Gumpert y equipoLa Audiencia Provincial de Madrid ha decretado el archivo definitivo de la denuncia presentada por la Comisión Electoral, a instancia de algunas candidaturas, contra la decana Sonia Gumpert y los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, por un posible delito de revelación de secretos en el transcurso del proceso electoral, celebrado hace un año.

El Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid estima, así, el recurso de apelación interpuesto por la decana contra el auto de 2 de abril de 2013 dictado por el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid y decreta el sobreseimiento libre de la causa “por no ser los hechos constitutivos de infracción penal”, de acuerdo con el artículo 637.2 LECr, según explica el Colegio a través de un comunicado de prensa.

Entre los imputados por la causa se encontraban el actual Vicedecano del Colegio, Manuel Valero, junto a diputados de la Junta como Ignacio Gordillo o Javier Fernando Íscar de Hoyos, así como la ex-tesorera del ICAM, Elena Ruiz de Angulo o el ex-secretario de la institución, Juan José Sánchez Puig, que dimitieron de su cargo hace algunos meses.

Por otra parte, el anterior decano del ICAM, Antonio Hernández Gil, presentó un recurso contencioso administrativo para esclarecer si hubo irregularidades en el proceso electoral, que todavía no ha sido resuelto. 

Larga noche electoral

El conflicto se originó una vez cerraron las urnas, el pasado 18 de diciembre, cuando algunos candidatos decidieron alertar a la mesa electoral del supuesto ilícito. Según explicaron varios candidatos, un grupo de jóvenes afines a la candidatura de Sonia Gumpert se había dedicado a controlar la evolución de los comicios desde la sala de votaciones con la ayuda de ordenadores portátiles. Su actividad consistía, presuntamente, en llamar a abogados que todavía no habían ido a votar ofreciéndoles un taxi para que pudieran llegar hasta el Palacio de Congresos.

La mesa electoral pidió a los implicados que abandonaran la sala pero numerosas personas presentes al acto impidieron su salida. Finalmente, la policia incautó los ordenadores. Siete candidaturas acordaron, a media noche, impugnar las elecciones por presunto fraude electoral debido a una supuesta violación de la normativa de protección de datos, así como por un supuesto ilícito provocado al hacer campaña durante la jornada de votaciones.

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