Durante su intervención, el responsable de la patronal ha abordado la situación política y económica actual en el marco de la puesta en marcha del nuevo Ejecutivo. Entre otras cuestiones, Garamendi ha analizado con preocupación la anunciada derogación de la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional, el déficit público, la política fiscal o la sostenibilidad de las pensiones.

Por su parte, el decano José María Alonso ha reivindicado el papel de los servicios jurídicos como motor de la economía española, a la que aportan entre el 1% y el 1,5% del PIB.  “Ya no podemos seguir pensando que solo somos abogados, que solo ejercemos el derecho, también somos actores en la economía española”, ha subrayado.

Convencido de la necesidad de que la abogacía asuma un mayor protagonismo en la sociedad civil, Alonso ha recalcado además la importancia de los abogados para garantizar el buen funcionamiento de la empresa y como garantes de la seguridad jurídica. “La abogacía tiene que jugar un papel fundamental en el funcionamiento del sistema empresarial, tenemos que trabajar en la defensa de la seguridad jurídica”.

Para Alonso, “la seguridad jurídica es determinante para que haya inversión y para que funcione la empresa”. Por consiguiente, cualquier movimiento que parezca que afecte a la seguridad jurídica “no sólo tiene un impacto en el Estado de derecho, sino que tiene un impacto directo en la economía. Y en eso, espero que los gobernantes lo entiendan y lo apliquen”, ha reclamado.

En ese sentido, el decano madrileño también ha puesto en valor la importancia de la división de poderes. “El ejecutivo, el legislativo y el judicial tienen que ser poderes independientes, y todo aquello que vaya en contra de la imagen de independencia de la Justicia no es positivo para la seguridad jurídica”, ha advertido.

Preguntado por la formación del nuevo Gobierno, Alonso ha abogado por sumar esfuerzos, desde todos los estamentos y con independencia de las afinidades y tendencias políticas de cada uno, para ayudar a que lo haga bien. “A todos nos interesa que este Gobierno lo haga bien Si lo hace bien, nos irá bien a todos. A los abogados y a los empresarios”. 

Respecto al nuevo ministro de Justicia, el decano ha declarado tener una buena concepción de Juan Carlos Campo, a quien ha descrito como “un magnífico jurista”, una persona “dialogante y cercana” que tiene experiencia como gestor y una larga trayectoria parlamentaria. Como al resto del Gobierno, Alonso considera que al nuevo ministro de Justicia hay que darle tiempo y ver si cumple con aquellas cuestiones que son importantes para todos.

En relación con la Abogacía, Alonso ha mencionado como cuestiones pendientes la aprobación de la Ley orgánica del Derecho de Defensa y del nuevo Estatuto General de la Abogacía. Asimismo, la justicia gratuita volverá a ser uno de los temas centrales en la relación con el ministerio. Tras recordar los “serios problemas” mantenidos con el equipo anterior en lo que se refiere al pago a los abogados que tiene que defender a un cliente que les viene impuesto por un juez y que luego no se consigue la certificación de justicia gratuita, ha sido tajante: “los abogados no pueden trabajar gratis, bajo ningún concepto. Más aún cuando es una imposición legal”.

Por tanto, ha explicado Alonso, corresponde al Estado hacerse cargo, confiando en que el nuevo ministro, “cosa que no hizo el anterior equipo”, lo solucione. Por su parte, el Colegio de Abogados “no va a parar en absoluto en este tema, exactamente igual que con el tema de los baremos, que siguen siendo absolutamente insuficientes”, ha afirmado.

Por último, y tras agradecer la participación de Antonio Garamendi en un foro jurídico abierto también a otros estamentos de la sociedad civil, el decano de la Abogacía madrileña ha roto una lanza en favor de la figura del empresario. “No nos olvidemos que quienes crean empleo son las empresas. El Gobierno no crea empleo, los que crean empleo son los empresarios”. Por consiguiente, ha concluido Alonso, “todo aquello que vaya contra la clase empresarial va contra la riqueza del país”.

FUENTE: ICAM

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