Rueda Prensa ley JJGG Gumpert Lara Rusca (4)-3Si algo funciona bien no tiene que cambiarse y menos si es a peor.  El actual sistema de turno de oficio y justicia gratuita funciona “muy bien”, según ha asegurado hoy la abogacía española y eso a pesar de que hay abogados que llevan más de un año sin cobrar por sus servicios. Sin embargo, el proyecto de Ley “pone en peligro” este servicio que permite acceder a los ciudadanos sin recursos acceder a la Justicia, un derecho recogido en la constitución. La vicepresidenta primera del Consejo General de la Abogacía Española y decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, el vicepresidente Segundo y decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, y el presidente de la Comisión de Asistencia Gratuita del Consejo y vicepresidente del Abogacía Española, Francisco Javier Lara, han rechazado hoy enérgicamente el proyecto de ley promovido por Alberto Ruiz-Gallardón. “Es una norma que no se hace pensando en los ciudadanos”, han afirmado en rueda de prensa y al tiempo que anunciado de las negativas consecuencias que tendrá para el derecho de justicia si no se cambia el actual proyecto.

Los tres han alertado de que los nuevos importes establecidos por el proyecto de Ley para el acceso a la Justicia Gratuita son engañosos. Perjudican a las unidades familiares con una sola persona, ya que antes de la reforma se requería un umbral de 14.910 euros anuales, mientras que ahora se reduce a 12.780. Para unidades familiares de dos a cuatro miembros la subida del umbral es de apenas 80 euros mensuales.

El proyecto de Ley no resuelve los problemas reales de los ciudadanos, sino que perjudica la actual prestación de este servicio público para un colectivo vulnerable que necesita atención inmediata y cercana. Además quiebra el criterio general de capacidad económica del solicitante con derecho a Justicia Gratuita al extender este derecho a algunos colectivos y personas jurídicas (empresas), al margen de sus recursos económicos. En un contexto de recortes generalizados, ampliar este reconocimiento puede dar lugar a situaciones injustas y discriminatorias entre personas y colectivos y abocar a graves situaciones de viabilidad económica del Servicio de Justicia Gratuita.

El decano de los abogados de Barcelona ha denunciado que con el proyecto de justicia gratuita, tal y como se aprobó el pasado 21 de febrero no sólo habrá más burocratización en los trámites que se deben hacer para solicitar el beneficio de la justicia gratuita sino que además es intolerable que se considere como un ‘abuso del sistema’ por parte de los ciudadanos la necesidad de tener que recurrir tres veces en un año al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Por su parte, Gumpert ha afirmado que el proyecto se ha olvidado de algo fundamental: incluir la figura de la mediación.

Para la Abogacía, al suprimir la obligación de residencia o establecimiento del abogado del turno de oficio en el lugar de asistencia al beneficiario de Justicia Gratuita imposibilita la atención inmediata y cercana a los ciudadanos, según la Abogacía. Será de imposible materialización el cumplimiento del plazo de asistencia letrada en tres horas cuando un abogado de Cádiz pueda atender a un ciudadano en Santander, especialmente en la asistencia a detenidos en dependencias policiales o en juzgado, teniéndose que abrir un nuevo período de tres horas, mientras el detenido espera la atención letrada. Esta medida dificultará además enormemente el control deontológico de los Colegios de Abogados al tener que sancionar las conductas negligentes de letrados que no están adscritos a su demarcación territorial.

Falta de financiación

Los Colegios de Abogados de Barcelona y Madrid y también el Consejo General de la Abogacía Española lamentan que el texto aprobado no garantice la financiación pública suficiente para el mantenimiento del sistema. Por este motivo, tanto Rusca como Gumpert y Lara han coincidido en denunciar que el Ministerio de Justicia no está destinando suficientes recursos para sufragar el coste de este servicio. En este sentido, cabe recordar, que si bien el ministro Gallardón afirmó que las tasas judiciales servirían para contribuir al pago de la justicia gratuita, los datos del mismo ministerio demuestran que esta medida recaudatoria no ha alcanzado la cifra prevista ni se están utilizando las tasas para garantizar el servicio.

El texto aprobado por el Gobierno no garantiza la financiación pública suficiente para mantener el sistema de Justicia Gratuita y sigue vinculando las tasas judiciales a la Justicia Gratuita, cuando es un hecho notorio que lo recaudado no se ha destinado a un Servicio que garantiza la defensa de los derechos fundamentales. Las tasas judiciales han demostrado el fracaso de la recaudación y el triunfo de la disuasión, con una reducción de los asuntos judiciales que llega hasta el 40% en la jurisdicción contencioso-administrativa.

El proyecto de ley de justicia gratuita tampoco resuelve las problemáticas actuales de los abogados adscritos al TO. La homogeneización a la baja de los módulos de pago, los pagos impuntuales, la falta de traductores para todo el proceso, o que se limite la libertad e independencia del criterio del abogado en el ejercicio de sus funciones son algunos de los principales aspectos que los Colegios de Abogados querían resolver aprovechando la tramitación de la nueva ley de justicia gratuita.

El proyecto de Ley ni respeta ni dignifica el trabajo de los abogados del Turno de Oficio al no actualizar los baremos de retribución del servicio de acuerdo con la importante labor social que desempeñan ni garantiza el cobro de todas las actuaciones que lleve a cabo el letrado ni asegura el pago puntual por las diferentes Administraciones de Justicia.

Perjuicios al ciudadano

La supresión de la obligación de residencia del abogado del Turno de Oficio en el ámbito de su domicilio profesional y de su Colegio de Abogados atenta gravemente a la tutela judicial efectiva del ciudadano. El proyecto de Ley exige en su artículo 25 al letrado del Turno de Oficio el “requisito indispensable de que, con independencia de su lugar de residencia o establecimiento, pueda personarse en la instancia judicial que corresponda sin demora injustificada y, en cualquier caso, dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo”. Con el proyecto de Ley, cualquier letrado de cualquier Colegio de Abogados podrá darse de alta en el Turno de Oficio, independientemente de cuál sea su domicilio profesional y su Colegio de adscripción. Así un abogado residente en Santander podrá adscribirse al Turno de Oficio en el Colegio de Abogados de Cádiz, por lo que sería de imposible materialización el cumplimiento de ese plazo, especialmente en la asistencia a detenidos en dependencias policiales y se tendría que abrir un nuevo período de tres horas, mientras el detenido espera. Pero, además, en un caso de divorcio, el abogado de oficio puede estar en A Coruña y su cliente en Almería. El proyecto de Ley no sólo no ofrece ninguna ventaja al ciudadano, sino que perjudica la actual prestación del servicio público para un colectivo vulnerable que necesita atención inmediata y cercana y dificulta enormemente el control deontológico de los Colegios de Abogados al tener que sancionar las conductas negligentes de abogados que no están adscritos a su demarcación territorial.

No a la vinculación a la Ley de Tasas

La Abogacía rechaza que este proyecto de Ley se vincule a la Ley de Tasas por cuanto la Justicia Gratuita es un derecho constitucional y como tal ha de sufragarse por las Administraciones Públicas competentes y porque la Ley de Tasas, una norma con amplio rechazo social, político y judicial, está pendiente de cinco recursos de inconstitucionalidad (Canarias, Aragón, Cataluña, Andalucía y PSOE) y de varias cuestiones de inconstitucionalidad.

Umbrales de acceso

Los nuevos importes establecidos para el acceso a la Justicia Gratuita son engañosos. Perjudican a las unidades familiares con una sola persona ya que antes de la reforma se requería un umbral de 14.910 euros anuales, mientras que ahora se reduce a 12.780 euros. Para unidades familiares de dos a cuatro miembros la subida del umbral es de apenas 80 euros mensuales. Para unidades familiares de dos a cuatro miembros la subida del umbral es de apenas 80 euros mensuales.

Más burocracia

El proyecto de ley mantiene la duplicidad en la tramitación de los expedientes, lo que supone un gasto público innecesario y anticompetitivo. Más del 90% de las solicitudes, expedientes y designaciones de Justicia Gratuita son ratificados por las diferentes Administraciones Públicas. Este sistema supone continuar con una doble estructura que dilata inútilmente el reconocimiento del ciudadano a la Justicia Gratuita. Además, se incrementan las obligaciones de averiguación patrimonial por los Colegios de Abogados.

Desigualdad

La extensión del derecho a Justicia Gratuita a algunos colectivos y personas jurídicas (empresas) –al margen de sus recursos económicos- supone una quiebra del criterio general de capacidad económica del solicitante con derecho a este servicio. Este reconocimiento, en un contexto de recortes generalizados, puede dar lugar a situaciones injustas y discriminatorias entre personas y colectivos y aboca a este servicio de Justicia Gratuita a dificultades de viabilidad económica.

Más obligaciones para el abogado

El proyecto de Ley supone una invasión de las competencias autonómicas con una pretensión centralizadora, que podría conllevar una rebaja del 30% de los módulos de pago del Turno de Oficio en comunidades autónomas con competencias en Justicia. Esta reducción de unos módulos ya históricamente infravalorados supone un menosprecio a la labor de los abogados del Turno de Oficio. Además, el proyecto impone límites a la libertad e independencia de los abogados y prevé que éstos asuman los costes de una defensa cuando el cobro sea improbable al encontrarse el cliente en paradero desconocido

No resuelve problemas

El proyecto es insuficiente porque no resuelve determinados problemas de la actual regulación como no incluir el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria para las personas privadas de libertad, la preceptiva intervención del abogado siempre y desde el primer momento en favor de la mujer víctima de violencia de género o la no inclusión en el anteproyecto de la vía administrativa previa.

 

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