En noviembre de 2006, el juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid desestimó la demanda de Boliden por entender que no había quedado demostrado ningún incumplimiento contractual por parte de las empresas que recrecieron la balsa de residuos de Minas de Aznalcóllar.

La Audiencia de Madrid confirma este fallo y desestima el recurso de apelación interpuesto por Boliden, que también demandó a la aseguradoras Banco Vitalicio y Zurich, como hoy adelanta el diario Expansión.

Boliden construyó una batería de pozos de drenaje que disminuyeron la estabilidad del dique.

El tribunal madrileño considera que lo único que quedó acreditado en primera instancia fue que la presa de Aznalcóllar se fracturó el 25 de abril de 1998 causando importantes daños y perjuicios y que fueron terceras personas, ajenas al proceso, las que se encargaron de ejecutar y supervisar el proyecto de la balsa.

También cree probado que los valores del proyecto de 1978 son correctos y que, en su día, Bolidén aceptó los trabajos encomendados a Atelsa, sin que en veinte años formulara demanda alguna contra Intecsa.

Añade que Boliden gestionó los vertidos de residuos de la balsa apartándose de los proyectos, mezclando vertidos de residuos en vez de separarlos, inyectando líquidos para los no estaba proyectada y construyendo a pie de dique una batería de pozos de drenaje que disminuyeron la estabilidad del mismo.

Además, efectuó un incorrecto recrecimiento del dique, “la causa directa de su rotura”, y que estuvo ajeno a los trabajados realizados por Intensa, Geocisa y ACS, “por lo que no es correcto responsabilizarlas de la rotura de la balsa y menos aún de los daños causados”.

Por otra parte, la Audiencia Provincial de Madrid entiende que Boliden no ha probado los supuestos incumplimientos contractuales de los que acusaba a las tres compañías.

Según la sentencia, tanto Intesa como Geocisa realizaron sus trabajos con la diligencia exigible y fueron terceras empresas las que supervisaron sus trabajos.

En el juicio celebrado en 2006, las tres constructoras afirmaron que la única responsable de la catástrofe ecológica era Boliden, que, por su parte, rechazó toda responsabilidad en la rotura de la balsa que vertió a los aledaños del Parque Nacional de Doñana millones de metros cúbicos de metales pesados y lodos contaminados, cuya limpieza millonaria no concluyó hasta varios años después.

Boliden, que ya agotó la vía penal, reclama por la vía civil 115 millones euros por los daños sufridos e intenta recuperar los 89,8 millones que le exigió la Junta de Andalucía por los gastos de limpieza y los 43,7 millones que le reclama la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por una multa y en concepto de reposición del dominio público hidráulico a su estado anterior al accidente minero.

No obstante, lo cierto es que, pese a que hace ya más de cinco años desde que se inició su reclamación por la vía administrativa, el Grupo Boliden no ha realizado ni un pago de los más de 90 millones de euros que debe pagar a la Junta de Andalucía en relación con los costes y gastos asumidos para hacer frente a los trabajos de restauración de la cuenca del Guadiamar derivados del vertido.

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