La Abogacía Catalana ha instado a la Generalitat de Catalunya a acelerar el despliegue de la Ley 16/2020 de desaparición forzada de menores en Catalunya, ante el importante retraso acumulado en la activación de los instrumentos previstos por la norma. En este sentido, el Consell reclama especialmente la creación de la Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de Menores de Catalunya, el registro de víctimas y el banco de ADN, así como la declaración como patrimonio documental de los archivos vinculados a estos casos. La petición ya ha sido trasladada al conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y a la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
El acuerdo adoptado por el Pleno del Consell de l’Advocacia Catalana pone de manifiesto la necesidad de desplegar plenamente los instrumentos previstos por la normativa con el objetivo de garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y de sus familias.
La Ley 16/2020 fue aprobada hace seis años para dar respuesta a las desapariciones forzadas de menores, especialmente a los casos de sustracción de bebés producidos durante el franquismo y en años posteriores. Entre otras medidas, la norma prevé la creación de un registro de víctimas, un banco de ADN y una oficina especializada que facilite el acompañamiento de las personas afectadas y la investigación de los hechos, con la finalidad de favorecer el esclarecimiento de los casos y, cuando sea posible, el reencuentro de las familias.
Demanda histórica
La Abogacía Catalana considera que la puesta en funcionamiento de estos recursos es esencial para dar respuesta a una demanda histórica de las víctimas y para facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos por la legislación catalana. Asimismo, recuerda que organismos internacionales como las Naciones Unidas han insistido en la necesidad de avanzar en la investigación de estos casos y en la adopción de medidas de reparación, reconocimiento y garantías de no repetición.
En este sentido, el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana y decano del Col·legi d’Advocats de Vic, Rogeli Montoliu, afirma que “seis años después de la aprobación de la ley, ya no hay margen para seguir aplazando las medidas que esta prevé, porque las víctimas y sus familias llevan demasiado tiempo esperando que se pongan en marcha los instrumentos necesarios para conocer la verdad y obtener una reparación efectiva”.
Por su parte, la responsable de la Taula d’Infància del Consell de l’Advocacia Catalana y decana del Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, Marta Martínez, remarca que “el retraso en el despliegue de la ley ha impedido durante años que muchas víctimas dispusieran de los recursos necesarios para investigar sus orígenes y esclarecer lo sucedido”. Según Martínez, “es necesario activar sin más demora las herramientas previstas por la norma para que las personas afectadas puedan ejercer plenamente su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.
El acuerdo también subraya la importancia de preservar la documentación relacionada con estos hechos. Por este motivo, el Consell solicita que los archivos de las instituciones donde se produjeron los partos o se tramitaron adopciones irregulares sean objeto de medidas específicas de protección y conservación, dado su valor histórico, documental y de memoria democrática, así como por resultar esenciales para las investigaciones.
La Abogacía Catalana expresa su voluntad de colaborar con las administraciones competentes para hacer efectivos los objetivos previstos por la ley y contribuir a garantizar que las víctimas y sus familias puedan acceder a la verdad, la justicia y la reparación que les corresponden.
