Martín Rodríguez SolEl Consejo de la Abogacía Catalana, que representa a los 14 Colegios de Abogados de esta comunidad, se ha sumado a las manifestaciones de apoyo al fiscal superior del TSJ de Cataluña, Martín Rodríguez Sol. El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, firmó este lunes un Decreto por el que iniciaba los trámites para llevar a cabo un expediente de remoción del cargo a Rodríguez-Sol -disponible al pie del artículo-, por pronunciarse a favor de una consulta legal en Cataluña. 

El Consejo de la Abogacía Catalana ha considerado la apertura del expediente como una limitación del derecho fundamental a la libertad de expresión y ha destacado que Rodríguez Sol es una persona “reconocida” por su “efectiva dedicación a la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y de las libertades públicas”.

En una entrevista concedida a Europa Press, Rodríguez-Sol dijo que veía legítimo que Cataluña aspire a consultar a sus ciudadanos sobre su futuro político aunque, dado que actualmente “no existe un marco legal que permita un referéndum sobre la independencia“, apostó por buscar una alternativa.

Para la Abogacía Catalana, “toda limitación de un derecho fundamental reconocido por la Constitución, como es la libertad de expresión, cualquiera que sea la profesión o cargo de quien la ejercita, debe ser rechazada”, por lo que ha solicitado que se archive el expediente.

Por su parte, la mayoría de asociaciones judiciales ha defendido la libertad de expresión de Rodríguez-Sol. La que se ha mostrado más crítica al respecto ha sido la Unión Progresista de Fiscales, que ha definido de “desproporcionada” y “autoritaria” la decisión del Fiscal General del Estado y ha pedido “mayor transparencia” en el caso de que se termine acordando la remoción de Rodríguez-Sol para que se puedan conocer los motivos que han llevado a una medida “tan drástica”.

En sentido contrario se ha mostrado la asociación Francisco de Vitoria, que ve correcta la apertura del expediente y considera “inadecuadas” las opiniones del fiscal. También se ha manifestado en este sentido el ministro de Defensa, Pedro Morenés, que ha defendido la actuación del Fiscal General del Estado al significar que “está funcionando el Estado de derecho” en España, mientras que CiU y la izquierda catalana han calificado la apertura del expediente de “ataque a la democracia”.

Decreto de remoción

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