La Audiencia Nacional ha imputado al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y a su socio Gonzalo Pascual por un delito continuado de apropiación indebida por valor de 4,43 millones de euros procedentes del grupo Marsans, según el auto dictado por el juez Santiago Pedraz el pasado viernes y que ha tenido conocimiento DIARIOJURIDICO

El juez imputa también por el mismo delito al último director general de la empresa turística, Iván Losada, representante de Posibilitum Business, propiedad del empresario experto en quiebras Angel de Cabo, que adquirió la compañía en junio de 2010 y que también compró Nueva Rumasa a la familia Ruiz-Mateos

El primero en declarar como imputado por esta causa será Pascual, que está citado para el próximo 21 de febrero. Al día siguiente acudirá Díaz Ferrán, y el 23 está citado a comparecer Losada. Pedraz ha citado también a declarar en calidad de testigos al que fuera director corporativo de Interinvest (Marsans), Vicente Muñoz, y a Rosario Gil.

El juez identifica a 4.706 perjudicados por los presuntos delitos, entre los que se encuentran el 62% de los clientes de Marsans.

El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional admite así a trámite la querella presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional al considerar que los delitos «afectan a una generalidad de personas» en territorios de varias audiencias».

Apropiación indebida del dinero de los billetes

El fiscal Daniel Campos concluye en su querella que «los responsables de la agencia de viajes se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de billetes», un delito tipificado en el artículo 252 del Código Penal.

A finales de 2009 las sociedades de Marsans dejaron de abonar a los mayoristas las cantidades recibidas de los consumidores por los viajes y servicios contratados. Por ello, los proveedores exigieron al grupo turístico el pago anticipado de los productos comercializados.

Sin embargo, los responsables del grupo «destinaron los fondos a fines ajenos a la actividad del grupo», según el fiscal, de modo que muchos de los clientes que habían depositado una cantidad con Marsans vieron cancelada su reserva y no obtuvieron el reembolso del dinero anticipado, lo que supuso un perjuicio económico.

Las salidas de la tesorería desde el grupo Marsans se destinaron a otras compañíasvinculadas con los antiguos y nuevos propietarios de la firma y a la emisión decheques, algunos dirigidos al despacho de abogados de Ángel de Cabo, así como a otras sociedades relacionadas con Posibilitum.

Vaciamiento patrimonial

Por ello, el fiscal sostiene que se produjo una «distracción de dinero en perjuicio de los clientes que habían abonado las cantidades, pues lejos de realizar las reservas o pagos a los mayoristas, las cantidades se ingresaron en una cuenta ajena a Viajes Marsans y desde allí se hicieron actos de disposición a favor de compañías de los propietarios» de la empresa.

«Los querellados actuaron con dolo», dado que lo hicieron con conocimiento de causa «modificando la operativa financiera» en su propio beneficio», dice la querella.

El fiscal les acusa de provocar el vaciamiento patrimonial de la empresa, en perjuicio de los acreedores de la compañía, cuyo concurso de acreedores lo tramita el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid.

El grupo Marsans está pendiente de liquidación y la juez del concurso tiene previsto dictar sobre la culpabilidad concursal de todos ellos el próximo mes.

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