Se ha celebrado en la ciudad de Valencia el XXVII Congreso nacional de Jueces para la Democracia (JpD), en el que se han adoptado diversos acuerdos y se ha elegido el nuevo Secretariado, máximo órgano de dirección de la asociación. Se adjuntan algunas de las resoluciones más importantes que se han decidido.

 Ha sido elegido el nuevo Secretariado de JpD, para el que se presentaban diversas candidaturas. Los nueve miembros más votados y que integrarán el órgano de dirección de JpD son los siguientes: Joaquim Bosch, con 225 votos; Victoria Rosell, con 182 votos; Carla Vallejo, con 181 votos; Ignacio Martín, con 178 votos; José María Fernández Seijo, con 169 votos; Raquel Alastruey, con 165 votos; José Luis Ramírez, con 149 votos; María Calvo , 144 votos; y Urko Giménez, con 142.

 Tras la constitución del Secretariado, ha sido nombrado Joaquim Bosch como nuevo portavoz nacional de Jueces para la Democracia.

  Entre los citados acuerdos, Jueces para la Democracia ha solicitado la dimisión de Carlos Dívar, como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Asimismo, se ha reclamado una auditoria de los gastos del CGPJ, al valorarse que no han funcionado los mecanismos previstos de control presupuestario.  Desde esta asociación se piensa que la conducta del propio presidente  ha sonrojado a los jueces españoles, totalmente ajenos al funcionamiento y control de su órgano de gobierno, y ha indignado a los ciudadanos con el consiguiente descrédito del sistema democrático

 También se ha acordó expresar el desacuerdo con las medidas anunciadas por el gobierno de criminalizar la protesta pacífica. Además, JpD se muestra contraria a los privilegios fiscales de los que disfruta la Iglesia. Otro de los acuerdos exige una amplia investigación y la depuración de responsabilidades sobre el proceso que ha conducido a la nacionalización de Bankia.  En este sentido se afirma que se exige que la inyección multimillonaria de dinero por el estado vaya acompañada de la investigación que permita establecer las responsabilidades de todo tipo en las que hayan podido incurrir sus gestores, administradores, supervisores y los cargos políticos involucrados.

 Además, se acordó expresar el rechazo al anuncio gubernamental de creación de tasas y de copago judicial, por entender que creará desigualdades procesales en función de los medios económicos de los litigantes. Todo ello supondrá el final de una justicia igualitaria para todos y la apuesta por una administración de justicia que servirá especialmente a los que puedan pagársela.  Desde esta asocíación judicial se insiste en que su finalidad es estrictamente recaudatoria y pudiera atentar contra el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

Además se insiste en que este gobierno está empeñado en reducir la carga de los Tribunales de segunda instancia y del Tribunal Supremo, cuando en dichas instancias y en el ámbito civil, no hay -hoy por hoy- una sobrecarga excesiva, y sin embargo limita la revisión de las decisiones de instancia, dejando a los justiciables con una única oportunidad.

 Asimismo, se celebró durante el congreso un emotivo homenaje a Justicia Democrática, la organización de juristas que durante el franquismo apostó por un régimen de libertades y que fue el germen de Jueces para la Democracia. Dicho homenaje se centró en la persona de Manuel Peris, ex vicepresidente del CGPJ, y en el acto también intervinieron Tomás Vives, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, y Gonzalo Moliner, presidente de la sala de lo social del Tribunal Supremo. Al acto envió un comunicado de adhesión Pascual Sala, actual presidente del Tribunal Constitucional

1 Comentario

  1. No ser de la familia judicial no implica el no formar parte del procedimiento, y hacerlo además de forma significativa,como corresponde a abogados y procuradores. Por ello es bueno no dejar de hablar del poder judicial y de su necesaria adecuación al orden social más moderno en el que los poderes deben de superar, sin extralimitarse, la previsión de Montesquieu. Los poderes, incluido el judicial, responden frente al pueblo soberano que exige una justícia rápida y sentencias justas fundamentadas en Derecho dictadas por jueces y magistrados capaces,competentes, responsables y formales, entre otros adjetivos. La estructura al servicio de este objetivo también responde o debe de responder alejándose del amiguismo político o personal. Negar el control parlamentario del quehacer judicial es tanto como instar la disolución del Ministerio de Justícia o negar al legislativo el dictar leyes encaminadas a regular el ejercició de la función judicial velando por su cumplimiento.

    Conocidos los hechos del señor Divar, presidente del CGPJ y del TS, la sentencia popular que deriva de la opinión generalizada del pueblo soberano coincide con la que instan tan significativo grupo de jueces asociados: «cesar o ser cesado».

    El pueblo, en una de las pocas cosas positivas de la crisis, esta sensibilizado frente a lo económico estatal (autonómico y local) y exige de todo cargo público, mejor o peor pagado, una ejemplaridad que en este caso las facturas contabilizadas no ponen de manifiesto. No se trata de jugar a salvar el delito o la falta sino de reconocer unos hechos y la responsabilidad que comporta.

    Hay que elevar el valor de la justicia entre el pueblo soberano y ello requiere:

    1) Jueces democratas
    2) Sentencias justas, breves pero claras. El TC debería dar ejemplo.
    3) Procedimientos sencillos implantando la justicia local para casos recurrentes y de menor orden (consumo, tráfico, comunidades de vecinos, etc)
    4) procedimientos sencillos de recurso gratuito frente a decisiones judiciales que presuntamente vulneren derechos constitucionales.
    5) acercar la justicia al pueblo, superando tratamientos innecesarios.
    6) facilitar el derecho a queja y la constancia en acta frente a decisiones y posturas judiciales totalitarias, poco fundamentadas o contrarias al ser natural de las cosas.
    7) modernización de la administración sin perder de vista los costos que ello puede comportar.

    LA JUSTICIA PUEDE MEJORAR SIEMPRE QUE NO SE ALEJE DE LAS NECESIDADES DEL PUEBLO EXPRESADA EN LAS LEYES Y TAMBIÉN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS Y OPERADORES DE LOS QUE SE DOTA EL ESTADO PARA EL EJERCICIO DE TAMAÑO DERECHO.

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