La Abogacía ha reclamado, en las XXV Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, una ley de procedimiento en materia penitenciaria que incluya la asistencia letrada preceptiva en todo el proceso para salvaguardar los derechos de los internos.
En la inauguración de estas jornadas, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, se refirió a la “necesidad de vertebrar un procedimiento garantista específico en el que se comuniquen al interno todas las incidencias a través de su letrado”.
Ángel Luis Ortiz González, secretario general de Instituciones Penitenciarias, se mostró de acuerdo en que esa asistencia letrada dentro de las prisiones ha de ser obligatoria: “Nunca he entendido porqué la asistencia letrada preceptiva finaliza el día que alguien ingresa en prisión. Siempre he defendido que desde el primer en prisión se tiene que tener obligatoriamente un abogado”.
“Muchas personas cumplen sus condenas sin haber contado con un abogado. la preceptividad solo aparece cuando hay un recurso. Debe de ser una obligación”, exigió. “Para una persona privada de libertad no hay cosa mejor que contar con un buen abogado”, añadió.
Uno de los puntos principales de estas jornadas será precisamente la elaboración de las propuestas de la Abogacía a la futura ley de procedimiento en materia penitenciaria. Entre ellas estará “la preceptividad de la abogacía en todo el sistema de recursos”. Actualmente, como lamentó Ortega, “se carece de un procedimiento autónomo y de un orden jurisdiccional propio, está integrado dentro del orden penal”.
Julio Gabriel Sanz Orejudo, presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, reclamó que “cada centro penitenciario cuente con un centro de orientación jurídica gestionado por los colegios de abogados”. Y dio las gracias a los letrados “que prestan este servicio de forma prácticamente altruista”. “Es la voluntad de los compañeros la que hace primar este derecho de defensa de los internos”, añadió.
Blanca Ramos, presidenta de la Subcomisión de derecho penitenciario del Consejo, destacó también el compromiso de los abogados especializados en derecho penitenciario. También reclamó que se abra en Ávila, donde hay un centro penitenciario de mujeres, un servicio de orientación jurídico penitenciaria y pidió a la administración que haga “un esfuerzo en esa financiación”.
En la inauguración también intervinieron José Francisco Hernández Herrero, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila Javier García Encinar, presidente de la Audiencia Provincial de Ávila y Sonsoles Jiménez Herrero, decana del Colegio de Abogados de Ávila, que destacó la alta participación en estas Jornadas, con más de un centenar de letrados y letradas.
En estas jornadas, bajo el lema “Derechos en prisión: compromiso y acción”, se analizarán también las Reglas de Bangkok, para el tratamiento de las reclusas. “Estas normas no son vinculantes, solo orientativas, es conveniente examinar su aplicación en nuestro país”, señaló Ortega.
También se revisará la implantación del sistema de comunicación por videoconferencia entre Colegios de la Abogacía y centros penitenciarios en una mesa redonda con Eulàlia Barros, decana del Colegio de Sabadell, el abogado Jorge Postigo Rosa y Blanca Ramos.
La deontología, el papel del juez de vigilancia penitenciaria o la evolución de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria son otros de los temas que se tratarán a lo largo de estas jornadas.
