Notable expectación la despertada por la presencia de Joaquín de Fuentes Bardaji, Abogado General del Estado al foro de Intereconomía Apuntes de Actualidad, celebrado el pasado viernes en Madrid, en esta oportunidad para analizar las relaciones entre la administración, el arbitraje y la contratación pública. En este evento patrocinado por TACOP, tribunal arbitral de la contratación pública, impulsado por la Corte Arbitral AEADE, Bardaji subrayó su apuesta personal por el arbitraje y la maraña legislativa que impide que los métodos extrajudiciales calen en la administración. “Mas que incluir la cláusula arbitral en los pliegos de condiciones, lo que sería más práctico es incorporar el arbitraje cuando se viera la proximidad del conflicto”, confesó en el turno de preguntas a los asistentes. Hasta la fecha solo 172 sociedades dependientes de la Administración del Estado están sujetas a la via arbitral, un procedimiento del que el Estado ha sido protagonista en cinco ocasiones muy concretas
Fue muy interesante conocer el parecer del Abogado General del Estado sobre cómo debe introducirse el arbitraje en la administración pública, en un contexto avalado por la aparición de TACOP, como tribunal arbitral poco antes del verano y donde ya la reformada recientemente Ley de Contratos del Estado en el articulo 320 señala la posibilidad que la propia Administración se acoja a ese método extrajudicial. Flanqueado en la mesa presidencial por Javier Iscar, secretario general de AEADE y Alberto Dorrego, presidente del propio TACOP, Bardají hizo un repaso del contexto legislativo actual, en el que varios dictámenes del Consejo de Europa recomienda la inclusión del arbitraje en la Adminsitración. Sin embargo de su exposición parece claro que no es sencillo, en todo este entramado legal implantar el arbitraje: “En los años noventa proliferó bastante la mediación y las instituciones mediadoras para buscar solución a los conflictos entre público y privado, igual ha pasado en países como Francia y Alemania de nuestro entorno. Ahora, hay un sector garantista de la Administración que no ve con buenos ojos el sometimiento a arbitraje y procesos similares”
Desde su punto de vista las propias ventajas intrínsecas del arbitraje respecto al sector público tiene matices importantes que pueden cuestionar su viabilidad. Sobre el Coste se refirió a que no es importante para la administración aunque es evidente que el coste arbitral es más elevado que un procedimiento judicial. Sobre el plazo, comentó que es evidente que estando el Estado por medio éste se dilata de forma notable porque el funcionar de la administración es lento mientras que la especialización de los árbitros es algo muy importante a tener en cuenta desde el Estado. Por último sobre la confidencialidad dejó claro que en todas las actividades de la Administración es fundamental que exista transparencia, lo cual rompe con la dinámica en este tipo de procesos arbitrales.
De cara al futuro no se atrevió a aventurar cuál puede ser el futuro de los procedimientos arbitrales en el seno de la Administración. Considera que es muy útil que tribunales como TACOP estén operativos y cuenten con árbitros especialistas de reconocido prestigio en derecho administrativo. “Todo va a ser progresivo. Pero debe arrancar su implantación con relaciones contractuales no muy extensas. Al final la propia sociedad busca fórmulas de este tipo por lo que tendrán que existir este tipo de métodos extrajudiciales”:Desde su punto de vista su implantación es lógica sobre todo viendo como en otras áreas mucho más punitivas como el Derecho Penal, donde existen las sentencias de conformidad, se llega a acuerdos similares a los extrajudiciales
