En conclusión, y a la vista de los pronunciamientos previos del TJUE, en Unive Abogados consideramos que la sentencia debería confirmar o incluso reforzar las líneas marcadas por el abogado general en la medida que nos encontramos ante unas cláusulas insertadas en contratos celebrados entre profesionales y consumidores, de modo que la oficialidad del índice no debe impedir la aplicación de la doctrina judicial del doble control de transparencia y de la normativa europea y nacional tuitiva de los derechos de los consumidores y usuarios.

Fuente: Unive Abogados

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